El ambiente nacional es de desasosiego. Nadie, salvo, los amparados por el poder, vive tranquilo en Venezuela. Cada día esperamos que suceda algo, para bien o para mal. El malestar reina por todos lados.
Un hecho, posiblemente, sin precedentes en el país, es la prohibición del libre tránsito por el territorio nacional.
El artículo 50 de la CRBV establece, que:” Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”.
Con sobrada razón la gente común y corriente dice que “el papel lo aguanta todo”. Es verdad, en Venezuela la Constitución y la ley son poemas que inspiran el delirio. Especie de sueño no realizable. Al leer el texto del artículo 50 constitucional y confrontarlo con la realidad que se vive en la Venezuela actual, necesario concluir que la Constitución y la ley no regulan nada, ni sirven para nada.
Las ciudades de Venezuela se han convertido, después de la jornada electoral del 28j, en un teatro de operaciones, en un campo de guerra, minado de funcionarios policiales y militares por todas partes. Cada 50 o 100 metros, durante el día o la noche, los ciudadanos tropiezan con una alcabala, con vías tomadas por los cuerpos policiales, con vehículos a granel impidiendo el libre tránsito. Cuerpos policiales, reservados para otros fines, tal es el caso del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminológicas, extinta PTJ, órgano auxiliar del Ministerio Público y de la Administración de Justicia, es, ahora, un cuerpo represivo y de control del orden público.
Venezuela está convertida en una gran cárcel y los venezolanos en general estamos privados de libertad sin causa alguna que lo justifique. Por el camino que vamos Venezuela tendrá que romper relaciones con todos los países del mundo, excepción hecha de Rusia, China, Turquía, Cuba y Nicaragua, los aliados de ocasión o los” chulos” del siglo XXI, por cuanto ningún país democrático del mundo puede reconocer a un gobierno producto de una usurpación y de un gigantesco fraude electoral. Un gobierno ilegal e ilegítimo.
El gobierno, contrario a lo que reza la Constitución, no solo prohíbe el libre tránsito, sino que impide la salida y entrada de los venezolanos a su patria de origen, anula pasaportes, dificulta su obtención, prohíbe vuelos internacionales, extraña a venezolanos, usurpa y violenta territorios extranjeros, como ha sucedido recientemente con la embajada de España en Caracas y la Argentina. Declara la guerra a España, rememorando, al igual que México, lo sucedido hace quinientos años, una ridiculez subida de tono. Por las redes sociales se conoce de militares vociferando agresiones y ataques contra España, pues, ahora, España es enemiga de Venezuela y, nosotros, le declaramos la guerra. Los vamos a sacar, dicen los babiecas militares, como lo hizo Simón Bolívar hace más de doscientos años.
Por otra parte, la obstaculización del libre tránsito no es gratuita. Ésta se hace acompañar de la consabida matraca y del psico-terror. Los policías amedrentan a la ciudadanía, revisan carros y pertenencias y teléfonos, algunas personas pudientes han optado por comprar un nuevo teléfono para salir a las calles, que permita, solo, entradas y salidas de llamadas, porque cualquier cosa que no le guste al funcionario al revisar el teléfono, es motivo suficiente para ser detenido y acusado de terrorismo.
Lo que nos sucede no debería sorprendernos, pues, el gobierno nacional, lo anticipó oportunamente, antes de los comicios presidenciales del 28j.El candidato- presidente, dijo, en varias oportunidades que no entregaría el poder ni por las buenas, ni por las malas. Que, de ganar las elecciones la oposición, correría la sangre y se configuraría una guerra civil. Todo lo afirmado se está cumpliendo fielmente. La guerra civil no está planteada, aun, cuando está siendo provocada abiertamente, porque los venezolanos somos gente pacífica, dispuestos a resolver los conflictos civilizadamente; y, porque en nuestro ánimo no está el armarnos para ir a una guerra fratricida, como lo fue la guerra de independencia. Los afines al gobierno, por vocación o por imposición, son tan venezolanos y hermanos como los desafectos al gobierno. De ahí, la invitación a no inmolarnos por una causa sin razón. Defender al gobierno carece de sentido. Es defender a una cúpula podrida y corrupta. Que ha utilizado el poder para el enriquecimiento personal y familiar, que ha desintegrado la sociedad nacional y destruido el país en todos sus ámbitos.
Policías y militares deben regresar a sus cuartele. Dejar de atormentar a los venezolanos que obligados por las circunstancias debemos movilizarnos por el territorio nacional, movilización que implica detenernos varias veces para atender los caprichos de un policía o guardia nacional que pareciera radiografiar a los conductores para determinar a quién puede matraquear o no.
El ejemplo más importante es el de los transportistas que trasladan mercancías perecederas y no perecederas. Ellos, tienen que traer en su equipaje otro tanto de mercancía para ser repartida entre los policías y guardias nacionales que instalan alcabalas donde se les ocurre. Los costos de esos “regalos” obligados recaen sobre el consumidor final. Todo ocurre bajo la miranda complaciente y cómplice de las autoridades superiores, pues, en Venezuela, el robo y la corrupción son compartidos.
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