Absalón Méndez Cegarra
La Universidad venezolana vive, en la actualidad, uno de los peores
momentos de su historia. La Universidad, en atención a su razón de ser: casa
del saber, descubridora de la verdad científica, productora de conocimientos en
ambiente libre, abierto y plural,
terreno fértil para la discusión de todo tipo de ideas y pensamientos, ha sido
víctima de gobiernos totalitarios, militaristas, dictatoriales, civilistas y
democráticos. La agresión contra la Universidad no ha encontrado diferencias
entre los colores y posturas ideológicas. Se ha convertido en una constante
histórica, en denominador común de casi todas las formas de gobierno habidas en
el país desde la naciente República hasta nuestros días.
La Universidad, por sus características, es difícil doblegarla,
ahogarla, reducirla y someterla a un pensamiento único, al silencio y al
ostracismo. Ella tiene vida propia.
Los trabajadores universitarios hemos tomado la decisión de hacer frente a
tanto atropello gubernamental materializado de mil maneras. El gobierno
nacional ha declarado la guerra a la
Universidad Autónoma, Plural y Democrática. De manera insincera y falsa, se
llevó a la Carta Magna el principio de
la autonomía universitaria, como forma, quizás,
de mostrarnos ante el mundo como una sociedad de avanzada; pero, tal
manifestación principista ha sido
permanentemente violada y pisoteada. Este hecho, el gobierno trata de
ocultarlo, a no dudar, con una política de ampliación matricular en centros,
que, por sus caracteres de funcionamiento, no califican como verdaderas y
auténticas Universidades; pues, a todo evento, son Escuelas de Formación de
Cuadros, como sucedía en la vieja Universidad “Patricio Lumumba” de la desaparecida Unión Soviética.
La verdadera Universidad venezolana ha sufrido los embates de una actitud
gubernamental anti universitaria. Para lograr sus propósitos, paradójicamente,
se ha valido de universitarios, que, en el pasado reciente, fueron adalides
en la defensa de la universidad autónoma.
El conflicto que ha movido la fibra universitaria, tiene
particularidades inéditas, no comunes a otros conflictos. El gobierno trata de
presentarlo como un asunto eminentemente
remunerativo, de aumento de salarios, lo
que no es cierto, el asunto va mucho más allá, es de mayor complejidad.
El núcleo del conflicto universitario actual lo constituye el concepto
de Universidad: universidad libre, plural, democrática, moderna, actualizada, con excelencia
académica, abierta, con estudios de calidad, bien dotada, con estudiantes que estudian y luchan por un
mundo mejor y docentes e investigadores de alta capacitación y calificación
académica, bien remunerados, como lo ordenan los artículo 102,103 y 104 de la CRBV.
Para lograr este concepto de Universidad, se requiere un
desenvolvimiento sin ataduras, ejercicio
pleno de la autonomía de gestión. Es, a este concepto de Universidad al
que teme el gobierno nacional, razón por
la que se le trata de acorralar,
primeramente, mediante la promulgación de leyes contrarias a las disposiciones
constitucionales; luego, con un cerco presupuestario. El cerco
la estrangula y condena a una mera sobrevivencia. Debilita al máximo el ejercicio de la autonomía, impide que se
dé su propia forma de gobierno,
su organización académica y administrativa, la administración plena de su
personal, administración de las providencias estudiantiles, etc. La idea es
reducirla a una vida marginal,
vegetativa. Las disposiciones legales, Ley de Universidades, que establecen la
carrera docente y el deber de la Universidad de velar por el bienestar social
de sus miembros, van quedando para el recuerdo. Alrededor de este núcleo
principal, giran como satélites varios problemas, los cuales aparecen como
detonantes del conflicto, problemas que tienen
expresiones muy concretas, entre otras manifestaciones, en lo siguiente: a) El acoso y persecución judicial; b) El fomento e instigación,
mediante la impunidad, permisividad, suministro y porte de armas de guerra y
artefactos explosivos, de la violencia terrorista contra el patrimonio cultural
de la Humanidad, las autoridades universitarias, estudiantes y trabajadores, lo
que significa violación palmaria al derecho a la educación, extraña y
contradictoriamente demandado por
sectores estudiantiles oficialistas que,
obstaculizan e impiden el funcionamiento normal de la Universidad, mediante acciones de amparo constitucional ante los
órganos de administración de justicia; c) desconocimiento e irrespeto a las
organizaciones gremiales legales y legítimas, creadas por voluntad propia del
profesorado universitario sobre la base del derecho de asociación establecido
en la Carta Fundamental de la República, y, junto con el desconocimiento gremial, se
auspicia el paralelismo sindical y se procura una suerte de lucha de clases entre
buenos y malos; d) desconocimiento de
los instrumentos, dictados por el propio Estado, reguladores de las relaciones
laborales entre las Universidades, auténticos patronos, dada su condición de
personas jurídicas autónomas, de derecho
público, y patrimonio propio, tal es el caso de la Ley de Universidades, la
Contratación Colectiva Universidades-Gremios y las Normas de Homologación.
A la
Universidad se le ignora, utilitaria y maniqueamente, cuando
interesa, su condición de patrono o empleador. Las Universidades no son invitadas,
como debe ser, es decir, como partes, en negociaciones que les incumben
sobremanera, por cuanto tienen que ver con el desarrollo normal de las actividades
académicas, tal es el caso de las relaciones entre las universidades y sus
trabajadores y las Universidades y sus estudiantes, práctica con la que se
busca reducir a las Universidades a la mera condición de representantes del
patrono.
Esta es nuestra visión global de la situación universitaria. Es posible,
que debido a la presión universitaria ejercida, se logre un mísero aumento
salarial; pero, el conflicto ha dejado muchas víctimas, por lo que el conflicto
debe proseguir y tocar el núcleo del mismo, no la periferia.
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