LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: UNA MIRADA DESDE LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA.

CONFERENCIA CLACSO VENEZUELA

JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN

EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Caracas, 6 al 8 de Noviembre de 2013

 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: UNA MIRADA DESDE LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA.

                                                                                                                Absalón Méndez Cegarra, Profesor Titular de la

Universidad Central de Venezuela.

Coordinador del Área de Postgrado en Seguridad Social,

 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

 

 

Introducción

La seguridad social, a lo largo de su historia conocida, ha vivido momentos de auge, esplendor y debilitamiento. En la actualidad, la seguridad social se inscribe dentro del amplio campo de las formas de protección social, ideadas por los seres humanos desde su aparición hasta nuestros días, para atender los “estados de necesidad”, resultado de los distintos hechos: biológicos, económicos y sociales, que los causan. En las sociedades de hoy, la seguridad social se constituye, erige y define como una política pública, que compromete seriamente al Estado, por cuanto, en primer término, la sociedad universal la ha reconocido como un derecho humano y social fundamental; y, en segundo lugar, el Estado, se ha constituido en el garante de su efectividad.

 

En América Latina y el Caribe, la seguridad social ha pasado por varias etapas o momentos, que la diferencian, relativamente, de la forma como ha logrado su consolidación en otros lugares del mundo.

 

La seguridad social se enfrenta a grandes desafíos. El mundo ha cambiado de tal forma que los pilares que constituyeron la base de sustentación de la seguridad social  en el pasado, han empezado a fragmentarse y debilitarse considerablemente, por lo que muchas de las reformas que se proponen, en apariencia,  para fortalecerla, como ha pasado recientemente en América Latina, terminan desnaturalizándola totalmente. Uno de los grandes desafíos de la seguridad social es el de la ampliación o extensión de su cobertura en un contexto económico, político, social y cultural, absolutamente adverso  a  tales propósitos. Pero, la ampliación de la cobertura de la protección social se está logrando en algunos países latinoamericanos, merced a un expansionismo de la asistencia social, entendida, básicamente, como transferencia directa de recursos, principalmente, dinerarios, sin contraprestación alguna por parte de los beneficiarios de la ayuda económica asistencial, hecho que no contribuye a superar los estados de desprotección social, sino a mantenerlos atenuados en su potencialidad, lo  que convierte a la política social pública en una modalidad de asistencia clientelar, legitimadora de un determinado orden social y político.  Demostrar este aspecto, premisa básica, constituye el principal objetivo de la presente ponencia.

 

1.      La Seguridad Social: Un instrumento de protección social

 

Las organizaciones internacionales del tipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así, como los organismos especializados en seguridad social, tal es el caso de la Asociación Internacional de la  Seguridad Social  (AISS),  en los últimos años, han llamado la atención de los Estados Miembros sobre el  crecimiento de la población en situación de pobreza, concebida  no sólo como privación económica, sino como una situación de desprotección e indefensión,  y, las dificultades de la seguridad social no sólo para buscar solución al fenómeno de la pobreza, sino para evitar que el mismo siga  expandiéndose y captando sectores de la sociedad.

 

La seguridad social, bajo el enfoque de las políticas públicas, particularmente, política social e, igualmente, bajo el escrutinio del sector privado de la economía,  ofrece la posibilidad de miradas múltiples. Es, sin duda, para muchos autores, una política laboral y, como tal, contribuye a la reproducción de la fuerza de trabajo. Es, igualmente, un impuesto a la nómina laboral que incrementa el costo de la fuerza de trabajo. Es, un mecanismo de distribución de renta o riqueza social producida; por consiguiente, una compensación por el esfuerzo realizado; y, por último, es, el reconocimiento social a un derecho humano y una responsabilidad compartida fundada en la solidaridad social.

 

El enfoque, concepción o fundamentación que se determine de la seguridad social signará su estructura y funcionamiento e, inclusive, su carácter  y alcances tanto  en términos de cobertura poblacional  y de cobertura contingencial (estados de necesidad-contingencias), como sistema  de protección social y, trazará las líneas que en los distintos países del mundo  asume la seguridad social y los regímenes  o ramos que la constituyen, en términos de modelos. Dos grandes orientaciones o tendencias guían la configuración y diseño de los sistemas de seguridad social: cobertura universal o cobertura sectorial o profesional. Por lo general, los sistemas de seguridad social asumen modelos mixtos, conformes a las características socio-económicas de los pueblos y a los mismos regímenes  de aseguramiento de las contingencias.

