Absalón Méndez Cegarra
Chávez, Maduro y Diosdado, tres
en uno, como dice el refrán popular, muy
gráfico por lo demás, “mataron el tigre y le tuvieron miedo al cuero”. La
Constitución del 99 era mucho pedir para un trío de dictarzuelos, prohijados
por el gobierno cubano, que sí sabe de engaños
y de llevar a la ruina y miseria a un pueblo entero.
La Constitución del 99 es resultado de una Asamblea Nacional
Constituyente, electa por la población total del país con edad para elegir y
ser elegida. Analizada, en su
profundidad, buena parte de sus normas reproducen normas de la Constitución
del 61, innecesariamente sustituida, así, como ésta es copia casi al carbón de la Constitución del año 1947, motivo por el
que no hubo necesidad de una Constituyente para ser sancionada, acto que
realizó el propio Congreso Nacional. La Constitución del 99, es una Carta Magna de avanzada, sobre todo, en
materia de participación popular en los asuntos públicos, organización social,
garantía y respeto de los derechos humanos, acorde a un Estado y sociedad de
nuestros días, por lo que no existe necesidad de reforma y, menos aún, pensar en una nueva Constitución. Los
problemas políticos que vive la sociedad nacional no derivan del contenido de
la Carta Fundamental, sino de su incumplimiento y violación por parte de los
que se consideran sus progenitores.
El punto de partida, en nuestra opinión, que ha dado origen a la
disparatada propuesta del Presidente de la República, ante la inminencia del
fin de su mandato, ha sido el triunfo del pueblo soberano en las elecciones del
6D, 2015, que permitió que una camada de
diputados no afectos al gobierno accediera al ejercicio de la función
legislativa, con lo cual, el gobierno,
no el Estado, perdió su brazo aprobatorio más importante; pero, la Constitución
se reivindicó y fortaleció como
el Pacto Social y Político que el Pueblo de Venezuela suscribió y refrendó, por
estar de acuerdo con él, el 15-12-1999. La nueva Asamblea Nacional, pensó,
ingenuamente, que el gobierno admitiría de buena gana su fracaso electoral y
gubernamental y se distrajo en asuntos de menor importancia, tiempo que
aprovechó el gobierno para montar su celada.
Las reglas del juego constitucionales estaban claras; pero, también estaba claro que el gobierno no
creía en ellas. Acto seguido, el Presidente y sus asesores, optaron por buscar
los atajos para evadir el cumplimiento de lo establecido constitucionalmente
hasta dar con el parto de los montes: una iniciativa-convocatoria a otra Asamblea Nacional Constituyente; ahora, Popular, Comunal y Originaria. Nada más y nada
menos. Pero, siempre, bajo la bandera del legado de Chávez: La Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, por lo que la iniciativa-convocatoria y
su resultado no será nunca una nueva Constitución, en sentido originario, fruto
del pueblo constituyente, originario, sino a lo sumo una reforma parcial de la
Constitución, que, siguiendo el ejemplo
dado por los Generales Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, quienes, acomodaticiamente, para permanecer en
el poder, reformaron la Constitución de 1901, en los años 1904; 1909; en el
años 1914, Gómez dicta un Estatuto Constitucional Provisorio- cualquier
parecido de este Estatuto con la Primera Enmienda de la Constitución de 1999 y
con la Constituyente de Maduro, es
pura casualidad- con este Estatuto
se reformó la Constitución de 1909; ese mismo
año, 1914, se sanciona la Constitución
de 1914; en 1922, se reforma esta Constitución para que la familia de
Gómez, se perpetúe en el poder; en 1925, se reforma, nuevamente, la
Constitución; e, igual ocurre, en los años 1928; 1929; y, 1931. Esta dinámica
constitucional, cuya motivación son las ansias de poder a como haya lugar, es lo que explica, que, desde el año 1811 hasta nuestros días,
206 años, el Estado venezolano haya sido “regido” por 27 Cartas Magnas, a razón de un poco más de 7
½ años de vigencia para cada
Constitución, lo que evidencia, a las claras,
la pretensión de aferrarse al poder de quienes nos han gobernado.
En estos días trágicos en los que
se invoca, falsamente, al Papa Francisco, conviene recordar palabras del Papa Pio XII, citadas por
Alfredo Viso Casado, 1990. Según el autor, para el Papa, “el criterio político para definir la realidad
o ficción de la democracia, reside en analizar la función y el juego que tiene
dentro de la comunidad política la representación pública o sea el Poder
Legislativo” Del irrespeto a la AN y violación de la Constitución vienen estos
tiempos tormentosos cuyo final es incierto.
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