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SITUACIÓN UNIVERSITARIA


Absalón Méndez Cegarra

La Universidad venezolana vive, en la actualidad, uno de los peores momentos de su historia. La Universidad, en atención a su razón de ser: casa del saber, descubridora de la verdad científica, productora de conocimientos en  ambiente libre, abierto y plural, terreno fértil para la discusión de todo tipo de ideas y pensamientos, ha sido víctima de gobiernos totalitarios, militaristas, dictatoriales, civilistas y democráticos. La agresión contra la Universidad no ha encontrado diferencias entre los colores y posturas ideológicas. Se ha convertido en una constante histórica, en denominador común de casi todas las formas de gobierno habidas en el país desde la naciente República hasta nuestros días.

La Universidad, por sus características, es difícil doblegarla, ahogarla, reducirla y someterla a un pensamiento único, al silencio y al ostracismo. Ella tiene vida propia.

Los trabajadores universitarios  hemos tomado la decisión de hacer frente a tanto atropello gubernamental materializado de mil maneras. El gobierno nacional  ha declarado la guerra a la Universidad Autónoma, Plural y Democrática. De manera insincera y falsa, se llevó a la Carta Magna  el principio de la autonomía universitaria, como forma, quizás,  de mostrarnos ante el mundo como una sociedad de avanzada; pero, tal manifestación principista  ha sido permanentemente violada y pisoteada. Este hecho, el gobierno trata de ocultarlo, a no dudar, con una   política de ampliación matricular en centros, que, por sus caracteres de funcionamiento, no califican como verdaderas y auténticas Universidades; pues, a todo evento, son Escuelas de Formación de Cuadros, como sucedía en la vieja Universidad “Patricio Lumumba”  de la desaparecida Unión Soviética.

La verdadera Universidad venezolana ha sufrido los embates de una actitud gubernamental anti universitaria. Para lograr sus propósitos, paradójicamente, se ha valido de  universitarios,  que, en el pasado reciente, fueron adalides en la defensa de la universidad autónoma.

 El conflicto  que ha movido la fibra universitaria, tiene particularidades inéditas, no comunes a otros conflictos. El gobierno trata de presentarlo como un asunto  eminentemente remunerativo, de aumento  de salarios, lo que no es cierto, el asunto va mucho más allá, es de mayor complejidad.

El núcleo del conflicto universitario actual lo constituye el concepto de Universidad: universidad libre, plural, democrática,  moderna, actualizada, con excelencia académica, abierta, con estudios de calidad, bien dotada,  con estudiantes que estudian y luchan por un mundo mejor y docentes e investigadores de alta capacitación y calificación académica, bien remunerados, como lo ordenan los artículo 102,103 y 104 de la CRBV.

Para lograr este concepto de Universidad, se requiere un desenvolvimiento sin ataduras, ejercicio  pleno de la autonomía de gestión. Es, a este concepto de Universidad al que teme  el gobierno nacional, razón por la que  se le trata de acorralar, primeramente, mediante la promulgación de leyes contrarias a las disposiciones constitucionales; luego,  con  un cerco presupuestario.  El cerco   la estrangula y condena a una mera sobrevivencia.  Debilita al máximo  el ejercicio de la autonomía,  impide  que se   su propia forma de gobierno, su organización académica y administrativa, la administración plena de su personal, administración de las providencias estudiantiles, etc. La idea es reducirla  a una vida marginal, vegetativa. Las disposiciones legales, Ley de Universidades, que establecen la carrera docente y el deber de la Universidad de velar por el bienestar social de sus miembros, van quedando para el recuerdo. Alrededor de este núcleo principal, giran como satélites varios problemas, los cuales aparecen como detonantes del conflicto, problemas que tienen  expresiones muy concretas, entre otras manifestaciones,   en lo siguiente: a) El acoso  y persecución judicial; b) El fomento e instigación, mediante la impunidad, permisividad, suministro y porte de armas de guerra y artefactos explosivos, de la violencia terrorista contra el patrimonio cultural de la Humanidad, las autoridades universitarias, estudiantes y trabajadores, lo que significa violación palmaria al derecho a la educación, extraña y contradictoriamente  demandado por sectores estudiantiles oficialistas  que, obstaculizan e impiden el funcionamiento normal de la Universidad, mediante  acciones de amparo constitucional ante los órganos de administración de justicia; c) desconocimiento e irrespeto a las organizaciones gremiales legales y legítimas, creadas por voluntad propia del profesorado universitario sobre la base del derecho de asociación establecido en la Carta Fundamental de la República, y,  junto con el desconocimiento gremial, se auspicia el paralelismo sindical y se procura una suerte de lucha de clases entre buenos y malos; d)  desconocimiento de los instrumentos, dictados por el propio Estado, reguladores de las relaciones laborales entre las Universidades, auténticos patronos, dada su condición de personas jurídicas autónomas,  de derecho público,  y patrimonio propio,  tal es el caso de la Ley de Universidades, la Contratación Colectiva Universidades-Gremios y las Normas de Homologación. A  la  Universidad se le ignora, utilitaria y maniqueamente, cuando interesa,   su condición de patrono o  empleador. Las Universidades no son invitadas, como debe ser, es decir, como partes, en negociaciones que les incumben sobremanera, por cuanto tienen que ver con  el desarrollo normal de las actividades académicas, tal es el caso de las relaciones entre las universidades y sus trabajadores y las Universidades y sus estudiantes, práctica con la que se busca reducir a las Universidades a la mera condición de representantes del patrono.

Esta es nuestra visión global de la situación universitaria. Es posible, que debido a la presión universitaria ejercida, se logre un mísero aumento salarial; pero, el conflicto ha dejado muchas víctimas, por lo que el conflicto debe proseguir y tocar el núcleo del mismo, no la periferia.

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