PRIVACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICINAS EN VENEZUELA
Absalón Méndez Cegarra
La situación política, económica y social en Venezuela está llegando a límites insoportables. La población vive en permanente estado de desesperación, en espera de un milagro o un hecho cualquiera que ponga fin a la nube negra o roja que cubre el territorio nacional. Ya, ni siquiera, pensamos en un país mejor, puede ser peor que lo que tenemos, sí, es, que existe algo peor; pero, el desespero es tal, que, la sola idea de salir de esta pesadilla, otra cosa distinta es preferible.
La pandemia del covid-19 nos tiene sin cuidado con todas sus amenazas y peligros. Lo demuestra la cantidad de gente que sale a las calles a trabajar y a buscar comida. A la pandemia se le dan vacaciones cada 8 días y retorna con su potencial fortificado. Ahora, en acto demagógico e irresponsable, electoralista, el gobierno nacional le concede al covid-19 un mes de vacaciones para que disfrute las fiestas navideñas y salga a pasear y visitar la ciudad de Caracas alumbrada con luces multicolores, no importa que el resto del país carezca de servicio eléctrico, importante es engañar al pueblo haciéndole creer que estamos bien, que tenemos dinero para repartir a manos llenas, no importa que ello se convierte en gasolina para la candela inflacionaria y cada día el acceso a bienes, productos y servicios resulte imposible. La campaña electoral con todo lo descolorida y engañosa que se muestra produce sentimientos encontrados.
El pueblo al cual se convoca a votar ignora por quien hacerlo. Se trata de un acto ciego, irracional. Las franquicias políticas que fueron adquiridas por el gobierno para aparentar pluralidad y controversia, no hallan que decirle al electorado. Carecen de mensaje, de contenido, inclusive, demagógico. La consigna electoral, es “vamos juntos”. Y, es verdad. Vamos juntos al desastre, al abismo. El partido-gobierno habla de rescate de la AN, la misma que tuvieron durante 15 años, servil, sumisa y complaciente. Presta a declinar la función legislativa en el Ejecutivo para que éste gobierne sin control alguno, por Decreto con valor y fuerza de ley.
Un pueblo, con cierta madurez política, cansado de tanta burla y engaño debería reaccionar rechazando categóricamente la farsa electoral programada para el 6D. La población venezolana, residente y no residente en el territorio nacional, debe saber que estamos en presencia de un plan de exterminio de grupos vulnerables, entre ellos, niños y ancianos, bien pensado y asesorado externamente. Las políticas económicas y monetarias que adopta el gobierno nacional así lo confirman.
La privación de alimentos y medicinas a la que se ha sometido inhumanamente a los venezolanos o, a la mayoría de los venezolanos, para ser exactos, está considerado en el Estatuto de Roma, instrumento jurídico internacional, constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), suscrito y ratificado por 124 países, entre ellos, Venezuela, vigente desde el primero de julio del año 2002, como “exterminio”, es decir, un crimen de lesa humanidad, el cual debe ser perseguido, condenado y sancionado en todo tiempo y lugar, tanto por las jurisdicciones penales nacionales como por la CPI.
El Estatuto de Roma declara que la CPI es competente para conocer de los “crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” y, enumera los siguientes: a) crimen de genocidio; b) crímenes de lesa humanidad; c) crímenes de guerra; y, d) crimen de agresión. Entre los crímenes de lesa humanidad tenemos, entre otros, el asesinato; el exterminio; la esclavitud; la tortura; desaparición forzada de personas; y, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
El crimen de “exterminio” comprende, según el Estatuto de Roma, por tanto, no es invento nuestro, “la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación de acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.
Pareciera que el Estatuto de Roma´, adoptado en Italia, en el año 1998, se anticipó a los tiempos de la “revolución bolivariana”, pues, el artículo 7 del Estatuto, “crímenes de lesa humanidad”, es un fiel retrato de lo que acontece en la Venezuela 2020.
Dos grupos de población venezolana, considerados vulnerables, están siendo sometidos a “exterminio” por privación de alimentos y medicinas. Nos referimos a los niños y ancianos que mueren de inanición y por falta de recursos para adquirir las medicinas que alivian y curan sus enfermedades. Estos crímenes de lesa humanidad, condenables desde todo punto de vista, deben ser sancionados por la comunidad internacional y sus autores condenados por la justicia penal internacional.
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