DERECHO A LA SALUD EN VENEZUELA
Absalón Méndez Cegarra
El disfrute de un buen estado de salud o la recuperación de dicho estado de salud, cuando se altera como consecuencia de enfermedad o accidente de cualquier origen, es un derecho humano, social, fundamental, así ha sido reconocido, desde 1948, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, aun cuando los derechos humanos son inmanentes a la naturaleza humana; por consiguiente, le son propios desde siempre, preexisten a la Declaración, cuestión de dignidad humana. Instrumentos de alcance internacional posteriores a la Declaración, han perfeccionado y desarrollado este derecho, su reconocimiento y garantía.
En Venezuela, el derecho a la salud, ha sido incorporado desde temprano en el constitucionalismo social y el Estado lo ha asumido como un deber de obligatorio cumplimiento. La vigente Constitución de la República, lo garantiza plenamente y, en efecto, los artículos 83, 84 y 85 lo desarrollan en extenso y, entre otros preceptos se establece: 1. Que la salud es un derecho social fundamental. 2. Obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. 3. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. 4. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.5. El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado. Como se observa fácilmente, la salud es parte del derecho a la vida y, este derecho, por ser esencial y connatural a los seres humanos, es inviolable en toda circunstancia de tiempo y lugar.
El artículo 86 constitucional reitera y agrega, que, la salud es un derecho que debe garantizar el Estado; pero, a su vez, el Estado debe asegurar la protección de las personas en las contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas y discapacidad. En Venezuela, este derecho a la salud, así concebido, le está negado a millones de venezolanos, por no decir, a la totalidad de la población, con recursos económicos y sin ellos. La garantía de protección a la salud, resulta penoso decirlo, es, posiblemente, la garantía menos garantizada por parte del Estado venezolano; por consiguiente, es el derecho social más vulnerado y sin posibilidad alguna de ser exigido y demandado como corresponde.
La palabra crisis, de uso tan frecuente entre nosotros, resulta insuficiente para describir el dramatismo que caracteriza la prestación de servicios de salud, tanto públicos como privados. Un actuar gubernamental, difícil de entender y explicar, ha destrozado totalmente la red de servicios de salud, que, con sus defectos y fallas, se venía instaurando en el país desde comienzos del siglo XX y, que, en algún momento, fue motivo de orgullo para la acción sanitaria pública nacional. En el pasado reciente, las personas con recursos económicos y buena parte del funcionariado público y de los empleados de las empresas privadas, alcanzaron, como reivindicación laboral, la atención a la salud mediante el aseguramiento (seguros sociales y seguros mercantiles), lo que hizo florecer
vigorosamente un sub-sector de la salud de naturaleza privada, en ocasiones, merced a la declinación y olvido del sub-sector público; pero, a partir de un tiempo para acá, el ataque absurdo al sub-sector privado, sin un actuar en consecuencia en el mejoramiento de la salud pública, a pesar de las enormes cantidades de recursos financieros que se aplican, y, sin alcanzar a desarrollar el sistema público nacional de salud, ha terminado por configurar un cuadro inenarrable de la salud en nuestro país.
Lo que acabamos de afirmar responsablemente no es teoría, ni responde a un afán oposicionista. Es, por el contrario, el registro de una experiencia vivida en carne propia. Recientemente, con la extraordinaria colaboración del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, verdaderos héroes, testigos presenciales, debimos recorrer varias clínicas privadas y centros hospitalarios públicos, para lograr atención para una paciente de 87 años, víctima de una caída que resultó en triple fractura de cadera, fémur y brazo derecho. En las clínicas privadas fue rechazada por distintos motivos, no sirvió para nada el dinero. En el sector público, logramos ser atendidos en un hospital del Seguro Social, luego de permanecer en condiciones infrahumanas por más de 8 horas. En el Hospital Universitario de Caracas, ayer, símbolo de la medicina pública en Venezuela, escuela de formación de especialistas médicos y de profesionales de la salud en general, referencia para muchos países, se nos informó que el servicio de traumatología se mantiene cerrado desde hace largo tiempo. ¡Qué desgracia! Pero, lograr ingresar a un hospital público, lo que es bastante, es comenzar a vivir un calvario de calamidades. La emergencia del hospital es comparable a un campo de guerra, un gran sabana plena de camillas con decenas de personas resignadas a morir sin atención alguna, desnudas o semidesnudas, sin mayor acatamiento a la dignidad humana, debido a que no existe personal médico y para médico suficiente para atender la altísima demanda de atención. Lograda la hospitalización, ésta se traduce en una cama vacía y un lugar en el complejo hospitalario, nada más, por cuanto no hay lencería y los pacientes deben permanecer acompañados por familiares, amigos o terceros, para quienes no existe la más mínima comodidad, de lo contrario, los pacientes, imposibilitados de valerse por sí mismos, no tienen quien vele por su aseo personal y alimentación, entre otras cosas. Esta es la situación con la que el Estado venezolano está garantizando el derecho a la salud de la población.
Al Ministerio de Salud ha llegado un equipo de la más alta capacitación profesional y con gran sensibilidad humana. A este equipo corresponde revertir el drama dantesco de la salud en el país en el menor tiempo posible. Este Ministerio debe asumir plenamente la rectoría de la salud en el país, deslastrarse de muchas interferencias y de triangulaciones viciosas, y hacer realidad el derecho a la salud para toda la población en el país. Caso contrario, Venezuela, a pesar de las continuas campañas publicitarias que muestran un país en transformación sanitaria, quedará, en materia de salud pública, a la zaga, inclusive, de los países más pobres del planeta.
