ANSIAS DE PODER

                                                                

                                                                                                                          Absalón Méndez Cegarra

Chávez, Maduro y Diosdado, tres en uno,  como dice el refrán popular, muy gráfico por lo demás, “mataron el tigre y le tuvieron miedo al cuero”. La Constitución del 99 era mucho pedir para un trío de dictarzuelos, prohijados por el gobierno cubano, que sí sabe de engaños  y de llevar a la ruina y miseria a un pueblo entero.

La Constitución  del 99 es resultado de una Asamblea Nacional Constituyente, electa por la población total del país con edad para elegir y ser elegida. Analizada,  en su profundidad,  buena parte de sus  normas reproducen normas de la Constitución del 61, innecesariamente sustituida,  así, como ésta es copia  casi al carbón de  la Constitución del año 1947, motivo por el que no hubo necesidad de una Constituyente para ser sancionada, acto que realizó el propio Congreso Nacional. La Constitución del 99,  es una Carta Magna de avanzada, sobre todo, en materia de participación popular en los asuntos públicos, organización social, garantía y respeto de los derechos humanos, acorde a un Estado y sociedad de nuestros días, por lo que no existe necesidad de reforma y, menos aún,  pensar en una nueva Constitución. Los problemas políticos que vive la sociedad nacional no derivan del contenido de la Carta Fundamental, sino de su incumplimiento y violación por parte de los que se consideran sus progenitores.

El punto de partida,  en nuestra opinión, que ha dado origen a la disparatada propuesta del Presidente de la República, ante la inminencia del fin de su mandato, ha sido el triunfo del pueblo soberano en las elecciones del 6D, 2015,  que permitió que una camada de diputados no afectos al gobierno accediera al ejercicio de la función legislativa, con lo cual,  el gobierno, no el Estado, perdió su brazo aprobatorio más importante; pero, la  Constitución  se reivindicó y fortaleció  como el Pacto Social y Político que el Pueblo de Venezuela suscribió y refrendó, por estar de acuerdo con él, el 15-12-1999. La nueva Asamblea Nacional, pensó, ingenuamente, que el gobierno admitiría de buena gana su fracaso electoral y gubernamental y se distrajo en asuntos de menor importancia, tiempo que aprovechó el gobierno para montar su celada.  Las reglas del juego constitucionales estaban claras;  pero, también estaba claro que el gobierno no creía en ellas. Acto seguido, el Presidente y sus asesores, optaron por buscar los atajos para evadir el cumplimiento de lo establecido constitucionalmente hasta dar con el parto de los montes: una iniciativa-convocatoria a otra  Asamblea Nacional Constituyente; ahora,  Popular, Comunal y Originaria. Nada más y nada menos. Pero, siempre, bajo la bandera del legado de Chávez: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que la iniciativa-convocatoria y su resultado no será nunca una nueva Constitución, en sentido originario, fruto del pueblo constituyente, originario, sino a lo sumo una reforma parcial de la Constitución,  que, siguiendo el ejemplo dado por los Generales Cipriano Castro y  Juan Vicente Gómez,  quienes, acomodaticiamente, para permanecer en el poder, reformaron la Constitución de 1901, en los años 1904; 1909; en el años 1914, Gómez dicta un Estatuto Constitucional Provisorio- cualquier parecido de este Estatuto  con la  Primera Enmienda de la Constitución de 1999 y con la Constituyente de Maduro,  es pura  casualidad- con este Estatuto se  reformó la Constitución de 1909; ese mismo año,  1914, se sanciona la Constitución de 1914; en 1922, se reforma esta Constitución para que la familia de Gómez,  se perpetúe en el poder;  en 1925, se reforma, nuevamente, la Constitución; e, igual ocurre, en los años 1928; 1929; y, 1931. Esta dinámica constitucional, cuya motivación son las ansias de poder a como haya lugar,  es lo que explica,  que, desde el año 1811 hasta nuestros días, 206 años,  el Estado venezolano   haya sido “regido” por  27 Cartas Magnas, a razón de un poco más de 7 ½  años de vigencia para cada Constitución, lo que evidencia, a las claras,  la pretensión de aferrarse al poder de quienes nos han gobernado.

En estos días trágicos en los que se invoca, falsamente, al Papa Francisco, conviene recordar  palabras del Papa Pio XII, citadas por Alfredo Viso Casado, 1990. Según  el  autor, para el Papa,  “el criterio político para definir la realidad o ficción de la democracia, reside en analizar la función y el juego que tiene dentro de la comunidad política la representación pública o sea el Poder Legislativo” Del irrespeto a la AN y violación de la Constitución vienen estos tiempos tormentosos cuyo final es incierto.