Absalón Méndez Cegarra.
No es usual abordar el tema de la precarización como una forma intencional de gobierno en procura de incrementar el control social de la población. El término precarización es de uso común para referirse a determinadas condiciones laborales, por ejemplo, la precarización salarial. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha acuñado el término” empleo decente, estrategia para superar la pobreza”, para referirse a las condiciones mínimas que debe reunir un empleo o actividad laboral remunerada, como medio que permita a los trabajadores alcanzar los recursos necesarios para llevar una vida digna.Para la OIT, un trabajo decente es aquel que presenta las características siguientes: estabilidad en el empleo, bien remunerado y protegido por la seguridad social. Todo empleo que no cumpla con estos requisitos mínimos es un empleo precario.
En Venezuela, ninguno de estos caracteres está presente en las relaciones laborales. El empleo, público y privado, aún con disposiciones legales que garantizan la estabilidad laboral y prohíben la inestabilidad o movilidad laboral, está sujeto a una libre movilidad y fluctuación. El salario, ha dejado de ser la contraprestación que recibe legalmente el trabajador por un servicio personal prestado a un empleador, para convertirse en una limosna, acompañada de otras limosnas denominadas bonos, carentes totalmente de efectos salariales, muy alejado de la norma constitucional que establece, que: “El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derechos…)” (artículo 87 CRBV). Y, en cuanto al salario, el artículo 91 constitucional, establece, que: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (…)” Y, lo más asombroso en el medio laboral venezolano es lo referente a la protección social de los trabajadores. Protección que debe garantizarse mediante la creación y puesta en marcha de un sistema y regímenes de seguridad social. El trabajador venezolano no está protegido por la seguridad social porque la misma es inexistente, por tal, tenemos, en el país, algunos programas o formas de ayuda de carácter netamente asistencial (misiones), pues, regímenes como el de los seguros sociales y de jubilaciones y pensiones han sido totalmente desmantelados y precarizados en términos de cobertura y suficiencia de las prestaciones dinerarias, en especie y servicio. La convención colectiva, otrora instrumento fundamental en cuanto a prestaciones sociales, ha perdido total significación e importancia. En Venezuela, no se puede hablar de trabajo decente, sino de trabajo precario.
Isabell Lorey, en un libro pequeño de tamaño, grande en contenido, con título por demás sugestivo: “Estado de Inseguridad. Gobernar la Precariedad” (Edición Traficantes de sueños, Madrid, 2016), nos advierte sobre como la precarización de la vida no es un hecho casual, por el contrario, es intencional, premeditado. El estado de precariedad social es una forma de gobierno mediante la cual el poder se garantiza el control social y la subordinación-dominación de la población. A los pueblos se les puede dominar por el estómago. El hambre puede ser causa de rebelión, pero, lo más frecuente es que lo sea de sumisión, resignación y obediencia. Los pueblos oprimidos por el poder, por lo general, son pueblos hambrientos.
Señala Lorey, en la introducción del libro, lo siguiente: “La precarización significa más que puestos de trabajo inseguros, más que una cobertura social insuficiente dependiente del trabajo asalariado. En tanto que incertidumbre y exposición al peligro, abarca la totalidad de la existencia, los cuerpos, los modos de subjetivación. Es amenaza y constricción, al mismo tiempo que abre nuevas posibilidades de vida y trabajo. La precarización significa vivir con lo imprevisible, con la contingencia”. Precarizar la vida y la actividad laboral es crear condiciones de inseguridad.
Los gobiernos crean los estados de inseguridad porque mientras la población se mantenga en dichos estados de inseguridad resultará fácil su control y dominación. Venezuela es un caso típico de inseguridad. Y, el gobierno, la fomenta debido a que tal situación le permite gobernar. La inseguridad genera precariedad y la precariedad favorece la gobernabilidad; por consiguiente, generar inseguridad y precariedad es igual a crear condiciones que faciliten la gobernabilidad, debido a que el control social se facilita y se colocan trabas y obstáculos a la conflictividad social.
Hace tiempo “revolucionarios” venezolanos, altos funcionarios del gobierno lo dijeron abiertamente. Nosotros no tenemos interés alguno en acabar con la pobreza, ella es nuestra clientela; sí, a los pobres los sacamos de su situación miserable, precaria, se convertirán en “escuálidos”, es decir, en nuestros opositores.
La seguridad social es la respuesta a la inseguridad, razón por la que la OIT llama la atención respecto a la importancia que tiene proteger el trabajo y al trabajador. La seguridad social es cuestionada en diversos contextos debido a que ésta lucha contra la inseguridad, contra la pobreza y contra la precariedad de la vida y del trabajo, factores que favorecen el “arte de gobernar”. “El arte de gobernar consiste por regla general en “conducir conductas”, en actuar sobre el comportamiento de otros mediante su individualización”. Esto explica, en buena medida, el populismo de los gobiernos totalitarios como el nuestro. El populismo no hace más que crear una clientela electoral seguidora ciega de quien precariza su vida y su actividad laboral. El populismo es una forma de gobernar, de influir en las personas a partir de la insatisfacción de sus necesidades, la insatisfacción es caldo de cultivo para el control social.
Lorey, identifica tres dimensiones de lo precario: “la condición precaria, la precariedad y la precarización como gubernamentalidad”. “La condición precaria designa (…) una dimensión socio-ontológica de la vida y de los cuerpos (…)”. “La precariedad, ha de entenderse como una categoría ordenadora que designa los efectos políticos, sociales y jurídicos de una condición precaria generalizada”. (…) la precarización como gubernamentalidad no solo significa incertidumbre en el trabajo remunerado, sino precisamente incertidumbre en el modo de vida y por ende en los cuerpos y en los modos de subjetivación”.
Un espejo para visualizar lo que significa precarizar la vida y el trabajo lo tenemos en el país en las universidades públicas nacionales. La docencia e investigación universitaria se han convertido en actividades precarias, lo que explica la pasividad de los miembros de las comunidades universitarias y su control social.
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