Absalón Méndez Cegarra
Hoy, domingo 16 de julio del año
2017, los venezolanos daremos un paso gigantesco enrumbado hacia la liberación
de la nación de las fuerzas que la oprimen desde hace 18 años. El pueblo venezolano, de manera
civilizada y pacífica, dirá basta a un régimen totalitario que ha drenado las
bases de nuestro carácter nacional, erosionado por completo la economía de la
nación, trastocado el gentilicio venezolano y entregado la soberanía nacional a
potencias y no potencias extranjeras, hipotecando el futuro de la nación con
una deuda comprometida en condiciones ilegales y nada transparentes, la cual
sólo ha servido para el enriquecimiento indebido de la cúpula en el poder y su
entorno.
El pueblo venezolano, en plan de
resistencia civil y pacífica, actuando más allá de intereses sectarios, ha
decidido participar en una consulta popular promovida por la Asamblea Nacional, único Poder
Publico depositario de la soberanía en los términos como lo establece el
artículo 5 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La razón de la consulta no es otra que el cierre por
parte del gobierno y de la cúpula del
PSUV de todas las vías que la
Constitución y el ordenamiento jurídico venezolano han creado para que el
pueblo participe activa y protagónicamente en los asuntos del mayor interés
social.
Lo que nos sucede a los
venezolanos parece algo inconcebible en un Estado y Sociedad modernas. En
Venezuela, la mayoría de sus habitantes, libra una dura batalla contra una
cúpula que se ha apoderado del poder político y lo utiliza para subyugar y
someter al pueblo, engañarlo, vejarlo y humillarlo, curiosamente, en nombre del
pueblo, su igualdad y libertad. Los venezolanos luchamos para que el
gobierno cumpla la Constitución y las leyes, para que
la noción de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia
sea una realidad auténtica, reinen los
fines esenciales del Estado y la educación y el trabajo sean los procesos fundamentales
para lograr esos fines (arts. 2 y 3 de
la CRBV). Los venezolanos pedimos al gobierno solo su obligación: cumplir la
Constitución y la Ley. Por lo que resulta inexplicable la reacción
gubernamental de impedir, mediante el uso de las armas y la más cruel
represión, que las personas manifiesten su opinión y den a conocer a sus gobernantes su forma de pensar y sus exigencias. Las elites que se encuentran al frente del Estado venezolano,
al cual denominamos Democrático y Social de Derecho y de Justicia,
en el que el principio de la legalidad
es la norma suprema, o, mejor, la
empalizada que la sociedad le ha creado al Estado para su actuación, han optado por
desoír al pueblo, castigarlo y oponerle, curiosamente, la no aplicación del ordenamiento jurídico y la
propuesta de sustituirlo por un traje a la medida, conforme a sus particulares intereses. Es
decir, estamos en presencia de un gobierno que se niega a cumplir con la ley,
por lo que se coloca al margen de la legalidad, dando fundamento para que el
pueblo invoque su única arma que tiene: la defensa de su Constitución (art.333
de la CRBV) y el desconocimiento a un
régimen que contraría los valores, principios y garantías democráticos o
menoscabe los derechos humanos (art.350. CRBV).
La consulta popular que se
celebra este domingo tiene su sustento
constitucional en el artículo 62, el cual
señala que los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en los
asuntos públicos, en consecuencia, se trata de una forma de participación
ciudadana, sin efectos jurídicos y sin grandes formalidades; pero, con un
efecto político de gran importancia, pues, el pueblo de Venezuela hará una
inmensa manifestación de querer vivir en paz y civilizadamente, dentro de un
orden democrático establecido y querido por los venezolanos. La concurrencia masiva servirá de efecto
demostración de una voluntad política de cambio y de nada servirá la decisión
del CNE de convocar, para el mismo día, el simulacro de una elección, esta, sí, inconstitucional, interesada, excluyente y
sectaria, con miras a boicotear la consulta popular, que, perfectamente, puede sintetizarse en una pregunta, sugerida por algunos sectores
políticos, la del rechazo a la convocatoria a elegir una Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual
esta consulta popular sustituye la omisión del Presidente de la República, es decir, la
aplicación del artículo 347 de la CRBV, esto para el caso que el Presidente
considere que la Constitución de 1999 es
obsoleta y no sirve para regular la organización del Estado y la convivencia de
los venezolanos.
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