Absalón Méndez Cegarra
En Venezuela la disidencia a las políticas
gubernamentales, ganar elecciones limpiamente para ocupar cargos públicos y la
lucha social ha sido tipificado por el PSUV-gobierno como delitos,
consecuencialmente, castigado con privación de libertad, torturas, vejámenes y
humillaciones, desapariciones e, inclusive, la muerte, en síntesis, negación de
fundamentales derechos humanos. Pero,
las acciones delictivas del gobierno
tales como llamar a
concentraciones en cualquier momento, impedir la libre circulación de la población,
trasladar personas de un lugar a otro haciendo uso de dinero y bienes públicos,
armar a la población civil, crear
milicias para que opriman a la gente que protesta por la falta de alimentos y
medicinas e incitar a la comisión de actos violentos y manifestaciones de
resentimiento social y odio, allanamiento de moradas y residencias
particulares, campus universitario, sede de los poderes públicos, entre otras
manifestaciones y acciones, no son punibles ni imputables. Gozan de total
autorización e impunidad.
Alfredo Ramos, entre otros
dirigentes políticos nacionales, está pagando con cárcel el precio de la lucha
social. Alfredo, es otra víctima más del régimen para acabar con la disidencia. Conocimos
a Alfredo Ramos hace tiempo, cuando desempeñaba labores sindicales en el campo de
las telecomunicaciones y despuntaba como líder político en la escuela matancera
creada por Alfredo Maneiro. Como militante activo de la Causa R, lo
encontramos, tiempo después, ejerciendo labores parlamentarias en la Comisión
Permanente de Desarrollo Social del Congreso de la República, luego, Asamblea
Nacional, impulsando leyes de carácter social protectoras de los derechos de
los trabajadores, de los adultos mayores y población en general. En el ejercicio de estas labores parlamentarias, junto con Víctor Moreno, se nos requirió
integrar una comisión para la reforma de la seguridad social en el país. Esta
comisión, produjo, en nuestra modesta opinión, el mejor anteproyecto de ley
realizado en la nación para garantizar la
seguridad social de la población total, sin discriminación de ninguna
naturaleza: “Anteproyecto de Ley del Sistema de los Seguros Sociales”. Este
anteproyecto, de haber sido convertido
en Ley de la República, y, ésta, aplicada correctamente, hubiese cambiado total
y radicalmente la situación de la protección social de los habitantes del
territorio de la República. Alfredo Ramos, durante otro ejercicio parlamentario, requirió,
nuevamente, nuestra colaboración técnica, para propiciar una ley que brindara
atención integral a las personas consideradas “adultas mayores”. Advertimos, en
su oportunidad, que dichas leyes, ya,
existían, pero, no se aplicaban, eran letra muerta: Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social (LOSSS, 2002) y Ley de Servicios Sociales (2005) reguladora del Régimen Prestacional de
Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, ambas leyes
de extraordinaria importancia, que de aplicarse debidamente, negaría por completo la oferta gubernamental y
asambleística de “constitucionalizar las misiones”, pues, las mismas están
constitucionalizadas y, la asistencia
social, es, hoy, en Venezuela, un derecho, no, una dádiva gubernamental que integra el derecho a la seguridad social
que tiene toda persona (artículo 86 de la CRBV); sin embargo, acompañamos a
Alfredo y a Andrés Velásquez en la elaboración de dos anteproyectos de ley.
Uno, de reforma parcial de la LOSSS, para incluir en ella la “Pensión Mínima
Vital y Universal”; y, otro, de reforma parcial de la Ley de Servicios
Sociales, para incluir en ella la transformación de las asignaciones económicas
en pensiones (Pensión Mínima Vital) de carácter no contributivo o asistencial,
para poner fin a la demagogia gubernamental con las pensiones. Otro sueño legislativo
frustrado de Alfredo y su lucha social
por el bienestar de los venezolanos.
Alfredo, amigo, a quien
expresamos todo el apoyo y solidaridad, pues, conocemos su sensibilidad social
y preocupación por los desvalidos de Venezuela, además, su inocencia por los delitos que le imputan, deja
el parlamentarismo y, opta, por la Alcaldía del Municipio Iribarren,
Barquisimeto, Estado Lara, su tierra natal, por considerar que un cargo más
gerencial y operativo, le acercan a su
gente y puede hacer más por el bienestar de
ella. Parece mentira, pero, esta acción social, como la de todo mártir por la justicia social y el bien
común, le mantienen en la cárcel gracias a un gobierno que se hace llamar revolucionario.
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