PRIVATIZAR LA SALUD ES CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

    PRIVATIZAR LA SALUD ES CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

 Absalón Méndez Cegarra

La salud, mejor dicho, la recuperación de la salud, cuando se pierde como consecuencia de una enfermedad o accidente, bien sea de tipo común o laboral, está considerada universalmente como un derecho humano y social fundamental. En Venezuela, este derecho, tiene rango constitucional (artículo 83 de la CRBV) y forma parte del derecho a la vida; por consiguiente, violar este derecho es condenar a muerte a la persona sufriente de la enfermedad o accidente, lo cual significa una política de exterminio y el exterminio de personas está considerado por el Estatuto de Roma, un delito de lesa humanidad.

La salud es un bien preciado. Toda persona tiene derecho a que se le garantice su estado de salud y se le recupere cuando ésta se quebranta.

El artículo 83 de la CRBV,  al cual hemos hecho referencia, señala y establece, que: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa (…)”.

La protección y defensa de la salud, como todos los derechos, es un derecho – deber; pero, el Estado, supuestamente el representante de la nación, es el obligado legalmente a garantizar la efectividad de ese derecho. Este derecho tiene su desarrollo en el artículo 84 constitucional, en el cual se establece, que: “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad (…)”

Nunca una norma jurídica había reunido en su contenido tantas mentiras, falsedades y manifestaciones demagógicas, como la copiada textualmente, artículo 84 constitucional. Veamos, una a una, las disposiciones constitucionales, distinguiendo la norma fundante: servicio público nacional de salud, las características y los principios.

Venezuela, fue uno de los países de América Latina que, gracias al maná petrolero, logró construir una red importante de instituciones de salud: dispensarios rurales, medicaturas, unidades sanitarias, hospitales tipo I, II, III y hospitales de referencia nacional, como es el caso de los hospitales universitarios de Caracas, de Los Andes y del Zulia. Esta red institucional fue creada bajo una concepción preventiva y promocional de la salud y, en menor cuantía, la concepción curativista. La salud como un bien público, lo que dio lugar a un amplio desarrollo del sanitarismo venezolano, el cual erradicó un gran número de factores causantes de la enfermedad que, ampliado con el asistencialismo en lo social, logró sacar a la población de cuadros diversos de enfermedad, pobreza y miseria y hacer vivible el territorio nacional.

Logrados los objetivos del sanitarismo, las políticas de salud se orientaron hacia el curativismo, dando nacimiento a las grandes instituciones hospitalarias.  El gigantismo curativo fue dejando a un lado a la salud pública y a la red de atención primaria. De las cenizas de esta red se alimentó la medicina privada y el territorio nacional se llenó de consultorios, clínicas, laboratorios y hospitales privados, a tal punto que el número de camas en servicios privados de salud supera al número de camas públicas, en caso de estar funcionales.

La salud en Venezuela está privatizada y negada a la mayoría de la población por dos factores fundamentales.

Primero: El abandono y deterioro de lo que se conoce como el monopolio del sector público, es decir, las instituciones públicas de la salud, que dependen del erario público. De esta institucionalidad solo queda la infraestructura física, bastante deteriorada por lo demás, y la vocación de servicio del personal médico y para médico, con lo cual está acabando la migración debido a los míseros salarios que perciben los profesionales de la salud.  Fuera de esos dos aspectos no queda nada. El paciente que tiene la fortuna de ingresar a un hospital público se expone a vivir un mundo de miseria: camas en mal estado, alimentación de mala calidad, descuido, ausencia de medicinas, de laboratorio, de equipamiento para determinados exámenes, etc. Todo, absolutamente, todo debe ser aportado por el paciente y su familia. En Venezuela no existe Sistema Público Nacional de Salud y en el olvido han quedado las características de este sistema: intersectorial, descentralizado, participativo e integrado al sistema de seguridad social.  Como quiera que, tampoco, tenemos sistema de seguridad social, pues, no hay donde integrarse la salud pública. Y, en lo que respecta a los principios que animan al sistema público nacional de salud, al ser inexiste, quedan en el vacío las nociones de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. No hay salud gratuita, al contrario, es costosa.  Lo único que se ha universalizado es la miseria y la pobreza. El pobre no tiene acceso a la salud. Está condenado a muerte. No hay integralidad, menos equidad e integración social. Y, la solidaridad es un bien particular. Cada día se conoce por las redes los casos de profesores universitarios, maestros, profesionales de diversos tipos, personas en general, acudiendo a la limosna pública, a la caridad, a la solidaridad de familiares y amigos para atender problemas de salud.

Segundo: El desarrollo del otro componente del monopolio de la salud, es decir, el sector o subsector de la medicina privada, en estricto sentido. Este subsector, se vio beneficiado, en algún momento, por la política de aseguramiento privado, pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), derivada, básicamente, del auge logrado en Venezuela por la Contratación Colectiva; pero, en la actualidad, no hay póliza, por amplia que sea su cobertura, que soporte los elevados costos de la medicina privada. Varias compañías de seguro en Venezuela y el mundo estuvieron a punto de quebrar como consecuencia de la pandemia de Covid-19, situación que llevó al aseguramiento privado, a crear pólizas específicas para ese tipo de riesgos. Los servicios de medicina privada son muy importantes y necesarios, pero, deben enfocarse como complementarios a una política de salud pública.

El gobierno nacional comete delito de exterminio al exponer a la mayoría de la población a morir de mengua y a no ser atendida en caso de enfermedad o accidente por carecer de una institucionalidad pública en salud bien dotada, equipada, con personal profesional especializado y bien remunerado.