Absalón Méndez Cegarra
El convencionalismo adoptado en la actualidad para medir el paso del tiempo, nos indica que comienza un nuevo año, el 2014. Para Venezuela, este nuevo año no luce esperanzador, salvo que el gobierno nacional cambie de rumbo e introduzca los correctivos necesarios para echar a andar el país por los senderos del progreso y del bienestar social.
Venezuela carga con una pesada herencia. No todo lo hecho durante estos 14 años ha sido bueno y positivo. Se han cometido muchos errores y desaciertos. La guerra económica de la que habla constantemente el gobierno es el resultado de políticas públicas inadecuadas. Las invasiones, confiscaciones, expropiaciones y estatizaciones han dejado un aparato productivo en ruinas. La corrupción que rodea al gobierno, asociada con el mal manejo de las divisas, producto de la renta petrolera, ha obstaculizado todo tipo de proyectos individuales y colectivos. La prédica permanente del divisionismo, de la separación clasista de la sociedad y el maltrato conferido a determinados sectores sociales, ha dejado un saldo social de odio y resentimiento social. Nada se ha ganado incluyendo a unos y excluyendo a otros. Las relaciones internacionales del Estado venezolano da dividendos cuando las mismas están precedidas de dádivas, regalos y acuerdos, casi, unilaterales, de cooperación. La delincuencia se ha enseñoreado en el país, debido a un clima total de impunidad e, inclusive, de auspicio y fomento desde las esferas gubernamentales. El desconocimiento de los niveles de poder diferentes al Poder Público Nacional y la introducción de elementos de perturbación de la acción de gobierno en entidades federales y municipales, significa un irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas electorales y un menosprecio al juego democrático que tiene como esencia el sistema electoral.
Este cuadro de condiciones objetivas tiene que ser superado totalmente; caso contrario, el país no saldrá del callejón de conflictividad en el que estamos metidos.
El Presidente fallecido, en la última campaña electoral en la que participó como candidato presidencial, ofreció al país un plan de gobierno alejado por completo del Pacto Social y Político acordado por los venezolanos en 1999, contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta plataforma electoral fue asumida por el heredero político del difunto Presidente, quien, sin incorporación de algún valor agregado, lo ha establecido como su plan de gobierno y, en consecuencia, presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, para su visto bueno, decisión que no se hizo esperar, la cual se tradujo en un acuerdo, no ley, bajo la denominación Plan de la Patria.
El Plan de la Patria es, más que un Plan, en sentido técnico, un nuevo proyecto societario de carácter ideo-político orientado hacia la construcción de una sociedad socialista en la que el Estado, como propietario de todos los medios e instrumentos de producción, incluyendo la fuerza de trabajo, lo domina todo.
El Plan de la Patria obvia que el Estado venezolano es creación de la sociedad venezolana y, por tal razón, debe sujetarse a lo que la sociedad entera establezca, no lo que establezca el gobierno del Estado, esa es la esencia de un Estado “democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Lo establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela constituye el mandato que los venezolanos han dado al Estado, creado por ellos, en tanto Pacto Social o Proyecto Societario, como su representante, para el establecimiento de una sociedad que se plantee como meta-objetivo el desarrollo integral de la nación, desarrollo que debe traducirse en bienestar social para todos. El Estado, como creación social, producto social, forma de organización del poder político en tiempos modernos, no se estableció para esclavizar y someter a los pueblos, al contrario, su origen está vinculado al desarrollo de ciudadanía, en tanto ser ciudadano significa, en conformidad con el artículo 39 de la Constitución de la República, ser titular de derechos y deberes políticos. Los ciudadanos no son súbditos. Son sujetos, que han decidido libremente vivir en una sociedad determinada y darse una especial forma de gobierno, la cual debe garantizar, la “preeminencia de los derechos humanos”.
Un Plan de la Patria, suerte de guía para la acción de gobierno, debe comenzar por reconocer el pluralismo político y la existencia de una población asentada en un territorio que le pertenece, la cual tiene derecho a vivir en libertad. Llevamos más de 14 años haciendo todo lo contrario y los resultados, como hemos dicho antes, están a la vista: un país pobre, con apariencia de rico.
