Absalón Méndez Cegarra
El gobierno nacional ha entrado en
la etapa de mayor peligro: la desesperación. Un gobierno enloquecido y
desesperado es capaz de cualquier cosa. El gobierno de Venezuela no sabe qué
hacer ni qué decir. Como acción de última hora se inventó lo de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) y ahora está atrapado en la ciénaga de las
contradicciones. Carece de recursos de todo tipo y el arma que le servía de
algo: la mentira, el engaño, de tanto usarla, ya, no le sirve para nada, por lo
que ha tenido que recurrir a otros
procederes más viles todavía: la coacción, la amenaza, el chantaje.
La convocatoria a la ANC, sin
cumplir con la esencia de la misma, es decir, la consulta popular, ha
trastornado al Presidente y a sus seguidores. Es posible que la ANC se instale
sin saber para qué, pero, su funcionamiento, luce confuso. El Presidente hizo
la convocatoria y se ideó las bases comiciales. La caracterizó de originaria;
pero, sus mismos adeptos han dicho, públicamente, que no se trata de una
“nueva” Constitución, sino de un remozamiento de la actual, por lo que en
estricta doctrina constitucional, se trata de una Constitución derivada, para
lo cual no se requiere de una ANC, sino de
una reforma parcial, cuya atribución corresponde al Poder Legislativo.
El Presidente, igualmente, la calificó de plenipotenciaria, sin saber que
significa este término, pues, en lenguaje diplomático, es la investidura que un
Rey, Monarca o Jefe de Estado concede a una persona para que le represente ante
otro Estado con pleno poder y facultad
para tratar o decidir sobre cuestiones de interés nacional. Y, tal facultad, no la puede tener la ANC,
mientras esté vigente la Constitución de 1999. Se requiere que la ANC dicte la
nueva Carta Magna, para que la actual pierda su vigencia.
El Presidente, también, al igual
que lo hizo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez- cosa curiosa, el gobierno de Maduro, cada vez más se parece
a la dictadura de Pérez Jiménez, con la diferencia, nada salvable, que, Pérez Jiménez construyó, y, Maduro no hace más
que destruir- con la creación de su partido político el Frente Electoral
Independiente (FEI) y la iniciativa de sustituir las elecciones universales,
directas y secretas, por un plebiscito, llámese, ahora, ANC, en el que los empleados públicos están obligados a votar por su integración.
Las contradicciones no las agota
el Presidente con este llamado a la “paz” y al “diálogo”. Los candidatos a
constituyentes, la cúpula del PSUV, las han continuado. En el afán demagógico
de engañar incautos, publicitan que la Constitución será una especie de
quincalla, en la que se encontrará de todo, para todo los gustos, cada quien
estará representado. Pero, eso, sí, los empleados y funcionarios del Ministerio
Público serán destituidos el día que se
instale la ANC. Los empleados públicos deben concurrir a votar y quien no lo
haga será despedido, extensivo a la familia. Los beneficiarios de misiones
están obligados a votar, también, so pena de tener que devolver el beneficio al
gobierno, por traidores. Todo portador de la “tarjeta de la patria” o, a quienes
se les ofrezca con falsas promesas, es candidato obligado a votar. Todo en
ejercicio de la voluntad libremente
expresada.
Pero, quien se salió de sus
casillas y rompió el molde fue el aspirante a constituyente Ricardo Molina,
hasta ayer Ministro de Transporte y Tránsito Terrestre, quien dio a conocer al
mundo su ignorancia en materia de seguridad social. Este caballero de marras,
amenazó a los tres millones de pensionados por vejez, afiliados al IVSS, con
poner en peligro sus pensiones si no acuden a votar el 30 de julio, por la ANC.
La seguridad social ha sido reconocida como un derecho humano, de toda
persona, según el artículo 22 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, bajo los mismos términos, ha sido establecida en el artículo 86 de la
CRBV. Por consiguiente, las jubilaciones y pensiones no son dádivas que el
gobierno concede, son derechos que se adquieren y son exigibles, demandables.
El Estado está obligado a garantizar la efectividad de dicho derecho humano. En
el caso de las pensiones por vejez, discapacidad y sobrevivencia otorgadas por
el IVSS se trata de prestaciones pre-pagadas por los trabajadores y empleadores
afiliados al IVSS, no son prestaciones de gracia o graciosas. Para su
otorgamiento se requiere cumplir con requisitos de ley y una vez obtenidas son
irreversibles, vitalicias. Ni uno sólo de los jubilados y pensionados en
Venezuela debe prestarse a este vulgar
chantaje ni sentirse amenazado por nada. No, a la ANC.
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