Absalón Méndez Cegarra
Venezuela ha vivido momentos estelares que han marcado hitos en el evolucionar de la seguridad social, entendida como modalidad de protección social para la población. Excluyendo, el tema de la jubilación (pensión por retiro) para los militares, cuyos antecedentes son más lejanos, la de los empleados civiles al servicio del Estado, tiene como punto de partida, según algunos autores, la Ley del 9 de mayo de 1842, aunque, otros tratadistas, ubican este punto, en la Ley del año 1925.
Lo que podemos entender por seguridad social en Venezuela, en la actualidad, es el conjunto de instituciones encabezado por el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, la red pública y privada de servicios médico – asistenciales, la enorme cantidad de regímenes jubilatorios existentes en el sector público, algunas medidas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo y una red de servicios sociales.
Venezuela dispone de una legislación constitucional, legal y reglamentaria de avanzada en materia de seguridad social; pero, la misma carece de aplicación y efectividad, por lo que entre nosotros está negado el hablar de Sistema de Seguridad Social.
La institucionalidad a la cual hemos hecho referencia ha estado condenada a desaparecer en tres momentos, que se corresponden con el segundo mandato de los presidentes Carlos Andrés Pérez (1989 – 1993), Rafael Caldera (1994 – 1998) y, con el primer mandato de Hugo Chávez (1999 – 2004). Durante los gobiernos citados estuvo en la agenda política y pública una propuesta de reforma de la seguridad social. El primer momento, podemos caracterizarlo como el de una propuesta de modernización – reestructuración de 17 instituciones identificadas bajo el título genérico de protección social, lo que el doctor Carmelo Mesa-Lago denomina reformas no estructurales; el segundo momento, con una tendencia a la privatización – mercantilización de la seguridad social (reformas estructurales), lo que se aprecia con la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral (LOSSSI, 1997); y, el tercer momento, con el predominio de una tendencia estatizadora y publicista de la seguridad social, revelada en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) y en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS, 2002).
Los venezolanos, en el año que transcurre, posiblemente, asistiremos a un evento comicial para elegir a un nuevo Jefe de Estado o presidente de la República, previsto para el próximo 28 de julio.
Como es costumbre en tiempos electorales, se dejan escuchar ofertas, promesas y propósitos de continuidad o cambio.
Nos interesan, por ahora, aquellas propuestas que refieren a la seguridad social. Del continuismo no se espera nada alentador. El presidente – candidato ha dicho al país y al mundo entero que Venezuela tiene el mejor sistema de seguridad social de la región latinoamericana y caribeña. Solo a una mente febril se le puede ocurrir semejante barbaridad. Venezuela es el país más atrasado en cuanto a seguridad social se refiere. La extensa cobertura pensional (más de 5.5 millones de pensionados por vejez) no es suficiente para abordar el tema de la seguridad social. Hay que pensar en la suficiencia del monto de la pensión por vejez (130 bolívares mensual, equivalente a 3.5 dólares) y de otros beneficios para que los
pensionados puedan atender adecuadamente a la satisfacción de sus necesidades biológicas y sociales, tal es el caso de su alimentación, cuidados médico-asistenciales, vivienda y uso del tiempo libre, entre otros aspectos.
De las propuestas de cambio, de las cuales participamos y mostramos adherencia, conocidas hasta este momento, surge una enorme preocupación, pues, pareciera que proponemos retornar a la experiencia reformadora de la seguridad social chilena y latinoamericana de la década de los años 80 y siguientes del siglo pasado y, la venezolana de 1997, sin atender a todo lo sucedido en seguridad social en América Latina y el mundo desde el año 1980 hasta la actualidad.
Circulan por las redes sociales dos (2) documentos de particular interés que ameritan un estudio y análisis profundo: “Salud Integral y de calidad para todos” y “revalorización del trabajo” El tiempo de la demagogia y saltos al vacío deben finalizar en Venezuela. No podemos salir de una crisis para entrar en otra.
El continuismo “revolucionario” se negó, así mismo, teniendo todo a su favor, a poner en marcha el Sistema de Seguridad Social ideado en la Constitución y desarrollado con amplitud en la LOSSS. No tiene nada que ofrecer y prometer. Demagogia y populismo clientelar puro.
El cambio, contrariamente, tiene mucho que prometer y hacer. El problema no es legislativo. Tenemos una de las mejores Cartas Políticas de mundo en cuanto a derechos sociales se refiere y una legislación en seguridad social, igualmente, moderna y avanzada. Lo que no ha existido es voluntad política y presión social para poner en marcha y cumplir con lo establecido legalmente.
Plantear la separación de la salud de la seguridad social es un absurdo. La CRBV y la LOSSS establecen que el Sistema de Salud está integrado al Sistema de Seguridad Social, con lo cual hablamos de un aseguramiento en salud a cargo del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). Lo importante es determinar qué es asegurable (atención médica y odontológica, ambulatoria y hospitalaria) y, qué, no es asegurable (promoción y prevención en salud). En el SPNS no debe haber exclusiones en la gestión - administración del plan.
En el documento “revalorización del trabajo” no encontramos más que una propuesta de reforma pensional, totalmente afín a la venezolana de 1997, a contracorriente de lo que viene sucediendo en pensiones en países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, así como en países europeos Francia, Italia, España, entre otros.
En el documento en referencia no se advierte un ápice de análisis crítico sobre el acontecer pensional latinoamericano de inspiración chilena. Los regímenes pensionales de perfil exclusivamente privatizador están siendo condenados en todas partes del mundo, debido a que las expectativas que despertaron en su momento no han sido logradas, luego de más de 40 años de su implementación.
Venezuela necesita un cambio en cuanto a los regímenes jubilatorios y pensionales, pero, el prometido con fines electorales, no es la solución.
Comentarios
Publicar un comentario