Absalón Méndez Cegarra.
Las autoridades universitarias electas en el mes de junio del año pasado han recibido una Universidad Central de Venezuela (UCV) en precarias condiciones. Una gestión rectoral prolongada por tres quinquenios fue vaciando de contenido autonómico a la institución. La estructura administrativa y funcional fue perdiendo perfil y a las dificultades presupuestarias que impedían un funcionamiento normal se le sumó la pandemia que obligó casi al cierre total de la institución, lesiones sufridas de las cuales le ha costado recuperarse.
La elección de autoridades rectorales y decanales que el gobierno nacional permitió hacer en la UCV y que niega, inexplicablemente, al resto de las universidades nacionales, significó y significa, para ser optimistas, una esperanza, una luz en un camino sumamente oscuro y tortuoso.
En la campaña electoral se revelaron muchas cosas que entusiasmaron a una comunidad universitaria dormida; pero, como suele ocurrir, una cosa son las promesas electorales y, otra, muy distinta, su ejecución y cumplimiento.
Nos sumamos a quienes pensaron que en la UCV se iniciaría una gestión colocando muchas cosas en orden y priorizando todo aquello que ata de manos a la universidad y su gerencia e impide su normal funcionamiento. Sabemos lo difícil que le ha resultado al nuevo equipo rectoral y decanal limpiar la casa y hacerla brillar con luz propia.
Nos acercamos al primer año de una gestión rectoral y decanal pautada para cuatro y tres años respectivamente. El Consejo Universitario (CU), máximo órgano de dirección universitaria acordó, a finales del año 2023, declarar a la UCV en una suerte de reorganización académica que denominó “actualización curricular”. Estimamos, respetuosamente, que la decisión no estuvo bien pensada, ni acompañada de un verdadero y objetivo diagnóstico institucional. En nuestra modesta opinión, lo prioritario en la UCV, no es el tema de la revisión de las carreras universitarias, su pertinencia o no, los planes de estudios y su actualización, el cierre de carreras, creación de nuevas con salidas intermedias, etc. Conocemos de escuelas en la UCV que llevan más de 20 años intentando cambios en el plan de estudios y, hasta ahora, no lo han logrado, lo que revela que tal aspecto de la vida universitaria no es lo prioritario para el momento. De los diseños curriculares actuales, sin pensar que son perfectos y no susceptibles a cambios profundos, han venido egresando profesionales con una alta calidad académica.
La UCV tiene dolencias más importantes que requieren de atención e intervención urgente, entre ellas, la ausencia de personal docente y de investigación de relevo, personal administrativo y obrero y el establecimiento de condiciones generales de trabajo que magnifiquen y dignifiquen la labor docente y de investigación universitaria. ¿Para que sirve una universidad, vamos a llamarla por comodidad moderna, si no tenemos profesores ni condiciones de trabajo aparejadas con la modernidad?
A nuestra manera de ver las cosas, el énfasis en la nueva gestión universitaria, a riesgo de equivocarnos, debe ser colocado en el gobierno universitario. La UCV, presenta desde antaño, una organización feudal, con 11 feudos. Los señores feudales están representados por decanos y Consejos de Facultad. El verdadero gobierno universitario se ejerce en las Facultades, no, en el Consejo Universitario (CU), este último es un organismo colegiado, integrado por 25 miembros; pero, de este número, 11, son decanos, casi la mayoría, sólo le faltan dos votos para imponer su dominio, situación que da a los decanos un poder casi absoluto en un CU que concentra todos los poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y contralor. A esto se suma, que, a diferencia de los otros miembros del CU, los decanos están organizados en un “núcleo de decanos”, órgano que no existe en la legislación universitaria, lo que los lleva a actuar y decidir en bloque, violentando todo el ordenamiento jurídico universitario.
En los Consejos de Facultad, en los últimos tiempos, se vienen cometiendo muchas irregularidades, entre ellas, obstáculos para el ascenso de los profesores, intervenciones de cátedras y departamentos, destitución injustificada de jefes de cátedras y departamentos, cambios en la programación académica de cátedras y departamentos, interferencias en el ejercicio de la libertad de cátedra, usurpación de las funciones docentes tales como los ejercicios de evaluación, irrespeto a los méritos académicos y su sustitución por el amiguismo o la cancelación de facturas electorales, desestimación de los asuntos académicos, atrasos indebidos, falta de atención a las denuncias y reclamaciones de los miembros de la comunidad universitaria y muchas más, todo, consecuencia del irrespeto que se tiene de las normas externas e internas que regulan la vida universitaria. Por eso extraña que la prioridad no se haya colocado en la redacción urgente de una nueva Ley de Universidades y una revisión a fondo de la reglamentación universitaria que dé firmeza y solidez a un gobierno universitario de nuevo tipo.
Comentarios
Publicar un comentario