LA MANO DE DIOS-DADO
Absalón Méndez Cegarra
La mano de Dios es todopoderosa,
protectora, cuidadora y constructora; en cambio, la mano de ese inefable señor
que hasta ayer demostró ser un capataz de hacienda al frente de la Asamblea
Nacional, es destructora, incendiaria, maléfica, portadora de odio y de todo
mal. Bastó que este señor se refiriera en su bodrio de programa televisivo, a la principal empresa de medicina pre pagada
existente en el país, para que el
gobierno arremetiera de inmediato contra
ella con toda la furia que el ejercicio abusivo del poder permite. Pero, los
ataques gubernamentales, a decir verdad, no son contra la empresa, aunque ella
resulte, en principio, ser la víctima. Estos ataques deliberados están
dirigidos a uno de los accionistas de la empresa, el señor Capriles, a quien no tenemos el gusto de conocer, por
tanto, no nos une ningún vínculo. Su delito es ser el padre de
Enrique Capriles R, a quien hay que cobrarle la afrenta de desafiar el poder del PSUV, de
Chávez, Maduro y demás revolucionarios de pacotilla y, al parecer, poner francamente
en duda el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro como Presidente de la
República. Decimos, que, en principio,
la empresa es la víctima, porque ella sufre los embates de la demagogia y el populismo barato gubernamental; pero, los
verdaderos afectados, son los usuarios, los afiliados y el personal que labora
en la empresa, por no decir, que la salud de un importante sector de la
población venezolana.
La empresa, con la que no
tenemos otro vínculo que ser usuario de
ella y tener una hija afiliada en el plan de cobertura ilimitada, debido a que
fue excluida de nuestro instituto de previsión social por haber cumplido 40
años de edad, le debemos agradecimiento por la calidad de servicio y habernos
salvado de la ruina económica, pues, el
monto de la factura era impagable para un profesor universitario. La
empresa, nació hace más de 50 años en España; por
consiguiente, no había nacido, ni E.
Capriles, el enemigo a vencer, y, menos aún, quizá, el enfermo de odio vice-presidente de esa franquicia
gubernamental llamada PSUV. En el año 1980, la empresa fue establecida en
Colombia (Colsanitas) y, en 1998, se creó en Venezuela. Opera, también, en
Perú, Brasil. Estados Unidos y México. La empresa tiene un concepto innovador de la protección
integral de la salud y se ha constituido en
un importante factor de complementación y, en algunos casos, el
venezolano, por ejemplo, sustituto de la deteriorada y casi inexistente red de
servicios de salud públicos. La empresa, en materia de afiliación, no tiene
exclusiones derivadas de edad, sexo o preexistencia de enfermedades, aunque,
sí, algunos lapsos de espera. Lo más
innovador es la cobertura ilimitada. Ninguna empresa de seguro en Venezuela
ofrece este tipo de cobertura y, si la ofreciese, la prima sería impagable por
la gran masa de pobladores venezolanos. Los servicios médicos y de salud que
brinda la empresa son costosos, sin duda, para una población que percibe
ingresos de hambre; pero, su costo, no es nada distinto, a los costos
establecidos en baremos admitidos por la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora, Compañías de Seguros, incluyendo
las estatales, y por los Hospitales y Clínicas Privadas. La
elevación de costos no es un capricho de los oferentes de servicios de salud o
entidades prestatarias de servicios de salud, como se les conoce, ni de
las excesivas ganancias de los capitalistas, aunque, no negamos, que haya quien quiera
pescar en río revuelto, como ignorantemente piensa ese caballero que Maduro
colocó al frente de la economía nacional,
para mayor desafuero. La inflación de costos
en los servicios de salud en Venezuela, inaguantable para la gran
mayoría de la población, es producto,
inducido, por las erráticas políticas económicas y monetarias gubernamentales y
por el ataque desenfrenado e inmerecido al sector privado de la economía
nacional.
Una mente sensata, con algún
conocimiento de la actividad aseguradora; pero, sobre todo, con conocimiento
sobre el costo de garantizar la salud, bien sea por la vía de instituciones
públicas o privadas, sabe perfectamente
que los servicios de salud requieren de insumos, por lo general no producidos en el país, que deben
ser importados; equipamiento médico con
tecnología de punta; y, de un personal médico y para-médico altamente
calificado, para sólo citar tres de los principales requerimientos. Sabe, igualmente, base de la teoría de riesgo,
que a mayor edad cronológica hay mayor probabilidad de enfermar, por lo tanto,
la prima a pagar por el seguro de salud,
se incrementa con la edad. El Estado no asigna divisas preferenciales
al subsector privado de la salud, al
parecer, tampoco, lo hace con el subsector público, a juzgar por la grave
crisis en la cual se mantiene, razón por la que el sub-sector privado, a los fines de
garantizar lo prometido a la población afiliada: el cuidado integral a la
salud, debe acudir al mercado negro o paralelo de divisas para adquirir en el
exterior lo que no existe en el país. Ante esta situación, es natural y lógico,
que tal hecho se refleje en la estructura de costos y que los mismos se
trasladen a los usuarios o afiliados y éstos se resientan y opongan al
aumento, como ocurre, hoy, en Venezuela, con todos los bienes y servicios.
Pero, adoptar medidas
arbitrarias, impensadas, sin brindar oportunidad a la defensa, sin explicación
alguna, como lo ha hecho el gobierno con la empresa de medicina pre pagada en
referencia, es, simplemente un acto de abuso de poder, un atropello, que lejos de
beneficiar a la población a la larga la perjudica. Al gobierno nacional no le
interesa la salud de la población venezolana, hecho demostrado plenamente con
el desempeño de las instituciones públicas
de la salud y la escandalosa
cifra de once millones de personas aseguradas en HCM, básicamente funcionarios
públicos, cuya cobertura es de ficción, la cual se agota en un ingreso por
emergencia. El costo de la mediocre, inoportuna e ineficaz asistencia médica
pública en Venezuela es más alto que la ofrecida por el sector privado. Basta
sólo comparar el índice de rotación de una cama en una clínica privada y en un
hospital público. El resultado es asombroso. Mediante el diálogo es posible
llegar a acuerdos. Si el gobierno facilita los insumos y las divisas
preferenciales para su adquisición, los costos bajan. Si se crea, por ejemplo,
un fondo de emergencia, solidario, para
atender enfermedades críticas y catastróficas, o, al adulto mayor, la carga se redistribuye entre todos y todos
tenemos acceso a los servicios de salud, no importa el origen del prestatario
del servicio. Para ello se requiere que la mano de Dios-dado salga de escena.
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