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EL DESACATO


                                                                                                                            Absalón Méndez Cegarra

Finaliza un año terrible y se anuncia uno nuevo que será peor. No hay, al parecer, esperanza de un tiempo mejor para los venezolanos. La concertación de intereses políticos, económicos y sociales, de lo  que se ha dado en llamar, polarización, no otra cosa que los acuerdos abiertos y subterráneos de una dirigencia política agotada, desgastada, sin reconocimiento social, sin credibilidad, sin arraigo y totalmente deslegitimada,  ha creado un cuadro de condiciones que hace imposible la convivencia social sana y pacífica de los venezolanos. Las frases trilladas de amor, paz, concordia, tranquilidad, diálogo  y otras no causan efecto alguno en la población, se nos presentan huecas, vacías, falsas, mentirosas. 
El gobierno, su partido oficial y las ramas del Poder Público que lo sostienen y dan base de sustentación, han encontrado una palabra para ignorar y  desconocer la voluntad popular representada y ejercida por la Asamblea Nacional y para violentar todo el ordenamiento jurídico de la República, encabezado por la Constitución de la República: El Desacato. 
Por desacato se entiende, jurídicamente, un acto de desobediencia, de desconocimiento de un acto emanado de un poder o funcionario superior por parte de un poder o funcionario de rango inferior. G.Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, lo define, así: “Irreverencia  con lo sagrado. Falta de respeto a los superiores. Estrictamente, dentro del Derecho Penal, el delito que se comete insultando, calumniando, injuriando o amenazando a una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas…La indicada constituye la forma común de desacatoen que puede  incurrir cualquiera, sea particular o funcionario público, al agraviar o amenazar a quien ejerza funciones públicas”. 
El TSJ, el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano se mantienen obstinadamente en un error al ignorar y desconocer al Poder Legislativo, pues, dicho Poder Legislativo no es un órgano constitucional inferior al resto de los Poderes Públicos, al contrario, al constituir la expresión genuina del pueblo soberano, es el poder público por excelencia. Los  órganos y ramas del Poder Público Nacional no pueden estar por encima de la voluntad popular, pues, bien señala la Carta Magna en su artículo 5, que: “La soberanía reside  intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. 
Ante esta clara y contundente disposición constitucional  ¿cómo puede admitirse que una rama del Poder Público que no emana de la voluntad popular, TSJ,  o, aun emanando de ella, tal es el caso del Poder Ejecutivo, disponga  que la Asamblea Nacional, no exista, no puede ejercer sus funciones, etc, porque se encuentra en desacato? 
La AN, los miembros que la integran, de un lado o del otro, deben ponerse sus pantalones largos y hacer valer su autoridad y atribuciones constitucionales. El funcionamiento de la AN durante el año 2016 ha sido sumamente curioso, precario. El oficialismo, su bancada lamentable, desconoce a la AN, pero, permanece en ella, interviene, vota, cobra sus dietas y viáticos, etc, en fin, la legitima con su presencia. El próximo 5 de enero la AN debe instalarse y hacer lo que debe hacer y no ha hecho. Cumplir y hacer cumplir con las atribuciones que la Constitución de la República le confiere. Lo que hemos visto y vivido hasta ahora los venezolanos es un juego perverso de gobierno y oposición, al parecer, la misma cosa. Para el gobierno, la AN, no existe; en consecuencia, quien está en desacato es el  Ejecutivo Nacional. El TSJ, no es un poder superior a la AN, al contrario, es un poder subordinado de quien le designa, precisamente,  la AN. Su integración y sus  decisiones son contrarias a las disposiciones constitucionales; por consiguiente, quien se mantiene en desacato al ordenamiento jurídico y a la AN, es el TSJ.   Ha llegado el momento de colocar las cosas en su  lugar. La AN debe cambiar de rumbo. Acercarse a sus electores. Confiar en ellos. Salir a la calle. Hacer, de verdad, un parlamentarismo de calle. Acompañar al pueblo sufrido de Venezuela en sus protestas y reclamos. Abandonar el hemiciclo y encabezar la lucha social llamando a la conformación de un gran movimiento social que supere el conformismo  de los partidos políticos. Ante esta actuación no  hay  desacato posible. Lo injusto  no obliga. 

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