El señor Presidente de la República, durante los últimos días del año 2013, dio una buena señal al país al convocar a una reunión a los alcaldes de la oposición recientemente electos. El Presidente, en gesto que le enaltece, recibió a los alcaldes y escuchó, atentamente, lo que uno a uno, fueron exponiendo. Las exposiciones de los alcaldes giraron todas en la necesidad del diálogo sincero, no condicionado; en el respeto y reconocimiento de la descentralización y autonomía del Poder Municipal; en el envío oportuno del situado constitucional y distribución equitativa de la riqueza nacional; en la necesidad de la coordinación entre los distintos niveles del Poder Público; y, en el cese del divisionismo y la persecución social. A cambio de todo ello, prometieron trabajar mancomunadamente en un ambiente de paz, concordia y libertad, fundado en el reconocimiento del otro. Este ambiente es el que debe reinar en el país en el año que recién comienza y en los sucesivos; por consiguiente, la reunión presidencial con los alcaldes, aun en el marco del mayor escepticismo, debemos valorarla positivamente y atribuirle el significado de un cambio de timón en la conducción de la vida de la nación, bajo el signo de un Plan de la Patria tiene por norte el desarrollo pleno y cumplimiento estricto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El convencionalismo adoptado en la actualidad para medir el paso del tiempo, nos indica que comienza un nuevo año, el 2014. Para Venezuela, este nuevo año no luce esperanzador, salvo que el gobierno nacional cambie de rumbo e introduzca los correctivos necesarios para echar a andar el país por los senderos del progreso y del bienestar social. Venezuela carga con una pesada herencia. No todo lo hecho durante estos 14 años ha sido bueno y positivo. Se han cometido muchos errores y desaciertos. La guerra económica de la que habla constantemente el gobierno es el resultado de políticas públicas inadecuadas. Las invasiones, confiscaciones, expropiaciones y estatizaciones han dejado un aparato productivo en ruinas. La corrupción que rodea al gobierno, asociada con el mal manejo de las divisas, producto de la renta petrolera, ha obstaculizado todo tipo de proyectos individuales y colectivos. La prédica permanente del divisionismo, de la separación clasista de la sociedad y el maltrato conferido a determinados sectores sociales, ha dejado un saldo social de odio y resentimiento social. Nada se ha ganado incluyendo a unos y excluyendo a otros. Las relaciones internacionales del Estado venezolano da dividendos cuando las mismas están precedidas de dádivas, regalos y acuerdos, casi, unilaterales, de cooperación. La delincuencia se ha enseñoreado en el país, debido a un clima total de impunidad e, inclusive, de auspicio y fomento desde las esferas gubernamentales. El desconocimiento de los niveles de poder diferentes al Poder Público Nacional y la introducción de elementos de perturbación de la acción de gobierno en entidades federales y municipales, significa un irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas electorales y un menosprecio al juego democrático que tiene como esencia el sistema electoral.
Este cuadro de condiciones objetivas tiene que ser superado totalmente; caso contrario, el país no saldrá del callejón de conflictividad en el que estamos metidos.
El Presidente fallecido, en la última campaña electoral en la que participó como candidato presidencial, ofreció al país un plan de gobierno alejado por completo del Pacto Social y Político acordado por los venezolanos en 1999, contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta plataforma electoral fue asumida por el heredero político del difunto Presidente, quien, sin incorporación de algún valor agregado, lo ha establecido como su plan de gobierno y, en consecuencia, presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, para su visto bueno, decisión que no se hizo esperar, la cual se tradujo en un acuerdo, no ley, bajo la denominación Plan de la Patria.
El Plan de la Patria es, más que un Plan, en sentido técnico, un nuevo proyecto societario de carácter ideo-político orientado hacia la construcción de una sociedad socialista en la que el Estado, como propietario de todos los medios e instrumentos de producción, incluyendo la fuerza de trabajo, lo domina todo.
El Plan de la Patria obvia que el Estado venezolano es creación de la sociedad venezolana y, por tal razón, debe sujetarse a lo que la sociedad entera establezca, no lo que establezca el gobierno del Estado, esa es la esencia de un Estado “democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Lo establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela constituye el mandato que los venezolanos han dado al Estado, creado por ellos, en tanto Pacto Social o Proyecto Societario, como su representante, para el establecimiento de una sociedad que se plantee como meta-objetivo el desarrollo integral de la nación, desarrollo que debe traducirse en bienestar social para todos. El Estado, como creación social, producto social, forma de organización del poder político en tiempos modernos, no se estableció para esclavizar y someter a los pueblos, al contrario, su origen está vinculado al desarrollo de ciudadanía, en tanto ser ciudadano significa, en conformidad con el artículo 39 de la Constitución de la República, ser titular de derechos y deberes políticos. Los ciudadanos no son súbditos. Son sujetos, que han decidido libremente vivir en una sociedad determinada y darse una especial forma de gobierno, la cual debe garantizar, la “preeminencia de los derechos humanos”.
Un Plan de la Patria, suerte de guía para la acción de gobierno, debe comenzar por reconocer el pluralismo político y la existencia de una población asentada en un territorio que le pertenece, la cual tiene derecho a vivir en libertad. Llevamos más de 14 años haciendo todo lo contrario y los resultados, como hemos dicho antes, están a la vista: un país pobre, con apariencia de rico.
El señor Presidente de la República, durante los últimos días del año 2013, dio una buena señal al país al convocar a una reunión a los alcaldes de la oposición recientemente electos. El Presidente, en gesto que le enaltece, recibió a los alcaldes y escuchó, atentamente, lo que uno a uno, fueron exponiendo. Las exposiciones de los alcaldes giraron todas en la necesidad del diálogo sincero, no condicionado; en el respeto y reconocimiento de la descentralización y autonomía del Poder Municipal; en el envío oportuno del situado constitucional y distribución equitativa de la riqueza nacional; en la necesidad de la coordinación entre los distintos niveles del Poder Público; y, en el cese del divisionismo y la persecución social. A cambio de todo ello, prometieron trabajar mancomunadamente en un ambiente de paz, concordia y libertad, fundado en el reconocimiento del otro. Este ambiente es el que debe reinar en el país en el año que recién comienza y en los sucesivos; por consiguiente, la reunión presidencial con los alcaldes, aun en el marco del mayor escepticismo, debemos valorarla positivamente y atribuirle el significado de un cambio de timón en la conducción de la vida de la nación, bajo el signo de un Plan de la Patria tiene por norte el desarrollo pleno y cumplimiento estricto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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