MADURO, NO ES VENEZUELA
Absalón Méndez Cegarra
Los
venezolanos amantes de la paz y buena vecindad debemos decirle al mundo
y, muy especialmente, al pueblo hermano de Colombia, que, la conducta
asumida por el Jefe de Gobierno en Venezuela contra los nacionales
colombianos, habitantes en nuestro país, en la zona fronteriza del Norte
de Santander, o, en otros lugares del territorio nacional, no
representa, en lo más mínimo, el sentir de la gran mayoría de los
venezolanos, quienes, históricamente, hemos recibido con los brazos
abiertos a toda persona, que, por diversas razones, haya decidido hacer
de la patria de Bolívar su patria, su tierra adoptiva.
El
Presidente Nicolás Maduro, cuya legalidad y legitimidad como Jefe del
Estado venezolano es dudosa, no clarificada, todavía, y, lo más
importante, su propia nacionalidad es cuestionable, dado los requisitos
que la Constitución de la República de Venezuela establece para ser
Presidente de la República, situación en la que el gobierno de Colombia,
ayer, cómplice, hoy, podría revelar, para el bien de ambas naciones. El
Diputado por el Estado Táchira, Walter Márquez, producto de sus
indagaciones, ha demostrado, fehacientemente, que el actual Presidente
de Venezuela, es nacional de Colombia y, en el mejor de los casos, es
sujeto de doble nacionalidad, hecho, que, ha debido impedir, primero su
encargaduría de la Presidencia, y, segundo, su postulación como
candidato a la Presidencia de la República. Si tal denuncia es
infundada, es falsa, como lo afirman algunos conocedores del asunto,
deben los organismos venezolanos competentes: Poder Electoral y Poder
Judicial, clarificarlo debida y oportunamente, para la buena marcha de
las Instituciones; demostrar, por ejemplo, que el Presidente Chávez,
en el momento que Nicolás Maduro se encargó de la Presidencia, estaba
en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, con voluntad para
designar a persona alguna como su sustituto; caso contrario, debe,
igualmente, hacerse transparente, revelar la verdad verdadera, por
cuanto estaríamos en presencia, ante la deportación masiva de
colombianos y la agresión emprendida por el gobierno nacional contra el
pueblo y gobierno colombiano, que, ha llegado, inclusive al irrespeto
personal y el uso de calificativos no propios de las relaciones
internacionales y la atribución a personas de delitos sin prueba alguna,
como es costumbre de los gobernantes en nuestra sociedad, lo que
tipifica como delitos de Estado, delitos políticos de gran
significación. Para Colombia y los colombianos, la agresión y
declaratoria de guerra, o, simplemente, el consentimiento o
acompañamiento de la misma, por parte de sus nacionales, según su
Constitución Política, ver artículo 97 de la Constitución Política de
Colombia, es, un acto de traición a la patria. El colombiano, al igual
que los venezolanos, no pierde su nacionalidad, por el hecho de optar a
otra nacionalidad, lo que ha quedado establecido en el artículo 96 de la
Constitución de Colombia y en el artículo 34 de la Constitución de
Venezuela. Estos preceptos constitucionales no son de poca monta; pues,
si llegare en algún momento a certificarse legalmente la forma como
llegó al poder y la nacionalidad auténtica del Presidente de la
República de Venezuela, estaríamos en presencia de un doble delito, en
lo que corresponde a
Colombia, traición a la patria; y, en lo que
corresponde a Venezuela, la ocupación de un cargo sin cumplir con los
requisitos formales para su ejercicio y titularidad.
Las
anteriores consideraciones vienen al caso porque el Presidente Nicolás
Maduro hace ver a las naciones del mundo, para justificar su torpeza,
que la ofensiva contra los colombianos está plenamente justificada y es
un acto que representa la voluntad de los venezolanos. Maduro, no es
Venezuela. Lo sucedido en la frontera colombo-venezolana y la
declaratoria del “estado de excepción” es un manto para lograr fines
electorales mediante el despertar de un nacionalismo ridículo y para
encubrir la comisión de los delitos que se atribuyen a terceros cuando
son propios. Dos, son las acciones, supuestamente, cometidas por los
colombianos en la frontera, que justifican la acción bárbara
gubernamental: el contrabando y el paramilitarismo.
El
contrabando, es, un delito de fraude fiscal, en consecuencia, se trata
de tráfico de mercaderías sin cumplir con las formalidades de ley, por
tanto, tiene doble autoría, quien lo ejecuta y quien lo permite, como
ocurre con los actos de corrupción en el manejo de la Hacienda Pública.
La frontera colombo-venezolana cuenta con una aduana y dispone de
decenas de puntos de control. Si la mercancía que va de un lugar a otro,
sin cumplir las formalidades legales, es posible, el delito fiscal lo
realiza quien lo permite, en este caso, la Guardia Nacional Bolivariana y
demás autoridades aduanales de Venezuela. Pero, en caso del contrabando
de extracción que se realiza en la frontera con el combustible y
productos subsidiados, el principal y más importante contrabandista,
probado de mil maneras, es el personal de la Guardia Nacional. ¿Quién
puede pasar por la frontera una gandola cargada de combustible o un
camión cargado de arroz sin ser advertido por la Guardia Nacional?
¿Quién vende, en Venezuela, esa gran cantidad de producto? La Guardia
Nacional, al parecer, cuenta con licencia para todo. “La culpa no es
del ciego, sino de quien le da el garrote”, dice el refrán popular.
El
paramilitarismo. El gobierno cuestiona el paramilitarismo colombiano y
sus acciones; pero, no cuestiona las acciones de la FARC, ejército
irregular con actuación en Venezuela. El gobierno venezolano no es
sincero en esta lucha, por cuanto tan irregular es la formación del
paramilitarismo como del ejército guerrillero. Ahora bien, al gobierno
venezolano le resulta de un ridículo y cinismo subido de tono este
cuestionar el paramilitarismo colombiano. El gobierno de Venezuela es un
gobierno paramilitar. En la sociedad nacional se ha instaurado
prácticas irregulares permitidas y fortalecidas por el gobierno:
territorios de paz, colectivos armados, milicias populares, comunas,
patriotas cooperantes, etc, que actúan a plena luz del día, como
fuerzas de apoyo al gobierno nacional, amedrentando a la población,
asesinando efectivos policiales y militares, sembrando el terror, sin
que haya condena alguna por parte del gobierno. La acción de Maduro
contra los colombianos, es, propia, exclusiva, no representa el sentir
venezolano. Aunque la utilitaria OEA, diga otra cosa.
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