EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

  EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Absalón Méndez Cegarra

Venezuela es una nación prolífica en materia constitucional. Con la Constitución de 1999, vigente, pero no efectiva, Venezuela suma 26 Cartas Constitucionales. La primera de ellas, la de 1811, es la partida de nacimiento de la Venezuela republicana. Muchos de los textos no pueden considerarse Constituciones en sentido estricto, es decir, pactos político – sociales, originales o derivados, que establecen un modelo político y su organización, por cuanto son meras reformas de textos anteriores. En Venezuela es más correcto hablar de momentos constitucionales para referirnos a Cartas Políticas que dan lugar a modelos políticos.

Entre los principales momentos constitucionales de Venezuela podemos citar las Constituciones de 1811, 1819, 1821, 1830, 1862, 1936, 1947, 1961 y 1999. En ellas encontramos cambios significativos tales como la ruptura con el centralismo y el establecimiento del federalismo, un federalismo que no es tal, que se mantiene aún como mera formalidad; la incorporación de Venezuela a la Gran Colombia y, luego, su separación, para convertirse, nuevamente, en república independiente; la elección del presidente de la república mediante el voto directo y secreto; el establecimiento de la democracia representativa como sistema político; la instauración del constitucionalismo social y el reconocimientos de los derechos laborales, económicos, sociales, culturales y ambientales; y, finalmente, la declaración de Venezuela como un Estado “democrático y social de derecho y de justicia”.

Una Carta Política Fundamental es un contrato social (J.J. Rousseau) en el  que se establecen la relación de la Administración del Estado (Poder Político) con los particulares, ciudadanos, sociedad civil, de ahí que se le denomine pacto, aunque, propiamente, es una imposición de determinados actores políticos o “factores de poder”. El contrato social denominado Carta Política contiene o se organiza en dos grandes partes. Una, dogmática, en la que se esbozan los principios fundamentales que orientan la vida social y se establecen los fines del Estado y los derechos y deberes ciudadanos. Otra, orgánica, en la que se desarrolla la organización del Poder Público Nacional.

La Constitución de la República de Venezuela de 1999, impropiamente, denominada “bolivariana”, como si perteneciese a alguien en particular y no a la sociedad nacional, hecha Republica, “cosa pública”, fue impuesta por Hugo Chávez Frías, por lo tanto, ha podido denominarse “chavista”, en vez de “bolivariana”, y, así, se hubiese respetado la memoria de El Libertador Simón Bolívar. Esta Constitución puede ser considerada de avanzada, revolucionaria, si se quiere, y, en efecto, lo es, por su contenido garantista. Es una Constitución que en su Preámbulo establece la soberanía del pueblo, y la encarga de “(…) refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones, asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e individual de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”.

Una Carta Política que contenga un enunciado como el reproducido textualmente tiene que resultar incómoda a cualquier gobierno, más aún, a un gobierno totalitario, ilegal e ilegítimo como el venezolano, llegado al poder por caminos inconstitucionales, razón suficiente para que su inspirador: Hugo Chávez, haya querido reformarla y, en efecto, lo hizo, para perpetuarse en el poder, al igual que pretende hacerlo su sucesor: Nicolás Maduro Moros.

La Constitución de la República es un producto social, es obra humana no acabada y perfecta, es perfectible; pero, no en los términos que propone Nicolás Maduro y su camarilla en el poder.

El pasado 24 de abril, en el Auditorio Carlos Marx de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, tuvo lugar un acto convocado por distintas agrupaciones de la sociedad civil, al parecer, sin afiliación partidista, reseñado por La Razón, en su edición del domingo 27-4-2025, cuyo propósito explicito era y fue el de lanzar una campaña nacional en defensa de la Constitución, ante la pretensión de Nicolás Maduro de hacerla desaparecer.  La pretensión tiene sentido, porque el chavismo- madurismo, con la Constitución, “mató el tigre y le tuvo miedo al cuero”, como sabiamente dice el refrán popular.

La Constitución de 1999 no puede ser el marco regulatorio de un gobierno de facto, ni ayer ni hoy; y, por eso, se quiere reformar. La distancia que media entre la norma jurídica y la realidad política, económica y social de la nación, es abismal. Necesaria es su eliminación y sustitución por otra más ajustada a la realidad y querencia del poder en ejercicio. Lo establecido en el Preámbulo de la Constitución de 1999 es una requisitoria permanente para un gobierno que hace todo lo contrario de lo que preceptúa la Constitución. Mejor cortar por lo sano y acabar con ese estorbo. Preferible andar libre de equipaje.

La sociedad nacional está o debería estar consciente que la Constitución es una “simple hoja de papel”, inefectiva, incumplida y violada permanentemente; pero, ella contiene disposiciones muy importantes que deben ser defendidas.  Iniciativa a la cual nos sumamos. Un movimiento en defensa de la Constitución no puede contener en su seno un contrabando ideo – político que, al mismo tiempo, sea inconstitucional, como fue la posición de Gustavo Márquez, exministro de Chávez, en el acto en referencia, auspiciando, con argumentos baladíes, la asistencia a votar en la farsa electoral convocada por Maduro para el día 25M, evento electoral con el cual Maduro busca lavarse la cara y legitimarse en el poder. Acudir a votar el 25M es un acto de traición a la soberanía del pueblo venezolano, es burlarse una vez más del pueblo, es negociar con el hambre y miseria de la población.

Defender la Constitución es exigir su cumplimiento. Demandar el respeto a la voluntad popular. No defienden la Constitución quienes han sido cómplices y colaboradores de su sistemático incumplimiento.