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                                                          EL PLEBISCITO DE PETRO Y LULA

                                                                                                                      Absalón Méndez Cegarra

                                                                      

Un plebiscito no es más que someter a consulta popular un tema determinado. El pueblo soberano, mediante el voto libre, emite su opinión sobre lo consultado. Los resultados de una consulta popular, cualquiera sea, favorable o desfavorable, deben ser obligantes para quien la promueve. Esta es una de las manifestaciones visibles de la participación protagónica y de la soberanía del pueblo. Lo demás es fantasía.

Los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro e Ignacio Lula, respectivamente, en conocimiento de la situación política venezolana y ante la pérdida  irremediable del  poder por parte  del presidente - candidato y su partido de gobierno, el PSUV,  se han apresurado a buscar un medio de defensa de todas sus tropelías y delitos cometidos, algunos de ellos, de lesa humanidad, con miras de salvarlos de las sanciones que, en algún momento, les serán impuestas por la justicia nacional e internacional.

No se puede ni se debe andar por el mundo insultando y agrediendo a la gente impunemente, prevalido de la condición de gobernante, como lo hace diariamente el presidente y vice-presidente del PSUV y, después, pedir indulgencia y trato respetuoso.  Utilizar bienes del Estado para atropellar y vejar a otras personas es un delito. Los medios de comunicación de carácter público son para informar y educar a la población, no son plataformas para que políticos de pacotilla los utilicen como trinchera para el insulto, la difamación y la injuria. Por menos de eso, el vice-presidente del PSUV, se ha apoderado de bienes pertenecientes a familias venezolanas, tal es el caso de la sede de El Nacional, adjudicada en juicio por la justicia obediente y complaciente que tenemos.

Petro y Lula están procurando una tabla de salvación para que la delincuencia gubernamental salga ilesa y pueda disfrutar de riquezas mal habidas en paz y tranquilidad. El perdón lo da la persona afectada. En Venezuela no puede haber una amnistía general, un perdón colectivo, porque los dolientes de venezolanos muertos, heridos, encarcelados y expatriados no lo van a consentir.

El discurso del próximo presidente de la República, el diplomático Edmundo González Urrutia, es muy bueno, es un llamado a la reconciliación, no al perdón, cosa completamente diferente. Como buen diplomático, González Urrutia, es parco en el hablar, moderado en el lenguaje, serio en sus planteamientos, no ofende ni insulta a nadie.  Cuando se le pregunta por algo, piensa la respuesta y la da utilizando dos o tres palabras, no más. González Urrutia está haciendo un llamado al encuentro de todas las voluntades del país, a unir esfuerzos para salvar a Venezuela y recuperar la nacionalidad y el carácter de los venezolanos. A construir patria grande y nueva. Al retorno de los hijos que se han ido, la libertad de los presos políticos, la defensa de los derechos humanos, la recuperación del aparato productivo nacional, la recuperación del salario y la seguridad social de los trabajadores, el resarcimiento por daños causados y la firme promesa de construir una Venezuela en la que no impere el odio, ni la maldad, sino, por el contrario, el respeto a la dignidad de los seres humanos y la convivencia pacífica. Es decir, todo lo contrario, de lo que dice y hace su contrincante mayor, el candidato presidente.

González Urrutia no está planteando impunidad, ni “borrón y cuenta nueva”, tal cosa, le merecería el rechazo del pueblo. No podemos confundir un llamado a la paz y a vivir con tranquilidad con una declaratoria de amparo y protección para quienes son actores de múltiples delitos. Quien ha cometido delitos de diversa entidad debe purgar su conducta delictiva. No se trata de premiar al delincuente.

El plebiscito que proponen Petro y Lula buscan un acuerdo de paz al estilo del logrado en Colombia por parte del gobierno colombiano (Manuel Santos – Gustavo Petro), con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y otros grupos insurgentes.  Un acuerdo de paz, sin paz, y a un precio muy alto para la sociedad colombiana, en el que todo se dio a favor de la insurgencia y nada en favor de la convivencia pacífica, el cese de la guerra y la indemnización – reparación correcta a las familias colombianas víctimas de la guerra.

El Estado Colombiano regaló curules y premios a los líderes del combate guerrillero a cambio de nada, porque, hoy, en Colombia, bajo la protección de Petro, hay más grupos insurgentes, pues, según se observa, el negocio no es malo, actúo delictivamente, protegido y, luego, me siento con el gobierno a negociar privilegios.

En Venezuela, ciertamente, no podemos revivir hechos como los acontecidos a raíz de la muerte de Gómez, la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y el gobierno efímero de Carmona Estanga. Estos hechos no pueden volver a repetirse. La persecución, la rencilla y el hacer justicia por sus propias manos no es el camino a seguir; pero, de ahí, al perdón, a la amnistía, al otorgamiento de premios, etc.  el camino es largo y tortuoso.

La idea del plebiscito debe ser rechazada. La transición debe darse en paz. Reconociendo al vencedor electoral. Sin acuerdos ni promesas de impunidad. Sin comisiones de paz. Sin garantes. La pronta reorganización de la administración de justicia y de los órganos de contraloría serán los encargados de poner las cosas en su justo lugar.  No habrá revanchismos ni persecuciones, como sí lo ha hecho y hace el gobierno y el PSUV, pero, por ejemplo, pedirle a MCM que se siente alrededor de una mesa a conciliar con quien la ha maltratado hasta el cansancio, es mucho pedir y tolerar. Lo planteado es una transición civilizada y en paz. Hay un hecho que parece no haber sido advertido y es de gran significación. El gobierno derrotado dispone de más de 6 meses de ejercicio, tiempo durante el cual pueden ocurrir mil cosas, entre otras, arrasar con todo o, negarse a entregar el poder y producir un autogolpe. Esto sí condiciona la transición, por lo que debe suscribirse un acuerdo de respeto a la decisión soberana del pueblo, designación inmediata de comisiones de enlace por cada dependencia administrativa y claridad y transparencia en la transmisión de mando.

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