Absalón Méndez Cegarra
El disfrute de un buen estado de salud o la recuperación de dicho estado de salud, cuando se altera como consecuencia de enfermedad o accidente de cualquier origen, es un derecho humano, social, fundamental, así ha sido reconocido, desde 1948, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, aun cuando los derechos humanos son inmanentes a la naturaleza humana; por consiguiente, le son propios desde siempre, preexisten a la Declaración, cuestión de dignidad humana. Instrumentos de alcance internacional posteriores a la Declaración, han perfeccionado y desarrollado este derecho, su reconocimiento y garantía. En Venezuela, el derecho a la salud, ha sido incorporado desde temprano en el constitucionalismo social y el Estado lo ha asumido como un deber de obligatorio cumplimiento. La vigente Constitución de la República, lo garantiza plenamente y, en efecto, los artículos 83, 84 y 85 lo desarrollan en extenso y, entre otros preceptos se establece: 1. Que la salud es un derecho social fundamental. 2. Obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. 3. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. 4. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.5. El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado. Como se observa fácilmente, la salud es parte del derecho a la vida y, este derecho, por ser esencial y connatural a los seres humanos, es inviolable en toda circunstancia de tiempo y lugar.
El artículo 86 constitucional reitera y agrega, que, la salud es un derecho que debe garantizar el Estado; pero, a su vez, el Estado debe asegurar la protección de las personas en las contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas y discapacidad. En Venezuela, este derecho a la salud, así concebido, le está negado a millones de venezolanos, por no decir, a la totalidad de la población, con recursos económicos y sin ellos. La garantía de protección a la salud, resulta penoso decirlo, es, posiblemente, la garantía menos garantizada por parte del Estado venezolano; por consiguiente, es el derecho social más vulnerado y sin posibilidad alguna de ser exigido y demandado como corresponde.
La palabra crisis, de uso tan frecuente entre nosotros, resulta insuficiente para describir el dramatismo que caracteriza la prestación de servicios de salud, tanto públicos como privados. Un actuar gubernamental, difícil de entender y explicar, ha destrozado totalmente la red de servicios de salud, que, con sus defectos y fallas, se venía instaurando en el país desde comienzos del siglo XX y, que, en algún momento, fue motivo de orgullo para la acción sanitaria pública nacional. En el pasado reciente, las personas con recursos económicos y buena parte del funcionariado público y de los empleados de las empresas privadas, alcanzaron, como reivindicación laboral, la atención a la salud mediante el aseguramiento (seguros sociales y seguros mercantiles), lo que hizo florecer
vigorosamente un sub-sector de la salud de naturaleza privada, en ocasiones, merced a la declinación y olvido del sub-sector público; pero, a partir de un tiempo para acá, el ataque absurdo al sub-sector privado, sin un actuar en consecuencia en el mejoramiento de la salud pública, a pesar de las enormes cantidades de recursos financieros que se aplican, y, sin alcanzar a desarrollar el sistema público nacional de salud, ha terminado por configurar un cuadro inenarrable de la salud en nuestro país.
Lo que acabamos de afirmar responsablemente no es teoría, ni responde a un afán oposicionista. Es, por el contrario, el registro de una experiencia vivida en carne propia. Recientemente, con la extraordinaria colaboración del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, verdaderos héroes, testigos presenciales, debimos recorrer varias clínicas privadas y centros hospitalarios públicos, para lograr atención para una paciente de 87 años, víctima de una caída que resultó en triple fractura de cadera, fémur y brazo derecho. En las clínicas privadas fue rechazada por distintos motivos, no sirvió para nada el dinero. En el sector público, logramos ser atendidos en un hospital del Seguro Social, luego de permanecer en condiciones infrahumanas por más de 8 horas. En el Hospital Universitario de Caracas, ayer, símbolo de la medicina pública en Venezuela, escuela de formación de especialistas médicos y de profesionales de la salud en general, referencia para muchos países, se nos informó que el servicio de traumatología se mantiene cerrado desde hace largo tiempo. ¡Qué desgracia! Pero, lograr ingresar a un hospital público, lo que es bastante, es comenzar a vivir un calvario de calamidades. La emergencia del hospital es comparable a un campo de guerra, un gran sabana plena de camillas con decenas de personas resignadas a morir sin atención alguna, desnudas o semidesnudas, sin mayor acatamiento a la dignidad humana, debido a que no existe personal médico y para médico suficiente para atender la altísima demanda de atención. Lograda la hospitalización, ésta se traduce en una cama vacía y un lugar en el complejo hospitalario, nada más, por cuanto no hay lencería y los pacientes deben permanecer acompañados por familiares, amigos o terceros, para quienes no existe la más mínima comodidad, de lo contrario, los pacientes, imposibilitados de valerse por sí mismos, no tienen quien vele por su aseo personal y alimentación, entre otras cosas. Esta es la situación con la que el Estado venezolano está garantizando el derecho a la salud de la población.
Al Ministerio de Salud ha llegado un equipo de la más alta capacitación profesional y con gran sensibilidad humana. A este equipo corresponde revertir el drama dantesco de la salud en el país en el menor tiempo posible. Este Ministerio debe asumir plenamente la rectoría de la salud en el país, deslastrarse de muchas interferencias y de triangulaciones viciosas, y hacer realidad el derecho a la salud para toda la población en el país. Caso contrario, Venezuela, a pesar de las continuas campañas publicitarias que muestran un país en transformación sanitaria, quedará, en materia de salud pública, a la zaga, inclusive, de los países más pobres del planeta.
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