AGENDA POLÍTICA Y SEGURIDAD SOCIAL EN VENEZUELA
Absalón Méndez Cegarra
Hemos iniciado un nuevo año y una nueva década, según el convencionalismo actual mediante el cual se mide el transcurrir del tiempo. Esta nueva década es la tercera del siglo 2021. Existen, ya, promesas, como es costumbre por parte de los organismos internacionales, de solución de los grandes problemas mundiales, regionales y nacionales. Para el año 2030 se estima, según la Agenda del Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, que muchos de los problemas que azotan al mundo, habrán encontrado solución y quienes vivan lo harán en condiciones mejores que las presentes. Ojalá, estos pronósticos se cumplan y no suceda lo mismo que en oportunidades anteriores, para que no se repita en el 2030 que han pasado tres décadas perdidas para el desarrollo.
Todo fin de año e inicio de uno nuevo es tiempo de balances e inventarios. Un tema de fundamental importancia que debe ocupar lugar prominente en la agenda política de las naciones y pueblos del mundo es el relacionado con la protección social de la humanidad, con la seguridad social de las personas, independientemente de cualquier otra consideración. Sin seguridad social de las personas no hay posibilidad de desarrollo económico y social, pues, ésta, es el macro indicador que mide el progreso material y social de los pueblos. Con sobrada razón, la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) ha señalado que la seguridad social es un motor del desarrollo.
El virus chino, covid-19, ha puesto a prueba a los sistemas de seguridad social del mundo entero y, el resultado, es negativo; ninguno de los países del mundo afectado por el virus chino ha pasado la prueba. Unos países más, otros, menos, han revelado grandes imperfecciones en sus sistemas de seguridad social, principalmente en uno de los campos de aplicación material u objetivo: el del cuidado integral de la salud de la población afiliada a dichos sistemas de seguridad social.
La pandemia ha revelado que los sistemas de salud establecidos en el mundo, ni siquiera los más modernos o acabados, están en condiciones de responder a una demanda no esperada de atención médica oportuna y de calidad.
En Venezuela, la situación del sector salud muestra signos verdaderamente alarmantes y las medidas de urgencia adoptadas por el gobierno nacional y las autoridades sanitarias son totalmente desafortunadas.
Se espera un repunte de los contagios por covid-19, para el inicio del año 2021, admitida por el mismo presidente de la República, con una frase digna de un desquiciado mental: “se acabó la guachafita”. Una “guachafita” creada y propiciada por él mismo al licenciar y dar de vacaciones por un mes a la terrible pandemia que ha causado pánico en el mundo y puesto de rodillas a la ciencia médica, farmacéutica e instituciones de atención médica, pues, aun, se aligeran los procedimientos para la obtención de vacunas lo que se dificulta ante el desconocimiento cierto del origen del virus, formas de propagación y contagio, manifestaciones más importantes y el perfil que asume en cada persona contagiada.
Entre nosotros, todo es improvisación y utilitarismo político. El virus va y viene según interese al gobierno mantener privada de libertad y libre circulación a las personas por el territorio nacional, salir y entrar a dicho territorio.
Es necesario, ya, adecentar un tanto las políticas públicas en el país más allá de banderías políticas. Los venezolanos no sabemos sí tenemos gobierno o no. Tenemos dos presidentes, dos asambleas nacionales, dos poderes judiciales, dos poderes ciudadanos; pero, curiosamente, solo un poder electoral. Esta situación debe clarificarse cuanto antes interna e internacionalmente, para ver si por algún camino logramos enrumbar a la nación y a sus integrantes.
En la agenda política nacional que se acuerde, por parte de quién o quiénes confieran gobernabilidad a la nación, el tema de la seguridad social de los venezolanos debe ser relievada. No es posible continuar con la deplorable desprotección social de los venezolanos y el caos que reina en lo que impropiamente denominamos sistema de seguridad social, el cual no es más que un agregado de instituciones caritativas, asistenciales y de aseguramiento que han desdibujado por completo lo que significa establecer un sistema de protección social para una población determinada, sobre bases legales, económicas, financieras y de gestión, lo suficientemente sólidas que den sustentación firme y duradera a dicho sistema.
En artículos sucesivos daremos a conocer nuestra opinión sobre lo que estimamos debe ser una agenda política sobre seguridad social en Venezuela.
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