Absalon Méndez Cegarra
En varias ocasiones hemos afirmado que Venezuela es un laboratorio de experimentación política. Uno de esos experimentos es el ocurrido el 28j, día en el cual se dieron las elecciones para elegir un nuevo presidente de la República, para el período constitucional 2025-2031.
Yuval Noah Harari, en la introducción a su libro: “21 lecciones para el siglo XXI”, advierte, que: “En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. En teoría, cualquiera puede intervenir en el debate acerca del futuro de la humanidad, pero es muy difícil mantener una visión clara”.
Una visión clara del acontecer político en Venezuela es lo que todos los venezolanos deseamos tener en esta hora aciaga de la República. Pensamos que hay instancias, como el Foro Jurídico, que pueden ser un faro de luz que oriente el camino y haga claridad.
Sobre ese experimento, fallido o no, al parecer, nadie lo sabe, se ha derramado, ya, bastante tinta, impresa o no, nacional e internacionalmente. Cada venezolano, cada institución, cada país de la comunidad internacional, tiene una opinión formada, correcta o incorrecta, pues, hasta ahora, no existe nada que permita, con certeza, sustentar tal opinión. A falta de información oficial del Poder Electoral todo ha quedado sujeto a la especulación, a los dimes y diretes que corren por las redes sociales, a las cuales se les amenaza de desaparición, al igual que ocurre con los escasos medios escritos, radiofónicos y televisivos. El teléfono, medio de comunicación, se ha convertido de la noche a la mañana en un elemento subversivo, perseguido, por ayudar a mantener informada a la población, lo cual califica como insurreccional y, por consiguiente, estar incurso en los delititos típicos en Venezuela: terrorismo e instigación al odio.
Sí desaparece el teléfono no habrá forma de comunicación posible en Venezuela. El gobierno dará las instrucciones sobre las aplicaciones permitidas y las no permitidas. El nuevo entretenimiento de los venezolanos es borrar cuanto mensaje llegue al teléfono, en previsión de una exigencia policial o militar de querer revisar el teléfono, y, en caso de hallar un mensaje post electoral o no del gusto del funcionario, ser aprehendido, privado de libertad y acusado de terrorista.
El pueblo de Venezuela tiene todo el derecho a manifestar pacíficamente y a expresar su opinión libremente sobre un hecho electoral que ha sembrado de dudas a la opinión pública nacional e internacional. Los resultados de la contienda electoral no se conocen oficial y fielmente. El ente electoral no ha presentado las actas de escrutinio; y, sin embargo, dio como ganador a un candidato, casualmente, al candidato - presidente, pero sin prueba fehaciente alguna; y, lo más curioso, es que se habla de un ataque cibernético (hackeo) al Poder Electoral; pero, de acuerdo a lo expresado con anterioridad por el oficialismo, el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo, el más seguro, blindado a toda prueba. Este ataque, atribuido a la oposición, pues, si tal especie es cierta, la oposición es bien torpe, atacó al sistema electoral para dar como ganador a otro candidato. Esta mentira no la cree nadie, ni siquiera sus propios autores. Por otra parte, nadie entiende el por qué el candidato que resultó triunfante en escrutinio hecho por el CNE, en un sistema atacado cibernéticamente, no activo, acude a la Sala Electoral de TSJ, en solicitud de algo inexplicable, por cuanto el único acto electoral susceptible de anulación, producido oficialmente por el CNE, es el de la proclamación como candidato ganador, credencial incluida; es decir, que el ganador acude a
solicitar la anulación de la declaratoria como ganador, algo insólito, imposible de entender. Yo, ganador, pongo en duda que he ganado, lo probaré, no ahora, porque no tengo como hacerlo, lo haré, cuando el CNE, liberado del ataque cibernético, pueda presentar las actas de escrutinio, sin importar el momento.
La población venezolana desde el domingo 28j ha entrado en un letargo. En una borrachera tremenda. En una noche larga y negra. En un mar de incertidumbre. En una espera preocupante. Venezuela, no volverá a ser la misma. Ha perdido la fe y la esperanza en todas sus instituciones. Todas y cada una de ellas se han hecho ilegítimas. Carentes de credibilidad. Retomar la normalidad, si tal cosa es posible, tardará mucho tiempo, salvo que se imponga la verdad de lo sucedido electoralmente y se reconozca el triunfo de EGU, no otro, que el del pueblo venezolano y, el candidato – presidente utilice el tiempo que le resta de ejercicio constitucional, para establecer un proceso de transición en paz y tranquilidad, digno de un pueblo como el venezolano, quien, estoicamente, ha soportado todo tipo de atropello, incluso el de la ocupación por fuerzas externas invasoras.
Venezuela, en sus mejores momentos, se dotó de una institucionalidad propia de las sociedades modernas y encomendó a ellas, constitucional y legalmente, la contribución a la solución de los problemas nacionales, en el caso de las universidades nacionales, y la asesoría y orientación esclarecedora a la sociedad y poderes públicos, en el caso de los gremios profesionales, academias y corporaciones nacionales.
Comúnmente se habla de Foro Jurídico para referirse al papel que la sociedad les ha asignado a los juristas, hombre de leyes, a los abogados, magistrados, jueces, gremios de abogados, sociedades científicas, academias, escuelas de Derecho, profesores de Derecho, etc. Los integrantes de este Foro están obligados por ley y juramento profesional a cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes de la República. Además, están llamados a ejercer una función ductora en la sociedad en asuntos de su competencia.
Resulta extraño, por decir, lo menos, la actitud asumida por el Foro Jurídico de Venezuela, al guardar silencio absoluto sobre un problema nacional electoral que requiere y amerita de un análisis profundo, exhaustivo, ponderado, objetivo, no parcializado, cierto, creíble, de lo acontecido en Venezuela el 28j, antes y después. Lo sucedido electoralmente en Venezuela puede entenderse como un asunto meramente político. No es así. El evento electoral tiene implicaciones diversas y, una de ellas, posiblemente, la más importante, es la jurídica.
Un gran servicio le prestaría el Foro Jurídico a la sociedad venezolana si encomendara a un equipo de juristas y abogados, pertenecientes, por ejemplo, a la Academia de Ciencias Políticas, Federación de Colegios de Abogados y Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales, la realización de un análisis de la situación electoral venezolana que pusiera freno a tantos opinadores de oficio e improvisados que lejos de formar opinión la distorsionan, especulando sobre cualquier cosa. Este es un deber institucional. Omitir opinión jurídica les compromete. El país lo reclama para bien de la paz y tranquilidad ciudadana. Estar ausente es complicidad y deslegitimaría por completo al Foro Jurídico. Es la hora de la verdad.
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