PODER POLICIAL DELINCUENTE
El gobierno nacional desde hace poco tiempo ha cambiado su carta de presentación. En un principio se identificó como “gobierno cívico - militar”, más militar que cívico; pero, esa identificación ha cambiado a “gobierno cívico – militar – policial”.
Los cambios no son casuales, son causales, obedecen a algún factor motivador del cambio. El cambio de identificación gubernamental se ha producido luego del fraude electoral del 28J, fraude, que, tal parece, no le ha gustado al partido de gobierno y al sector militar o, a buena, parte de este sector, toda vez que los militares, “Plan República” saben perfectamente que sucedió el 28J, evento electoral perdido totalmente por NMM, aplastante derrota, que el candidato - presidente, actuando como un “Juan Charrasqueado” cualquiera, arrebató con todo, en su afán de mantenerse en el poder a como dé lugar, por las buenas o por las malas.
Según se observa y algunas evidencias lo testimonian el gobierno no las tiene todas ganadas en el sector militar. Tiene a la cúpula militar a su favor, no, a las bases militares, las cuales están sufriendo las mismas calamidades o peores que el resto de la población. Sería bueno y necesario que una de las tantas encuestadoras que existen en el país, no parciales al gobierno, encuestara, por ejemplo, a los militares en situación de retiro e indagara en ellos y en sus familiares, sus condiciones generales de vida, el monto de la pensión de antigüedad o retiro y la situación en materia de seguridad social. Los militares de baja y media graduación lo han perdido todo. El único beneficiado es el generalato cómplice de un mal gobierno.
Ante la posible pérdida del apoyo del poder militar, el gobierno ha acudido a buscar apoyo en las policías, en los cuerpos de seguridad del Estado, en los uniformados y no uniformados, cambiándoles su función de garantizar la seguridad ciudadana o el apoyo técnico a la administración de justicia, como sucede con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), trocado, ahora, en un organismo represivo, al igual que la Policía Nacional, las Municipales y las de Tránsito.
Las policías, en general, se han convertido en el terror de la ciudadanía, desarrollan a diario tomas de cualquier sitio que se les ocurra, alcabalas en cada esquina, preferible a la salida de curvas y en sitios oscuros y descampados.
Pasar por lugares como la Redoma de Petare, es como pasar por un campo minado, desde el Hospital Pérez de León hasta la redoma de Petare, las policías muestran su juguetería armamentística de gran potencia y sus vehículos y motocicletas último modelo, cuya vida útil, pareciera no sobrepasar el año, pues, cada vez, con mayor frecuencia, es renovado su parque automotor.
El poder selectivo de los policías para la ya acostumbrada matraca o mordida, es increíble, pareciera que tienen una suerte de cronómetro o mecanismo de control, para mandar a parar cada cierto tiempo o cada cierto número de vehículos en circulación, cuyo conductor haya o no cometido infracción, para interrogarlo y solicitar la documentación. Las preguntas acostumbradas son: ¿Hacia dónde se dirige?, ¿A qué se dedica? ¿Dónde trabaja? Acto seguido, se inventan cualquier treta, por ejemplo, tiene vencido el certificado médico, la póliza de RCV, cruzó sin encender la luz de cruce, venía a alta velocidad, por poco me atropella, etc. Si el conductor está en regla, optan, por pedirle una colaboración para hacer una “vaquita”, si no lo está, viene el psico terror, le retienen indebidamente los documentos, piden que se le acompañe a tal parte para que la extorsión sea colectiva, consultan con el supervisor, hasta que el policía se anima a decir “como vamos a arreglar esto”, “si usted me ayuda, yo lo ayudo”. La multa es de tantas unidades tributarias y debe pagarla de inmediato, el vehículo queda detenido, se le suspende la licencia de conducir y usted debe asistir a un curso de formación de tres horas, medidas éstas totalmente ilegales, pues, la Ley de Tránsito Terrestre no contempla estas sanciones, ni la policía tiene atribuciones para aplicarlas.
Todos los conductores de vehículos deberían llevar en la guantera la Ley de Transporte Terrestre, para, que, al ser detenidos se defiendan, si tal cosa es posible, dándole a leer a los funcionarios policiales, el Título VII de la Ley, “De las Infracciones y Sanciones Administrativas y de la Responsabilidad de las Sanciones por Infracción”, en especial los artículos 169, 180, 181.
Los cuerpos policiales pareciesen haber sido formados todos en la escuela de delincuentes de Freddy Bernal, pues, están cortados por la misma medida.
Las policías tienen otro modus operandi cuando se trata de un conductor de vehículo. Le piden al conductor que no se baje del vehículo, que permanezca en él, baje o suba los vidrios según su colocación, derecha o izquierda, piden la documentación, al sacar el conductor la cartera, el policía ve si tiene dinero, en caso positivo, el policía mete la mano y se apodera del dinero, al igual que lo hacer con cualquier cosa de valor que se lleve en el vehículo. El conductor, para evitar males mayores, se queda callado, además, no hay donde acudir a denunciar el hecho, pues toda la jerarquía está involucrada. De la mordida come el grande, el mediano y el pequeño.
Los cuerpos policiales están convertidos en nuestro país en bandas delictivas, en asaltantes de caminos, en vulgares ladrones y atracadores, con licencia dada para ello por la alta jerarquía gubernamental, a cambio de dicha licencia para delinquir, deben brindar apoyo gubernamental, impedir cualquier manifestación contraria al gobierno y amedrentar a la población, impidiendo, inclusive, la libre movilización por el territorio nacional.
A diario se conoce de establecimientos comerciales que no aguantan la conducta desarrollada por los policías y, parte de la Guardia Nacional, y por los organismos municipales y nacionales de rentas, así como el de notarías, registros y organismos de identificación. Resulta imposible mantener un negocio o realizar un trámite legal cualquiera. El costo del servicio y la mordida son imposibles de financiar. Preferible cerrar el negocio que trabajar para el lucro policial. Todo ello, la conducta delincuencial de los cuerpos de seguridad y de los servicios públicos, determina una gran inseguridad jurídica. Es preferible ser atracado por un vulgar delincuente que por los cuerpos policiales. El primero no miente y, a veces, actúa con más decencia.
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