PRESUPUESTO UNIVERSITARIO 2015

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO 2015

                                                                                                                   Absalón Méndez Cegarra

Las Universidades Nacionales Autónomas y de vieja data se enfrentan, nuevamente, a una situación presupuestaria  que no satisface, en lo más mínimo, las perspectivas para su crecimiento y desarrollo. La asignación presupuestaria que acuerda el gobierno para estas Universidades, a través del Ministerio de Educación Superior, ahora, con un nombre extenso, producto de la improvisación y del  pretender que con cambios de nombre se resuelve los problemas, es una constante desde mediados de la primera década del siglo que corre velozmente. El presupuesto universitario se mantiene en una cifra fija, no se incrementa, porque para el gobierno nacional en Venezuela no ocurre nada, no hay inflación, no hay pérdida del poder adquisitivo de la moneda, no se necesita importar con divisas  a valor libre nada, no hay incremento de la matrícula estudiantil, no hay reposición de cargos, no hay que hacer mantenimiento de instalaciones y equipos, no hay investigación, no hay publicación, no hay asistencia a eventos, no hay intercambio científico, no hay jubilaciones, no hay obligaciones laborales que cumplir, no hay providencias estudiantiles, en fin, hay un inmovilismo total. Algo, así, como un paraíso terrenal, un mundo de quietud y felicidad plena, donde todos hemos alcanzado, con el sólo anuncio en el Plan de la Patria, el “buen vivir”.

La distribución del presupuesto universitario, desde siempre, no responde a criterio técnico alguno y, menos aún, a la observancia de las leyes y demás normas que regulan la materia, tal es el caso de la forma como la Ley indica debe elaborarse el presupuesto y las instancias que deben dar su aprobación. El presupuesto universitario es caprichoso, para llamarlo de alguna manera, responde más al juego del gato y el ratón que a otra cosa. En las universidades hay dependencias administrativas, técnicas, especializadas en materia  presupuestaria. A ellas se les pide, de la noche a la mañana, que elaboren el presupuesto y en un ejercicio de artificios mágicos lo elaboran y envían a la OPSU, instancia que lo lleva al CNU para su aprobación, previo el respectivo recorte, por cuanto estas  instancias, de antemano, sin presupuesto alguno, ya saben cuánto van a asignar a cada Universidad, con independencia de lo que ellas han dicho que requieren, eso no cuenta, ni interesa. La asignación de la cuota presupuestaria de cada universidad la decide el gobierno y punto. Lo que deviene, al final, en un premio o un castigo. A las llamadas universidades oficialistas, se les  premia por su obediencia perruna;  a las que, según el gobierno y en apariencia,   le son adversas,  se les castiga, colocándolas al borde del colapso, de la muerte.

Ahora bien, de la misma manera y con la misma fuerza que condenamos y rechazamos la conducta gubernamental respecto al trato presupuestario que suele dar a algunas universidades, debemos rechazar, también, el actuar universitario de autoridades y gremios. Las universidades, como hemos afirmado, ignoran los preceptos legales y participativos para la elaboración presupuestaria. No hay transparencia ni instancias de control. Nadie puede saber, salvo el gobierno, que, si lo sabe, sí el monto del presupuesto calculado por las universidades  es real, objetivo, y se corresponde con los requerimientos de la comunidad universitaria o, por el contrario, es abultado, y se pide cien para que concedan cincuenta, porque se sabe que con esa cantidad se puede funcionar. Esta práctica perversa, que existe y el gobierno la conoce y utiliza a perfección, produce laceraciones en varios frentes. En la universidad, como un todo, sin duda; en sus instalaciones y equipos; en la docencia, investigación, extensión y servicios a la comunidad; pero, lo más grave, es que el déficit presupuestario se cubre a expensas del incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales con sus trabajadores, en especial, con los miembros del personal docente y de investigación y, de allí, que a las autoridades universitarias o, a algunas de ellas, para no generalizar, les resulte cómodo no afanarse por la cuestión presupuestaria, pues, al fin y  al cabo, las víctimas son los trabajadores y los estudiantes,  a quienes  se  les estimula, por debajo de la mesa, sin ponerse al frente de la lucha,  como corresponde a todo patrono o empleador,  para que salgan a la calle, se conviertan en carne de cañón, exigiendo presupuestos justos, ¿para qué y para quién?, por cuanto una vez lograda alguna reivindicación las autoridades la administran a su real saber y entender, adoptando, ahora, sí, la conducta del patrón ruin y miserable, que niega a los trabajadores sus derechos laborales.

Por estas y otras razones no vemos con buenos ojos los acuerdos alcanzados en la Asamblea de Profesores de la UCV, celebrada en fecha reciente, en la que se hace un llamado a retomar el conflicto y se pide el auxilio de los estudiantes, a quienes, en los primeros meses del año, se les dejó solos y sin apoyo en sus justas luchas de protesta por la situación que agobia a todos los venezolanos. Los estudiantes y jóvenes, sólo ellos,  pusieron los muertos, heridos y los miles de detenidos y sometidos a juicio. Durante las protestas sociales no hubo marchas ni concentraciones, encabezadas por autoridades universitarias, ni requerimiento de recursos. No hacía falta nada.

Pero, hay otro elemento que llama a  reflexión. Resulta difícil comprender que en el  momento justo  que el Ministerio de Educación Superior aprobaba la cuota presupuestaria de las Universidades, se celebraba una reunión del CNU y, todos los asistentes, rectores de AVERU y de ARBOL, representantes de Universidades Privadas, representantes estudiantiles y profesorales, todos, al unísono,  alababan al Ministro por su ejemplar actitud; pues, bien, corresponde, entonces, a los rectores, no a los profesores, trabajadores  y estudiantes, mantener abiertas las puertas de las universidades, cumpliendo con las obligaciones laborales tal cual han sido acordadas, y, las  académicas en general, o, en su defecto, asumir la responsabilidad de cerrar las puertas universitarias. No más engaños, ni subterfugios. Aquí no se trata de hacerle el juego al gobierno, este juego  está en pleno desarrollo y tiene actores fundamentales.