DELITOS PRESIDENCIALES
Absalón Méndez Cegarra
El Presidente es el primer
magistrado de la República. Venezuela es un país con un régimen político
presidencialista. El Pacto Político reconoce la figura presidencial y la
reviste de ribetes importantes y significativos e, inclusive, establece, las
condiciones o atributos que se requieren para ser Presidente; pero, de un
tiempo a esta parte, cualquier ciudadano puede ocupar la silla presidencial sin
importar cómo y de qué manera. Antes se pensaba en el Presidente como un estadista, es decir, una persona que se había
cultivado para el ejercicio del poder político, conocía a profundidad la cosa
pública, el trato diplomático y las relaciones internacionales; pero, sobre
todo, se trataba de una persona pública que guardaba cordura y respeto por los
ciudadanos. En Venezuela, las cosas han cambiado tanto, que cualquier burro con
corbata, como se dice coloquialmente, puede ser Presidente. El Presidente no
respeta ni se da a respetar.
La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece que el gobierno es responsable. El artículo
139 señala, que: “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad
individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución
o de la ley”. Y, en cuanto al Presidente de la República respecta, el artículo 232 constitucional
establece, que:”El Presidente o Presidenta de la República es responsable de
sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Está
obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los
venezolanos y venezolanas (…)”. El Presidente, en materia de conducta delictiva
común, no tiene fuero especial; en consecuencia, no puede darse el lujo de
atribuir delitos a personas sin prueba alguna, a insultar a los ciudadanos y,
menos aun, a enjuiciar y condenar a personas, la mayoría de las veces
inocentes, porque no es juez, ni fiscal
del Ministerio Público, ni tiene atribuciones para ello.
La población venezolana entera
que tuvo la ocasión de ver y escuchar
por los medios televisivos y
radiales al Presidente de la República desgranarse en insultos contra un
venezolano, cuyo delito, al parecer, es ser Presidente de un conglomerado
empresarial que produce, con enormes dificultades, a pesar de la acción gubernamental, los pocos alimentos que se consiguen en el
mercado venezolano, ha quedado estupefacta.
Increíble que el primer
magistrado del país utilice una cadena nacional
de radio y televisión para dirigirse al país con el único fin de
maltratar, ofender, injuriar y difamar a un venezolano dedicado al trabajo y a
construir, de verdad, patria grande, no a hilvanar discursos sobre el
particular, en los que se afirma que tenemos patria, pero, no hay comida.
El señor Lorenzo Mendoza es un
venezolano dedicado al trabajo. No es un pendenciero. Es, por el contrario, un
compatriota que ha manifestado su amor por esta patria, la que no desea abandonar, porque apuesta a un futuro
mejor para Venezuela y quienes habitamos esta parcela de la tierra. Sus
empresas son islas de excelencia, productivas todas. Queridas y ambicionadas
por otros países. Generan miles de
empleos directos e indirectos y, además, cumplen con la tendencia moderna de la
responsabilidad social empresarial al promover el desarrollo del deporte, la
educación, la salud y la asistencia social. Es inadmisible que el Presidente de
la República, aproveche, indebidamente, su investidura, para llamar y acusar,
sin prueba alguna, al señor Mendoza, de ladrón y otros epítetos
descalificadores.
La conducta presidencial es una conducta delictiva. Lo dicho por el Presidente
está calificado como delito en nuestro Código Penal. El Presidente, con su
conducta, no sólo ha violado la Constitución de la República y los deberes
inherentes a su cargo, ha violado, igualmente, los derechos humanos del señor
Mendoza; y, adicionalmente, ha cometido los delitos de abuso de autoridad,
calumnia, instigación a delinquir, incitación a la guerra civil, difamación e
injuria y, por añadidura, como si fuera poco, el delito de complicidad, pues,
quien tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible y no lo denuncia,
es cómplice, es decir, un delincuente,
al igual que el autor principal del delito, pues, si el Presidente llama ladrón
al señor Mendoza es porque tiene pruebas que lo es, al no denunciarlo
oportunamente, se ha convertido en cómplice, así de sencillo.
En fecha relativamente reciente,
el gobierno nacional propició la reforma del Código Penal para sancionar con
dureza el delito de difamación e injuria.
Sobre la base de esta reforma, quien, hasta ayer, se desempeñó como Presidente
de la Asamblea Nacional acudió a la jurisdicción penal para demandar por
difamación e injuria a los directores de varios medios de comunicación porque
en sus impresos habían reproducido
acusaciones contra su persona,
publicadas en medios extranjeros. El juicio sigue y los demandados han
debido abandonar el país para evitar ir a dar con sus huesos a la cárcel. Pues,
bien, el Presidente de la República ha acusado al señor Mendoza de ladrón, sin
presentar prueba que lo incrimine, lo ha difamado e injuriado y, el Presidente
de la República no está exento de responsabilidad penal.
El señor Mendoza debe tener y
puede tener miles de abogados que lo asesoren, asistan o representen
judicialmente para intentar una acción penal contra el Presidente de la República.
Ignoramos si lo hará, posiblemente, no, en atención al enorme poder
presidencial y la subordinación del poder judicial en Venezuela. Pero, tal
acción judicial sería oportuna, edificante, ejemplarizante y educativa para la sociedad nacional, no importa sus
resultados, de por sí, ilusorios.
Venezuela y los venezolanos
tenemos que cambiar. Debemos darle freno a la impunidad. Es necesario retomar
valores inculcados en el pasado venezolano, cuando llamar ladrón a una persona
era una afrenta que se pagaba, inclusive, con la vida.
El Presidente de la República
debe moderar su lenguaje y la forma de dirigirse a los ciudadanos. Si quiere
respeto debe comenzar por respetar a sus compatriotas.
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