DESCONOCIMIENTO DE LA LEY

 

                                          GOBIERNO DESESPERADO Y ENLOQUECIDO

                                                                                                                       Absalón Méndez Cegarra

                                                                          

La inminente derrota electoral que tendrá el PSUV y su gobierno el próximo 28 de julio ha desesperado y enloquecido a sus integrantes desde la cúpula gubernamental hasta sus bases. El repudio popular tiene su mejor aliado en las medidas absurdas, improvisadas, anticonstitucionales e ilegales que, producto del desespero, viene aplicando el gobierno nacional en las últimas semanas. Cada medida represiva, fraudulenta, engañosa y dañina para la vida nacional, se convierte en mayor caudal de votos para la oposición unitaria.

La primera semana de mayo, fue especialmente demoledora para la credibilidad gubernamental, y su posicionamiento electoral, pareciera, que el PSUV, consciente o inconscientemente, está sumando para la derrota electoral. Al parecer, ya no quieren al candidato seleccionado. Lo prefieren derrotado y no ganador. La brutalidad tiene un límite.

El gobierno nacional, en la persona de la Vice-presidenta Ejecutiva, ha enviado a la Asamblea Nacional un anteproyecto o proyecto de Ley, pues, ya fue aprobado en primera discusión, con el pomposo nombre de: “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista”. El texto del proyecto y su aprobación parlamentaria solo puede emanar de una mente o mentes enfermas. Con el texto, que, seguramente, se convertirá en Ley de la República, se procura una abierta amenaza y amedrentamiento al sector privado de la economía y una guerra declarada al empleo formal y asalariado.

La razón que motiva y justifica el proyecto de ley es la precaria situación que están viviendo los pensionados por vejez en Venezuela, atribuible, según los proyectistas de la ley, a las sanciones impuestas al gobierno y a algunos altos funcionarios gubernamentales, por los Estados Unidos de América. Esto es una falacia del tamaño de un templo, algo que no se lo creen ni los mismos proyectistas y aliados del gobierno.

El proyecto presenta fallas de técnica jurídica importantes. Sería mucho pedir, que, Ejecutivo y Legislativo hicieran algo bueno en favor del pueblo venezolano,

Un análisis preliminar del proyecto de ley obliga detenerse no en el texto del proyecto y sus escasos artículos que lo integran, de por sí incoherentes, sino en el engaño y la mentira justificatoria que hemos mencionado.

El gobierno puede que tenga memoria corta y olvidadiza, pero, no puede suponer que todos los venezolanos estemos igual.

Hugo Chávez llegó al poder en el año 1999 y, durante ese mismo año, se eligió una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de elaborar un nuevo pacto social: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ella, en el artículo 86, se estableció la creación y puesta en marcha de un Sistema de Seguridad Social universal, para todos los venezolanos y extranjeros residentes legalmente en el territorio de la República, regulado por una ley orgánica especial. Dicha Ley fue promulgada el 30 de diciembre de 2002, bajo la denominación de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Este Sistema de Seguridad Social se integra por tres (3) Sistemas Prestacionales y seis (6) Regímenes Prestacionales. Uno de ellos, es el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, regulado por ley especial que el gobierno y la Asamblea Nacional se han negado a sancionar y ejecutar; en consecuencia, mal puede atribuirse a las sanciones impuestas, el que Venezuela no tenga un régimen de pensiones moderno, oportuno, con prestaciones dinerarias suficientes y financieramente sostenible.

Por otra parte, ha sido Chávez y Maduro y el PSUV, quienes han hecho todo lo posible para que tal cosa no suceda; pero, además, se han dedicado en estos 25 años a destruir la poca institucionalidad previsional existente antes de su llegada al poder, tal es el caso del Régimen de los Seguros Sociales, regímenes jubilatorios y pensionales, públicos y privados, y el régimen de salud.

Centremos el interés, por ahora, en el Régimen de los Seguros Sociales. Chávez y Maduro acabaron con los Seguros Sociales, primero, universalizando el seguro de asistencia médica integral, el cual, ahora, no existe ni para las personas no aseguradas ni para los asegurados, aunque los asegurados y sus empleadores sigan  cotizando al Seguro Social; segundo,  desapareciendo el Fondo de Pensiones, hoy no hay reservas técnicas y nadie sabe para dónde van cotizaciones y aportes; tercero, haciendo demagogia y clientelismo electoral, como ahora, con este proyecto de ley, fusionando en un  solo régimen pensional el contributivo directo con uno asistencial que está regulado no por la Ley del Seguro Social y su Reglamento, sino por la Ley de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, no bajo el concepto de pensión sino de asignaciones económicas.

Desde el 2006 Chávez comenzó a dictar decretos temporales para otorgar pensiones a pescadores, agricultores y adultos mayores no afiliados al Seguro Social hasta culminar con la Misión Adulto Mayor. Estas pensiones fueron todas igualadas al salario mínimo, sin atender expresas disposiciones de la Ley del Seguro Social sobre la fórmula de cálculo de la pensión, su ajuste periódico por la pérdida del poder adquisitivo del signo monetario y base salarial imponible para el cálculo de la cotización del trabajador y del patrono. También, se violó la ley al no ajustar nunca el porcentaje de cotización en relación con las tablas salariales.

Esta conducta gubernamental es la que ha llevado al país a una crisis pensional, que hemos denominado una bomba de tiempo a punto de estallar y, al parecer, ya tenemos los primeros signos. Más de 5 millones y medio de pensionados, la mayor parte de ellos, por vejez, mención aparte de los casi mil regímenes jubilatorios del sector público, recibiendo una limosna de 130 bolívares, olvidando que, para los asegurados, la pensión es una prestación pre-paga y un derecho adquirido, además de derecho humano y social fundamental.

El gobierno se ufana en decirle al mundo que hemos logrado el cien por ciento de cobertura, lo cual es verdad, pero, no dice nada de la suficiencia del monto de las pensiones, ahora, con el proyecto de ley pretende reivindicarse y engañar a incautos. Esos recursos, que se obtendrán con una nueva carga impositiva al sector productivo, la cual ocasionará la pérdida de empleo, no será destinada a mejorar las pensiones ni las contributivas ni las no contributivas, ya, que, el gobierno haciendo gala de ignorancia legislativa, pasa por alto expresas disposiciones constitucionales y legales, en cuanto al financiamiento de la Seguridad Social. Bueno recordarle al gobierno que la no creación y puesta en marcha del Sistema de Seguridad Social constitucional y legal, la destrucción del Régimen de los Seguros Sociales, el caos pensional y la pobreza del monto de la pensión, no tienen nada que ver con las sanciones impuestas por el imperialismo, son producto de la incapacidad gubernamental para resolver los problemas nacionales.