El gobierno nacional pereciera no tener salida en el mundo de las universidades nacionales, dotadas, por mandato expreso de la Ley de Universidades y, ahora, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de autonomía y, por tanto, facultadas para darse sus propias formas de gobierno.
En el año 2009, la Asamblea Nacional sanciona la Ley Orgánica de Educación, la cual entra en vigor con su promulgación por el Ejecutivo y publicación en Gaceta Oficial. En dicha Ley, se estatuye un concepto de comunidad universitaria muy distinto al de la Ley de Universidades y al establecido constitucionalmente. Acto seguido, el legislador nacional en cumplimiento de la Ley recién sancionada, debía regular por Ley la educación universitaria; pero, desde ayer hasta hoy, el legislador, se ha mostrado omiso y negligente en la redacción y sanción de una nueva Ley de Universidades o de Educación Universitaria. Esta omisión legislativa premeditada ha causado grandes males a la educación superior en el país, en particular, a las universidades que, por comodidad, llamamos autónomas, al punto que las mismas han sido destrozadas, reducidas a la nada, sobreviven porque los profesores, empleados y obreros, las financian en todos los sentidos.
El actuar negligente del legislador dio paso a la actuación de los órganos jurisdiccionales para contribuir, con su parte, en el deterioro progresivo de las universidades. En el año 2011, en momentos que vencía el período de gestión de los Decanos electos en la UCV, en el año 2008, y se requería de nuevas elecciones, un grupo de profesores, empleados, obreros y estudiantes, interponen por ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, un recurso contencioso electoral acompañados de medidas cautelaras, con petición de suspensión de las elecciones que, en el caso de la UCV, se contaba con un cronograma electoral contentivo de todos los eventos electorales previstos. La Sala Electoral declara con lugar el petitorio y ordena suspender las elecciones hasta tanto no se elabore y apruebe un Reglamento Electoral que considere e incorpore la noción legal de comunidad universitaria.
A partir del año 2011 se suceden una gran cantidad de hechos judiciales mediante los cuales se establecen lapsos para que la reglamentación electoral tenga lugar y, tanto el gobierno nacional como el gobierno universitario se dan por desentendidos, lo que prolonga, mediante interinatos y encargadurías, la gestión de las autoridades universitarias de la UCV y de otras universidades por 15 años y más, sin que nadie reparase en tamaña irregularidad, tiempo que utilizó el gobierno nacional para vaciar de contenido administrativo a las universidades y dejar sin efecto, definitivamente, la cacareada autonomía universitaria.
Ante un cascarón vacío, con pleno control gubernamental, se accede mediante conversaciones previas a permitir elecciones de autoridades en la UCV en abierta violación a Ley Orgánica de Educación y de todas las decisiones judiciales que habían impedido la realización de elecciones desde el año 2011. Algo nunca visto. Todos los obstáculos legales y judiciales se salvan con la aprobación, por parte del Consejo Universitario de la UCV, de un Reglamento Electoral Transitorio, suerte de burla y engaño para quienes pedían participación igualitaria en los procesos electorales universitarios, mezcolanza de viejas y nuevas disposiciones electorales, destinada a morir a los 15 días de la toma de posesión de las nuevas autoridades rectorales, decanales y de representantes profesorales al cogobierno universitario.
Hoy, la UCV, ha nombrado una nueva la Comisión Electoral, integrada por profesores muy calificados, garantía de seriedad y pulcritud; pero, la Comisión y la Universidad, carecen de un ordenamiento jurídico que regule los procesos electorales. El Reglamento Transitorio quedó sin efecto; el Reglamento de Elecciones Universitarias igual; y, los organismos electorales previstos en la Ley de Universidades: Asambleas de Facultad y Claustro Universitario, fueron desaplicados por mandato del TSJ. Estamos ante un barco a la deriva y nadie repara en ello.
El proceso electoral de la UCV fue seguido con mucho interés por las demás universidades del país, inclusive, comisiones electorales de otras universidades se hicieron presentes como observadores electorales. La UCV, bien o mal, había abierto las compuertas para retomar los procesos electorales universitarios y, por consiguiente, no había obstáculo o impedimento alguno para que las demás universidades siguieran el ejemplo dado por la UCV. Vana ilusión.
La Ilustre Universidad de Carabobo se dispuso de inmediato a organizar su proceso eleccionario, procedió a elaborar, también, su Reglamento Electoral Transitorio y a establecer el cronograma de eventos electorales, repitiendo con ligaras modificaciones la experiencia electoral ucevista. Pero, al momento de inscripción de las distintas candidaturas, se hizo presente el martillo judicial y, mediante la declaración con lugar de un recurso contencioso electoral, solicitado por profesores y empleados, la Sala Electoral del TSJ, al igual que lo hizo en el año 2011, procede a suspender las elecciones en la Universidad de Carabobo. Previamente, había anulado las elecciones gremiales.
Según parece la argumentación de la Sala Electoral del TSJ para declarar con lugar el recurso interpuesto, es la misma utilizada en el 2011, es decir, violación de la Ley Orgánica de Educación, en lo que respecta a los padrones electorales constitutivos del ente electoral denominado Comunidad Universitaria, ahora, en condiciones de igualdad participativa. Si, tal especie es cierta, ¿cómo se permitió realizar elecciones en la UCV con un adefesio reglamentario, igualmente violatorio de la Ley y de sentencias judiciales, y se prohíbe y suspende la realización de elecciones en las restantes universidades?
El gobierno nacional y las instancias judiciales están quedando muy mal en el mundo universitario, cosa que les importa nada, pues, están acostumbrados a que cada vez que haya elecciones, si no le son favorables, las obstaculizar por cualquier motivo, real o imaginario.
El índice de abstención electoral en la UCV fue muy alto, más, aún, si se considera el padrón electoral de los egresados, pero, lo llamativo fue la abstención electoral de empleados y obreros, lo que evidencia que la búsqueda no era participar sino obstruir los procesos electorales universitarios. Este año, 2024, tiene que ser año de renovación de la gerencia universitaria, para ver sí las universidades nacionales salen a flote, por aquel decir popular que reza: “escoba nueva, barre bien”.
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