Seguridad Social para los
venezolanos
Absalón
Méndez Cegarra
Hace algunos años, en tiempos de luna de miel
gubernamental, el Dr. Ramón Martínez, para el momento, gobernador del Estado Sucre, nos requirió
una opinión sobre cómo debería ser
el sistema de seguridad social que amparase a los venezolanos. A
continuación expresamos esa opinión.
La seguridad
social constituye una de las grandes obras de la humanidad. Es la forma técnica
y científica de hacer efectivo el
derecho que tiene toda persona a ser protegido ante una serie de contingencias
de la vida diaria y laboral. Admite
diversidad de concepciones, modelos, sistemas y prácticas, según las
características de cada pueblo, potencialidad y rasgos distintivos de la formación económica y social. Dos
grandes modelos marcan la pauta en el establecimiento de la seguridad social en
los distintos países del mundo. El
modelo alemán o bismarkiano y el modelo inglés o beveriagno. El primero, coloca el acento en los seguros sociales, en
la protección de la fuerza de trabajo y
en el financiamiento contributivo directo. El segundo, propende a la
universalidad en la cobertura y el financiamiento fiscal. Resulta difícil
encontrar en la práctica estos modelos
en su forma pura; por lo general, tenemos modelos mixtos: seguristas y asistenciales; contributivos directos y no
contributivos directos; básicos o
principales y accesorios o complementarios; regímenes de administración
pública y regímenes de administración
privada o mixta; regímenes colectivistas y solidarios y regímenes
individualistas.
Venezuela, como
país, ha transitado diversos caminos. A partir del momento que en la Carta Magna de la República se consagró
para sus habitantes el derecho a la seguridad social (Constitución de 1947, artículo
52), lo que puede llamarse sistema de
seguridad social, no otra cosa que un archipiélago institucional sin orden ni control, es una mezcla de formas
protectivas seguristas y asistenciales,
en la que se observa ausencia de proporcionalidad entre la magnitud del gasto
social aplicado y los resultados obtenidos, motivo por el que la sociedad y el
Estado, como garante de la efectividad del derecho a la seguridad social,
mantienen una enorme deuda social que se manifiesta en los millones de personas
carentes de protección social, condenados a vivir en la miseria y la pobreza.
Un sistema de
seguridad social para Venezuela, garante de la protección social de sus
habitantes, debe ser moderno, confiable, seguro, integral, oportuno,
sustentable en el tiempo, contributivo, eficaz y eficiente, solidario, profundamente humano,
descentralizado, participativo y equilibrado financieramente. Debe cumplir
cabalmente con los tres grandes objetivos de la seguridad social; a saber:
recuperar el estado de salud de las personas cuando se pierde por cualquier
causa; recuperar los medios de vida
cuando se pierden por causas tales como la muerte del jefe de familia,
discapacidad, vejez, pérdida
involuntaria del empleo; y, lograr la reinserción laboral al mercado de
trabajo. El logro de estos objetivos requiere de un piso económico, es decir,
de un aparato productivo, de una economía sana, sólida, sustentable, capaz de generar los bienes y servicios que la población necesita para satisfacer sus necesidades y de
garantizar a la población económicamente
activa, trabajo decente,
protegido, bien remunerado, seguro y saludable.
El sistema de
seguridad social debe estar bajo la tutela, supervisión y control del Estado;
pero, no debe ser excluyente de formas protectivas en las que interviene el
sector privado; por consiguiente, en su administración y gestión debe admitir
la presencia de formas públicas,
privadas o mixtas; en el ámbito prestacional
y en la cuantía de las prestaciones es
necesario admitir un esquema de
prestaciones básicas y un esquema de prestaciones complementarias; en la
cobertura poblacional debe propender a la universalidad, generalidad y uniformidad sin desestimar la
presencia de sectores de población que
ameritan regímenes especiales; en la
cobertura de las contingencias debe amparar el máximo posible de estados de necesidad susceptible
de amparo y propender al mejoramiento de
la calidad de vida y bienestar social de la población; en cuanto a su
financiamiento, debe nutrirse de
diversidad de fuentes y aplicar los sistemas y regímenes financieros que
se corresponden con la naturaleza de las contingencias amparadas y prometidas;
y, por último, en cuanto a la
efectividad del derecho, es necesario
crear canales directos de participación y medios que faciliten a las personas hacer exigible este derecho
social y humano fundamental. Un buen sistema
de seguridad social es el aspecto más importante, más visible, más significativo,
en una revolución social que tenga como
centro el bienestar de la población.
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