Absalón Méndez Cegarra
El título del presente artículo
lo hemos tomado en préstamo de la letra de una canción hermosa, interpretada
por el cantante español José Luis
Perales: “Le llamaban loca”. Y, el asunto viene al caso, ante la serie de
cuestionamientos, críticas y repudios que el gobierno nacional y el PSUV vienen
haciendo a la ciudadana Fiscal General de la República, por haber cometido el
gravísimo delito de cumplir con su deber establecido en la Constitución
y la Ley.
En un país donde lo normal es no
cumplir con lo que pauta el ordenamiento
jurídico, cumplir con dicho ordenamiento,
luce excepcional, extraordinario. Llama la atención. Es,
sencillamente, intolerable.
En Venezuela, según la
Constitución de la República (CRBV), el Ministerio Público forma parte del Poder Ciudadano. Junto con la
Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, integra el llamado “Consejo Moral
Republicano”, remembranza del Poder Moral propuesto por Simón Bolívar, en su
célebre Proyecto de Constitución, expuesto ante el Congreso celebrado en
Angostura en el año 1819. El Ministerio Público está a cargo de un funcionario
designado por la Asamblea Nacional denominado Fiscal General de la República,
para un período de siete años. No es un cargo de elección popular sino de
designación para un período de duración determinado. Y, para ser titular de
dicho cargo, se requiere cumplir con
“las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia”.
El Ministerio Público tiene el
monopolio de la acción penal; y, entre sus atribuciones, destaca: “Intentar las
acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil,
laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren
incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo de sus
funciones”.
Al parecer, los dirigentes del
PSUV y, el propio Presidente de la República, no han tenido tiempo de leer la
Constitución de la República, pues, de haberlo hecho, no estarían alarmados por
las acciones interpuestas por la Fiscal General de la República (FGR) en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ni por sus
declaraciones públicas, curiosamente, aunque no lo crean, orientadas a lavar la cara
a los ignaros magistrados del TSJ, al Presidente de la República y a la caterva
de seguidores con gríngolas y bozal de
arepa. La FGR no ha hecho nada distinto que cumplir con lo que le ordena la
Constitución y la Ley; pero, por supuesto, un gobierno acostumbrado a
transgredirlo todo se alarma cuando algún funcionario facultado para ello actúa para evitar el desenfreno que
puede dar al traste con la institucionalidad nacional.
La conducta gubernamental y de la
dirigencia y militancia del PSUV ante la actuación de la FGR , sometiéndola al
escarnio público, llamándola traidora y acusándola de actos irregulares realizados en el pasado, no benefician, en absoluto, a los
denunciantes de ocasión, al contrario, los descalifica de por vida, porque toda
persona en conocimiento de un hecho delictivo, realizado por quien sea, si omite la
denuncia correspondiente, se hace cómplice del mismo, es decir,
participa, en igualdad de condiciones, del acto delictivo y de su actor principal.
Bien le valdría al gobierno callar y dejar que la FGR actúe y cumpla con su
deber. Asunto de decencia pública.
Los voceros oficialistas han
llegado al extremo de la barbarie al calificar e insinuar que la FGR está
demente, que se ha enloquecido, que requiere de tratamiento psiquiátrico y, por
consiguiente, no se encuentra en capacidad mental para el ejercicio de sus
funciones, lo que amerita su renuncia o destitución. Un caso típico de uso del
mecanismo de defensa proyectivo. Los
discapacitados mentales son ellos; pero, mejor, proyectar y colocar la insania en
la FGR.
A la FGR la acompaña, hoy, el
país entero. Ella, es, en la actualidad, un rayo de luz en la noche oscura de
Venezuela. Al contrario de lo que se piensa, ella, debe vencer, contra todo
riesgo, su timidez y proceder como la ley manda a solicitar el enjuiciamiento
de quienes han roto el hilo constitucional y cometido tal cúmulo de
delitos contra la “independencia y
seguridad de la nación”.
La FGR no está loca. “Estuvo loca
ayer”, por amor a una causa en la que creyó fielmente al estimar que estaba
acompañando la construcción de un proyecto de país en el cual
reinara la moral pública, la igualdad de oportunidades, el mejoramiento
de la calidad de vida de todos los habitantes del territorio, la honestidad y la decencia administrativa.
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