ESTADO DE SUMISIÓN

                                                                                                                           Absalón Méndez Cegarra

 

Hace algún tiempo, no mucho, una magistrada del Alto Tribunal de la República, Presidenta del Tribunal,  al inicio del año judicial,  en su discurso de apertura, destacó que el Estado es único. Ciertamente, ante la comunidad internacional, el Estado es uno sólo; pero, internamente, no, por cuanto en la organización política interna se distingue entre persona jurídica mayor, la República; y, personas jurídicas menores: Entidades Federales y Municipios, por una parte; y, por la otra, tenemos   la separación orgánica o ramas del Poder Público. Además, es necesario diferenciar entre Estado y Gobierno, diferencia que desarrolla claramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6°.  La magistrada, con esta afirmación, le salió al paso a la histórica y convencional separación orgánica del Poder Público  y a los reclamos permanentes de la subordinación de las demás ramas del Poder Público al Ejecutivo Nacional. La independencia de los Poderes Públicos, es tema central y recurrente   de estudio por parte de  la Ciencia Política y tiene como  fuente el pensamiento liberal que dio base teórica y jurídica al Estado Moderno.  En nuestro país, ha estado establecida, desde siempre, en las Cartas Fundamentales, desde la primera, 1811, hasta nuestros días. Constituye aspecto importante en el pensamiento   de El Libertador  Simón Bolívar, quien sentenció sobre lo peligroso que resultaba para un pueblo que el poder descansara en un solo hombre y que él mismo permaneciese por mucho tiempo en el poder,  razón fundamental del carácter alternativo de la forma de gobierno en Venezuela, artículo 6° de la Constitución.  La separación orgánica del Poder Público la encontramos establecida en el artículo 136 constitucional en los términos siguientes: “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.” El genio magistral, para congraciarse con el Comandante  Supremo, dueño y señor de todo lo creado, libertador de la patria, vació toda su inteligencia y saber jurídico pariendo una nueva teoría política, contraria a la separación orgánica del Poder Público, propio del republicanismo,  favorable a la monarquía, al absolutismo y al  poder divino de los reyes.  La magistrada, con esta revelación, con tan  novedosa e innovadora tesis jurídico-política, justificadora, como se ha dicho, de la concentración del poder en una sola mano, puso al descubierto, debidamente fundamentada,  la entrega sumisa, complaciente, de las facultades legislativas, vía Ley Habilitante, por parte de la rama del Poder Legislativo e, igualmente, la dependencia de las restantes ramas del Poder al Ejecutivo Nacional, es decir, al Presidente de la República, amo y señor de sus súbditos.

La magistrada en referencia, expresamente destacó que lo único importante en un Estado nacional, de tipo republicano como el nuestro, es, el Ejecutivo; por consiguiente,  todo lo demás sobra, es inútil y, todo lo demás, para el caso venezolano, son las cuatro ramas o poderes en que suela separarse orgánicamente el Poder Público: Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano.  Lo cual explica, en parte, la situación anómica en la  que vivimos los venezolanos.

En nuestro país se ha trastocado todo. El Pacto Social acordado por los venezolanos en 1999 no sirve para nada, no garantiza nada. Ni siquiera, como se decía en el pasado, sirve para sentarse  en el suelo,  para evitar ensuciar el vestido, por cuanto el librito de color azul  que a diario se enarbola es muy pequeño. No protege nada.

En una República, como la venezolana,  al menos formalmente, sí las ramas del Poder Público han renunciado a sus competencias y facultades, como, ocurre, a diario, todo a favor del Presidente, quien, desde hace años, es legislador, juez, arbitro electoral, fiscal acusador y, naturalmente, gobernante, no se puede esperar que el resto de la institucionalidad de la nación funcione de otra manera; en consecuencia, el país está lleno de instituciones inútiles a las que sólo el pobre pueblo tiene, necesariamente,  que prestarle atención, pues, de lo contrario va a para con sus huesos a la cárcel, acusado de cuanta delito exista:  golpista, desestabilizador,  magnicida, insubordinación, asociación para delinquir, etc.

Por esta vía, instituciones como Gobernaciones, Alcaldías, Consejos Legislativos y Concejos Municipales, sin modificación alguna del texto constitucional,  se han venido a menos; igual,  organismos de cogobierno universitario;  Banco Central de Venezuela; Procuraduría General de la República; Empresas del Estado; Institutos Autónomos y, de manera muy especial y particular, las Fuerzas Armadas Nacionales, institución ésta, que, contrariando la Constitución, se ha constituido en el partido político del gobierno, además, con pleno apoyo del TSJ.

Escuchar a un general soleado  en la sesión solemne  de la Asamblea Nacional, con motivo de la fiesta patria del   5 de julio, fecha conmemorativa de la firma del Acta de la Independencia, violentar, públicamente, todo el ordenamiento jurídico, habla muy mal de la institución militar; luego, un desfile militar, en el que se rinde honores a países extranjeros, de los que somos, sin duda alguna colonia, y, pasar por debajo de la mesa al mismo Presidente de la República y, al propio Padre de la Patria, porque la línea de mando de la FAN la encabeza un hombre muerto, al que califican de nuevo libertador y comandante supremo, es, sin duda alguna vergonzante para la FAN y para el país. Las Fuerzas Armadas, por su propio bien, por el bien de su profesionalismo, por el bien de la patria y sus instituciones, debe reconstituirse para el pleno ejercicio de la gran misión   que la sociedad y el Estado, no el Presidente de la República, le han encomendado. Una institución piramidal, obediente y disciplinada, no significa institución postrada y humillada.