LICENCIA PARA MATAR

Absalón Méndez Cegarra 

. En Venezuela, vivimos el mundo al revés. En materia de administración de justicia,  las víctimas de hechos delictivos,  por arte de magia, son transformadas en victimarias, para que reciban el peso de la Ley. Una lógica jurídica y de justicia absolutamente perversa que habla a las claras de las distorsiones institucionales actuales y de la inexistencia de Estado de Derecho.

La población nacional, en su  casi total mayoría, ha tomados las calles para protestar y, en su defensa  o para su defensa, se ha visto en la necesidad de construir lo que los estudiantes de Mérida han denominado, con mucha propiedad, “trincheras de libertad”.  La población venezolana ha acumulado durante los últimos 15 años mucha rabia, dolor, frustración, desesperanza   y malestar. A la rabia y el dolor humano hay que buscarle válvulas de escape, mecanismos que la drenen, para que  no causen lesiones en la salud individual y colectiva.  De la misma manera que reír y llorar  son buenos para la salud, dejar brotar la rabia, también, lo es. La población venezolana tiene uno y mil motivos para protestar. La gente ha hecho uso de la disposición constitucional que consagra el derecho a la protesta, por lo que la protesta  que llevan a cabo los venezolanos es legal  y legítima; pero, resulta,  que, en Venezuela, como en muchos lugares del mundo, coexisten dos Pactos Sociales Constitucionales, el formal, refrendado por el pueblo: la Constitución de la República Bolivariana  de Venezuela, denominado por Ferdinand  Lassalle, “hoja de papel”, carente de valor y efectividad, enarbolado como bandera por los actores gubernamentales para aparentar formalismos; y, la “constitución real”, la efectiva, la que imponen los factores de poder, que, para el caso venezolano, son  Cuba y el PSUV. 

Esta “constitución real”, por supuesto, no contiene el derecho a la protesta, o, mejor, dicho, si lo contiene, pero para un solo sector  de la población, el oficialista, que, además, habita en una determinada parte del territorio, “ territorio chavista”, negada, naturalmente, a la gran mayoría de la  población nacional, como lo ha  advertido, muy bien, el señor que ocupa la Alcaldía del Municipio  Libertador, al establecer que en su Municipio no tiene entrada la más de la mitad de la población que está en contra del gobierno nacional; es decir, que el psiquiatra Alcalde, quizás, un tanto mal de la cabeza, ha creado, en su Municipio, un apartheid S.XXI.  Esta parte de la Ciudad Capital, es, exclusivamente, para ellos, los factores de poder.

Esta forma de razonar  y actuar de las autoridades del Municipio Libertador del Distrito Capital, es, seguramente, la que alimenta la saña, crueldad  y ferocidad con la que el gobierno   ha agredido, una vez más, a la Universidad Central de Venezuela, curiosa y paradójicamente, la Universidad que queda en su apartheid, la que  le otorgó el título de médico al Alcalde  y de especialista en psiquiatría y la que lo hizo dirigente estudiantil y  fue permisiva para que protestara contra las cosas y gobiernos que no eran de su agrado, entre otras, la violación de la autonomía universitaria por parte de la bota militar. Pero, ¡vaya curiosidad!  Qué frágil es la memoria y qué rápido se olvidan ciertas conductas. Lo que ayer se condenaba, hoy se aplaude y premia.

Y, hablando de aplausos y premios, el gobierno es un artista en este particular. Para defender su apartheid creó grupos o bandas, las entrenó debidamente, las armó, las dotó de motocicletas, les pasa su mesada  y las puso a actuar. Hoy, se han revelado como grupos, conjuntamente, con la guardia nacional y la policía nacional,  que siembran el terror y el odio entre la población que protesta pacíficamente, amedrenta a las personas que mantienen en la pobreza, asignándoles mendrugos de pan y creándoles falsas esperanzas, siempre y cuando no protesten  ni se muestren rebeldes.  Estos grupos armados, verdaderos delincuentes, son los que mantienen asediada a la UCV, la incendian, roban sus bienes, destruyen este patrimonio cultural de la humanidad  y agreden  a los miembros de la comunidad de manera vil y cobarde, con la más absoluta impunidad del gobierno nacional y sus poderes subalternos. Estos delincuentes están plenamente identificados. Existen mil registros y pruebas que dan cuenta de ellos, auténticos sucesores de los encapuchados de ayer, que,  hoy, son gobierno, quienes actúan como sus padrinos y protectores. El brazo protector es tan largo que conlleva a la impunidad y a la conversión en victimas, cuando, en propiedad, son crueles victimarios, inclusive, con jóvenes compañeros de estudio, de edad o grupo social. El colmo del cinismo es que a  estos delincuentes, trocados en víctimas, el gobierno nacional les garantiza oficialmente protección, lo que no es más que una licencia para matar cobardemente bajo el ala protectora oficial.

La UCV, luce, en nuestro criterio, indefensa. Pero, la UCV tiene inmensas reservas académicas, morales, sociales y políticas. La UCV es una ciudad y como tal debe ser defendida por sus pobladores, por su comunidad universitaria. La UCV debe ser un foco de resistencia civil y acompañar a los estudiantes, jóvenes y sociedad civil que resiste en las calles las tropelías gubernamentales. No estamos de acuerdo con el cierre de la Universidad y la continua suspensión de actividades. La UCV debe permanecer abierta. La razón, el conocimiento y el saber no pueden ni deben estar encerrados. Hay que crear, internamente, los medios de defensa de la UCV. Ayer, la comunidad sacó de sus fueros al Movimiento 28, en la actualidad, debemos hacer lo mismo. Sacar las bandas armadas gubernamentales del campus universitario. Eso, es, sencillamente, ejercicio pleno de la autonomía. Sin miedo. Es fundamental crear, de inmediato, a corto plazo,  una sala situacional y  servicios de inteligencia universitaria;  los servicios de seguridad y custodia deben estar en manos de personas con conocimiento y experiencia en materia de inteligencia y seguridad; crear una escuela de custodios universitarios que den lugar a la conformación de brigadas de custodia universitaria;  e,  impedir, totalmente, al costo que sea, el ingreso de motorizados   al campus universitario, para ello se deben habilitar estacionamientos especiales fuera de la ciudad universitaria. Hay que poner fin, ya, a los licenciados para matar