PROTECTORADOS VENEZOLANOS

                                                            PROTECTORADOS VENEZOLANOS

 

                                                                                                                    Absalón Méndez Cegarra

La institución intervencionista desarrollada por las Naciones Unidas y por los imperialismos de distinto tipo conocida con el nombre de “protectorado”,  está estrechamente relacionada con el mundo colonial.

Los diferentes imperios, en el pasado y aun en nuestros días,  en su lucha por repartirse el mundo conocido para ejercer sobre él dominación y subordinación, crearon diversas figuras institucionales, además del coloniaje puro y simple, para mantener el control y ejercer sobre determinados Estados, considerados minusválidos, plena autoridad política y una clara participación en los asuntos internos. Una de estas figuras, podríamos decir que,  en desuso en el campo  internacional actual, es el protectorado. Mediante el protectorado un  Estado cualquiera, apetecido por otro Estado imperial, era y es sometido   a  un tutelaje, el cual, a decir verdad, ata de manos  el ejercicio de la soberanía  y obstaculiza la autonomía para decidir sobre los asuntos internos.

La referencia viene al caso porque la institución del protectorado, un poco pasada de moda, ha sido reeditada por el gobierno venezolano, con caracteres que llaman poderosamente la atención, por cuanto se trata de una medida interna con la que se busca frenar el crecimiento de la oposición política al régimen de turno, buscando su mediatización en los lugares donde la oposición ha alcanzado éxitos electorales indiscutibles. Por consiguiente, no es que el Estado venezolano esté sometiendo a otros Estados, al contrario, es sometido; pero, internamente, en la división política-territorial, el Estado mayor, persona jurídica mayor, está procurando el tutelaje de las Alcaldías y Concejos Municipales, es decir, de las personas jurídicas menores, que, en mala hora, para el gobierno nacional,  recibieron la confianza de la voluntad popular, circunstancia que irrita al imperio interno y hace desatar toda su furia.

En Venezuela, el pasado 8D se realizó el proceso electoral para elegir Alcaldes y Concejales Municipales.  La población venezolana, haciendo gran esfuerzo, casi sacrificio,  acudió a las urnas electorales, disminuyendo significativamente la abstención histórica en elecciones similares. Este acto, sin duda alguna, significó un reconocimiento al árbitro electoral, por lo que candidatos, organizaciones políticas y población electoral, en conocimiento de las reglas del juego, aceptaron participar en el evento electoral con dichas reglas. La voluntad popular se dividió casi en partes iguales, aun cuando esta distribución no se materializó en igual   número de  triunfos; pero, los triunfos alcanzados por uno y otro sector político, dan cuenta del deseo ferviente que tiene un amplio sector de la población por la descentralización y el desarrollo pleno de la autonomía municipal, aspecto éste que los candidatos a Alcaldes y Concejales, tanto triunfadores como perdedores, habían prometido y comprometido en la campaña electoral; pero, estos candidatos, al menos los opositores, no contaban con la sorpresa que guardaba el gobierno, ignorar dichas promesas y la efectividad de los triunfos.

 El gobierno nacional, en conocimiento de los resultados electorales, sacó el hacha de la guerra, a sabiendas que desde el señor Presidente de la República para abajo, se había comprometido a respetar el triunfo electoral, cualquiera fuera el color del mismo. Acto seguido, y, los hechos hablan por sí solos, derrotado el candidato oficialista, en el caso de la Alcaldía Metropolitana,  por lo demás, buen candidato, se puso en evidencia, una vez más, y, así lo hizo saber el gobierno   al elector y al mundo,  que lo prometido en campaña sobre la descentralización y reivindicación del Poder Público Municipal, era falso, se trataba de un simple ejercicio demagógico, orientado a ganar voluntades electorales.  En consecuencia, no era cierto que el candidato a Alcalde Mayor, de resultar ganador, reconquistaría las facultades, atribuciones y recursos económicos de lo cual fue despojada violenta y arbitrariamente, en el pasado reciente,  la Alcaldía Mayor, contrariando expresas disposiciones constitucionales y legales.

 Es evidente, que el solo hecho de no conquistar el triunfo en algunas Alcaldías de importancia significativa despertó las verdaderas intenciones e intereses del gobierno nacional, es decir, el desconocimiento de la voluntad popular cuando esta voluntad le es adversa, lo que lleva a preguntarnos, ¿Para qué elecciones?, sí,  luego de conocidos sus resultados, el gobierno los desconoce mediante actos de gobierno que anulan  la soberanía del pueblo.

Resulta una burla y un irrespeto al elector, repudiable desde todo punto de vista,  que, en un acto de soberbia, el señor Presidente de la República, otorgase como premio de consolación, al candidato perdedor de la Alcaldía Metropolitana, un cargo ministerial cuyo único propósito es dejar sin efecto la voluntad popular y cercar, nuevamente, el ejercicio pleno de la Alcaldía Metropolitana. Igualmente, causa estupor, que el señor Presidente, anuncie para las demás Alcaldías, en las que no  resultó triunfante el oficialismo, la designación de funcionarios con el cargo de protectores,  es decir, la creación de una situación tutelar, supuestamente, para proteger a los indefensos pobladores de estos municipios de las patrañas de sus Alcaldes electos.

Hay un refrán popular que reza: “tanto va el cántaro al agua, hasta que por fin se rompe”. Este refrán, advierte sobre el abuso del poder y las consecuencias que el abuso puede desencadenar. El pueblo venezolano es pacífico, cree en la democracia, en el sistema electoral para renovar sus autoridades, razón por la que concurre a cuanta elección se le convoque; pero, también, exige respeto de la voluntad expresada mediante el voto. No existe razón alguna para que el gobierno nacional, coloque estructuras que impidan que los Alcaldes, favorecidos por el voto opositor,  ejerzan el mandato que han recibido del pueblo, libre y soberano. La figura de protectorado no debe continuar. Corresponde a Alcaldes y Concejales levantar la voz de protesta y convocar a sus electores a repudiar esta medida gubernamental, la cual niega por completo una voluntad expresada abiertamente en las urnas electorales como manifestación de búsqueda dl equilibrio de los poderes públicos,  la paz social y el encuentro de todos los venezolanos.