JAUA: LEGISLADOR Y JUEZ PENAL

  

                                                                                                                                         Absalón Méndez Cegarra 

  

Elías Jaua,  Diputado, Protector de Miranda, ex de casi todos los cargos públicos y alto dirigente del PSUV, se ha revelado, ahora, como legislador y juez penal, siguiendo el ejemplo de sus superiores. 

Jaua, en recientes declaraciones, siendo sociólogo de profesión, dictó cátedra jurídica estableciendo que el “cacerolear”a un funcionario cualquiera, incluyendo al Presidente de la República, es un delito y debe ser penado con privación de libertad, por cuanto no se trata de un acto de protesta popular sino de una manifestación de odio, la  cual debe ser sancionada severamente. 

La tesis jauariana es sumamente interesante. La tipificación de una conducta como delictiva es producto de una reacción social, no personal, ni voluntarista. Es la sociedad, históricamente, la que considera, por diversas razones, las  diversas conductas de las personas que  se consideren y tipifiquen como delictivas, las cuales, clasificadas y graduadas por el legislador, dan lugar a sanciones. Por ejemplo, el Código Penal de Venezuela, clasifica la conducta de los venezolanos en delitos y faltas. Los delitos, a su vez, los clasifica, según la naturaleza del daño que produce socialmente.  Igualmente, las faltas, es decir, las transgresiones   menores, que causan poco daño social. Revisado el Código Penal de Venezuela, no aparece por ninguna parte, como  delito  o falta, que expresar descontento por  una acción de gobierno considerada contraria a los intereses nacionales y personales  sea motivo de condenatoria social que acarree privación de libertas; pero, como el gobernante tiene su propio código penal,  y, ya es costumbre en Venezuela que el Presidente de la República, Ministros y Altos Funcionarios, se comporten, al mismo tiempo, como legisladores y jueces, pues, son ellos los que tipifican la conducta de los venezolanos como delitos e imponen directamente sus sanciones. A fulano de tal, dice el Presidente, “me lo meten preso”. ¿Por qué? Porque yo quiero y punto. Así, transcurre la administración de justicia en Venezuela. 

Elías Jaua no es, ni puede ser, la excepción del actuar gubernamental venezolano; por consiguiente, al igual que lo hizo en el pasado la actual Ministra de Asuntos Penitenciarios, cualquier persona que lo mire mal, debe ser sancionado con la cárcel, la persecución política, el extrañamiento del país, inclusive, el desalojo arbitrario de su vivienda, como acaba de ocurrir con   una humilde mujer, con hijos pequeños,  desalojada de la  vivienda que adquirió debidamente; pero, que  el gobierno, entiende que es suya, porque la construyó Chávez  con dineros públicos, por un acto ilegal e inhumano de la persona llamada a garantizar la suprema felicidad, es decir, la mujer que ocupa la cartera de  Vice-Ministra de la Felicidad, como sí la felicidad es algo que se puede comprar y vender. Nos preguntamos. ¿Dónde han quedado los derechos de la mujer a una vida libre de violencia? Y, ¿la reacción del   activismo de las mujeres chavistas, tan dadas a defender, supuestamente, tales derechos, ante semejante atropello gubernamental? 

A Elías Jaua no le luce para nada su rol de legislador y juez penal y su conducta de buen e inocente ciudadano.  Quienes le conocemos de su pasantía por la Universidad Central de Venezuela, podemos dar fe que él era el jefe de los encapuchados que todos los jueves se instalaban en las puertas de entrada a la Universidad para impedir el libre tránsito de personas, incendiar bienes públicos y privados,  agredir y atacar con piedras, bombas incendiarias y armas de fuego a la policía y guardia nacional que se apostaba para garantizar el orden público. 

Fue, acaso, Jaua, preso, alguna vez, por la comisión de tales delitos, o, es que los mismos no eran tales, se trataba, simplemente,  de protestas pacíficas, cosas de muchachos. Lo expulsó o sancionó la UCV por la perturbación a diario del funcionamiento  de la Universidad. Pagó, con cárcel,  el vil asesinato del que fue víctima nuestra amiga y futura colega profesional Belinda Alvarez, a quien se le  truncó su vida y las esperanzas propias y la de su familia por luchar por un mundo mejor. ¿Qué diría Belinda, si viviera, del mundo mejor prometido y  construido por Elías Jaua,  inspirador de su  lucha social? Porque, la conducta de Jaua era, a todas luces,  una instigación al odio, a delinquir, a destruir bienes públicos y privados, a agredir a la fuerza pública, condenada y repudiada,  ayer, enaltecida, gratificada  y condecorada, hoy. 

Quienes gobiernan la Venezuela actual y lo vienen haciendo desde hace 17 años fueron líderes sindicales, políticos,  estudiantiles universitarios, guerrilleros rurales y urbanos, asaltantes de bancos, con varios muertos y heridos a cuestas, o, hijos de los mismos, a quienes, los venezolanos hemos tenido que pagar una  elevada y pesada factura por sus actos heroicos. Vienen a nuestra memoria los  apellidos  de ilustres y auténticos luchadores sociales, incorruptibles a toda prueba, camaradas, quienes ofrendaron su vida por una Venezuela mejor, no ésta, que  han construido sus descendientes y amigos. 

En una ocasión, señalamos  en un acto público gremial que el gobierno de Chávez era un gobierno de universitarios, debido a la gran cantidad de profesores y empleados universitarios que ocuparon durante su gobierno altas y decisivas  posiciones, en la actualidad, disminuidas.  Fuimos criticados y recriminados  fuertemente. Se diferenció entre Universidad y universitarios. La separación es válida. Pero  las instituciones las hacemos las personas. Existe una teoría administrativa que explica la relación que hay entre el órgano  institución y el órgano individual, personal. Las personas, los individuos, son quienes expresan la voluntad del órgano institucional, porque las instituciones, personas jurídicas morales, no hablan, no expresan su voluntad por boca propia, se requiere de personas naturales como Elías Jaua para dar a conocer lo que piensa el gobierno nacional en materia sancionatoria