Absalón Méndez Cegarra
El gobierno nacional se ha declarado abiertamente enemigo de
la población anciana, adulta mayor, tercera edad o vieja, como se le quiera
denominar, sin sentido peyorativo alguno, aunque lo niegue y diga lo contrario.
El gobierno, en su actuar contradictorio y falso, proclama a
los cuatro vientos, su amor por los ancianos y se fotografía abrazando
viejitas, inclusive, ha creado una
misión social llamada “Gran Misión en Amor Mayor Venezuela”, pensada para
procurar medios económicos de subsistencia para este sector de población
sometido a privaciones económicas, aunque, a decir verdad, esta misión es excluyente, pues, a ella no tiene acceso toda persona anciana sino la militancia del
PSUV, ahora, portadora del carnet de la patria. Por otra parte, se dictan
Decretos que flexibilizan considerablemente los regímenes de jubilaciones y
pensiones, para luego atentar contra los jubilados y pensionados, negándoles
posibilidades para mantener o mejorar su calidad de vida, como ocurre, por
ejemplo, con los profesores universitarios.
A raíz de la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN), electa el 6 de diciembre del año 2015, se propagó la
especie de la necesidad de una Ley cuyo
objeto o bien tutelado correspondiese a los adultos mayores, mediante el otorgamiento de un bono para
adquirir medicinas y alimentos debido a que el monto menguado de las pensiones
por vejez y de jubilación ha perdido
totalmente su poder adquisitivo, no permitiendo cubrir y atender las
necesidades básicas de estas personas.
El Proyecto de Ley en referencia fue aprobado en primera discusión
por todos los miembros integrantes de la AN. La aprobación en segunda
discusión, contó, sólo, con el voto
favorable de la mayoría parlamentaria opositora, no oficialista. La AN al
enviar la Ley sancionada al Presidente de la República para la promulgación
correspondiente, éste optó por remitirla
a su Sala Constitucional del TSJ para que dicha Sala dictaminara sobre la
constitucionalidad de la Ley, con una exposición de motivos, digna de ser leída
por toda la población anciana y no anciana, pues, en ella, el Presidente pone
de manifiesto su malquerencia con los ancianos del país. La Sala
Constitucional, no encontró visos de inconstitucionalidad en la Ley, pues, era imposible que los hallara, sería
absurdo pensar que garantizar bienestar
social a un ciudadano venezolano es inconstitucional; pero, sí,
halló, un vicio, la falta de provisión de recursos para asumir el gasto
fiscal derivado de la aplicación de la Ley, motivo por el que ordenó a la AN la
necesidad de una Ley de factibilidad financiera. Motivo suficiente para que la
Ley quedara sepultada. El gobierno, gracias, feliz y contento. Una estocada más
para la AN y, una agresión por mampuesto
a los ancianos.
Otra evidencia del maltrato que sufre el anciano en Venezuela
es el ataque despiadado y sistemático que el gobierno mantiene contra una
empresa de medicina pre-pagada de origen español, con raigambre en Colombia y
en otros países latinoamericanos. Única opción de aseguramiento privado en salud que admitía personas sin límite de edad, sin exclusión de enfermedades preexistentes y con cobertura
ilimitada. Esta empresa conformó un grupo importante de unidades dedicadas a la
prestación de servicios de salud: medicina ambulatoria, hospitalaria,
odontología, farmacia y oftalmología. La
empresa brindaba a sus usuarios una atención de calidad, por lo general, ancianos de las comunidades
españolas, colombianas, peruanas, personas jubiladas y pensionadas de la AN,
BCV, Gobernaciones y Alcaldías; pero, estos ancianos entraron en desgracia por
la única e inexplicable razón del sectarismo político y la
retaliación gubernamental que impide a
la empresa, a través de la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora, incrementar el monto de los
pre-pagos, ajustados al costo real de los servicios, según el índice de inflación que tenemos en
Venezuela. La empresa en referencia, para garantizar los insumos no existentes
en el país y brindar la atención a sus usuarios, debía importarlos de su casa
matriz lo que el gobierno entiende como contrabando, razón suficiente para
impedirlo. La empresa ante la imposibilidad de cubrir sus costos ha sido
desarticulada totalmente y está próxima a marcharse de Venezuela, dejando al
descubierto y sin protección a un número
importante de ancianos, quienes no tienen la culpa que un determinado apellido
aparezca en la nómina de accionistas de la Empresa. Así, trata, el gobierno nacional a los ancianos, que, falsamente, dice proteger, querer y amar.
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