Absalón Méndez Cegarra
Quién podía imaginar hace 18 años que la obra
cumbre de Hugo Chávez: su Constitución, calificada como la “mejor del mundo”, algo, se iba a desvanecer en manos de sus
seguidores a fuerza de no cumplimiento y vulneración.
La Constitución, le metió miedo al Chavismo-Madurismo. Le quedó
grande. La incapacidad y la insania
presidencial y la de la cuerda de
adulantes que le siguen, eunucos intelectuales, no lograron entender el texto
constitucional y, ante esta evidente realidad, mejor, ignorarla.
El librito azul que Chávez a diario sacaba
a relucir cada vez que no tenía nada importante que decir ni alegar, sólo para
impresionar; y, ahora, cual legado, lo
hace Maduro, contiene muchas disposiciones que no logran cabida en un gobierno totalitario y, además,
torpe e ignaro en asuntos de Estado y de gobierno. Para una dictadura, como la
de Maduro y sus seguidores, resulta
sumamente incómodo tener un pacto político, una Constitución, un ordenamiento
jurídico que pauta y regula la creación
y funcionamiento de “un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
Eso es palabrería hueca, discurso para público de galería. Productos para la
exportación a los fines de congraciarse con la comunidad internacional, un
simple baño de legalidad aparente. Una
Constitución de papel, ficticia, irreal. La verdadera. La que impone y aplica
los auténticos factores de poder: Cuba, China, Rusia, la cúpula militar y el
PSUV, es una cosa total y diametralmente distinta. ¿ Cómo el
totalitarismo-autoritarismo militar que nos mal gobierna en Venezuela, puede convivir y sentirse bien con un
ordenamiento jurídico que le habla de soberanía popular; de participación
protagónica del pueblo; de organización social; libertad de asociación; derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar pacíficamente; libertad de expresión; independencia de las ramas del Poder Público
Nacional; descentralización; poder local; “gobierno democrático, participativo,
electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos
revocables”; respeto a la vida; a la propiedad privada; y, lo más cumbre, respeto a los derechos humanos, además, con
normas que regulan su goce y ejercicio y atribuyen jerarquía supra-constitucional,
cuando se trata de tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por
la República, como sucede con instrumentos tan importantes como la Carta de la
OEA, de la ONU, de la OMS, de la OIT, Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Declaración Americana de Derechos Humanos, Declaración sobre los
Derechos del Niño, Carta Interamericana de Derechos Humanos y cientos de instrumentos jurídicos
internacionales que incorporados al derecho Interno forman parte de él y son de
obligatorio cumplimiento por los órganos del Poder Público? Imposible. Eso es mucho pedir.
Desde hace muchos años atrás,
siendo corredactores del artículo 86 del texto constitucional, hoy, moribundo,
y, de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS, 2002), nos
preguntábamos sobre la razón o el motivo por el cual el gobierno de Chávez-Maduro no ponían en
marcha, en vigencia plena, el Sistema de Seguridad Social prometido y
garantizado por el Estado. Hemos encontrado, afortunadamente, la respuesta.
Simplemente, porque nunca creyeron en
él, así como jamás creyeron en
la cantidad de mentiras que llevaron a la Constitución de 1999. Un
Sistema de Seguridad Social como el propuesto constitucional y legalmente requiere de voluntad política para llevarlo a
cabo, de un gobierno serio, responsable, inteligente y técnicamente capaz. Y,
el gobierno que hemos tenido es todo
menos que eso. Igual a lo ocurrido con la Seguridad Social, derecho humano
fundamental, ha sucedido con todos los demás derechos y garantías establecidas
en la Constitución, así como con los procesos
fundamentales para lograr los fines del Estado: la educación y el trabajo. Por eso hay que deslastrarse de ese peso
muerto que ha resultado ser para los herederos de Chávez, su legado: la
Constitución de la República de 1999.
Maduro, en discurso desesperado,
contradictorio, sin fundamento legal alguno, sin viabilidad de ningún tipo, sin
cordura, ha lanzado un trapo rojo para tratar de frenar el rechazo popular a su
persona y forma de gobernar. Es posible que logre su propósito a sangre y fuego, más no, por la vía popular
y electoral. Mientras tanto, ha sembrado
el caos, la anarquía y la autarquía,
pues, no hay Estado, ni instituciones.
No hay ni ley ni orden. Maduro, como el barbarazo, ha acabado con todo.
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