 

2.      La Seguridad Social en América Latina y el Caribe: Campo o ámbito de aplicación de los Seguros Sociales.

 

El sub-continente latinoamericano y caribeño presenta características muy particulares en materia de seguridad social. Cuatro grandes momentos, etapas, períodos o fases, son distinguibles en la evolución histórica de la seguridad social, en el entendido que utilizamos el término seguridad social, no en el sentido restringido de una modalidad de aseguramiento, sino en una  más amplia que comprende variedad de formas de protección social: universales y sectoriales;  asegurativas y asistenciales; contributivas directas y no contributivas; obligatorias y voluntarias; principales y complementarias. Un primer momento,  el que comprende el largo período colonial y republicano, hasta los inicios del siglo XX, cuando hace su aparición la institución de los seguros sociales. Durante este prolongado período encontramos lo que Manuel Almansa Pastor, denomina “Medidas Protectoras Inespecíficas” (Almansa Pastor, 1973); y, otros autores, como Javier Montezuma y Rafael Uzcátegui Díaz,  prefieren llamar “prehistoria” de la seguridad social, o,  “etapa clásica” de la seguridad social. El segundo momento, está marcado por la creación y evolución  de los seguros sociales, con su concepción o sesgo profesional, obrerista o laboralista, el cual puede, perfectamente, prolongarse hasta la actualidad, es decir, la “etapa” moderna o, la “historia” de la seguridad social; pero, que, preferimos, interrumpirlo, con el tercer momento, es decir, el proceso de reforma de la seguridad social, en su versión seguros sociales, el cual se inicia en la década de los años 80 del siglo pasado, para debilitarse, al menos en América Latina, hacia finales del siglo XX, cuando irrumpe lo que podemos denominar, la contra-reforma de la seguridad social. Finalmente, el cuarto y último momento, en pleno desarrollo, la revitalización de la asistencia social como modalidad para ampliar la cobertura de la seguridad social y hacer de la seguridad social un derecho de todos. Estos momentos son simplificados por Carmelo Mesa-Lago (Mesa-Lago, 1991),  en sus múltiples estudios sobre la seguridad social en América Latina y el Caribe, al establecer, a partir de la fecha de creación de los seguros sociales en latinoamérica y el Caribe, una clasificación de los países en: pioneros, intermedios y tardíos. Países pioneros, son  aquellos, por ejemplo, Chile, Cuba, Argentina, Uruguay, en los que los seguros sociales, como institución protectora de los trabajadores subordinados, se establecen en las primeras décadas del siglo XX. Países intermedios, son la gran mayoría: México, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, en los que los seguros sociales, se crean a partir de los años cuarenta del siglo pasado. Países tardíos, los países que han logrado más recientemente su independencia, tal es el caso de los países del Caribe.

 

Los seguros sociales, en consecuencia, marcan una época en la protección social asegurativa de la población latinoamericana y caribeña; y, por tal motivo, se convertirán en el epicentro de lo que denominamos, proceso de reforma de la seguridad social, la cual, siguiendo a Mesa –Lago, y, dependiendo, precisamente, de lo que suceda con la institucionalidad de los seguros sociales, la reforma será estructural o  no estructural. Las reformas estructurales son de tres tipos: Modelo Sustitutivo; Modelo Paralelo; y, Modelo Mixto. Las reformas no estructurales, refieren a la incorporación de algunos cambios no sustantivos.

 

La  reforma estructural hace desaparecer en el corto, mediano o largo plazo,  los seguros sociales. La reforma no estructural, permite la continuidad  de los seguros sociales, remozados en algunos aspectos, y, su convivencia,  con otros esquemas protectores y asegurativos. El proceso de reforma de la seguridad social en América Latina y el Caribe, marca un hito, en cierta manera, en la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar la seguridad social  a todas las personas, pues, en las estructuras organizativas de la seguridad social en América Latina y el Caribe se observa la aparición de la mercantilización-privatización de la seguridad social.

 

3.      Cobertura de los seguros sociales y de la seguridad social en América Latina y el Caribe antes y después de los procesos de reforma.

 

Los seguros sociales, como ha quedado señalado anteriormente, es la institucionalidad asegurativa por excelencia en América Latina y el Caribe, durante el siglo XX, institucionalidad que hace vida común con una heterogeneidad de organismos de carácter  previsional de la más diversa naturaleza: benéficos, caritativos, mutualistas, cooperativos, contractualistas y asistenciales.

 

Los seguros sociales se consolidan en América Latina y el Caribe bajo el mismo esquema que le dio origen en la Alemania de Bismarck,  en  1883, es decir, como una modalidad de protección obligatoria  de la fuerza de trabajo que compromete por igual a trabajadores, empleadores y el Estado, que frena la potencialidad del conflicto social obrero-patronal.

 

Los seguros sociales inician su plan de protección por las contingencias relacionadas con la salud de los trabajadores y, progresivamente,  avanza hacia otros ramos de aseguramiento, como por ejemplo, la pérdida de los medios económicos de vida  como consecuencia de causas biológicas: enfermedad, accidente, vejez, muerte;  y, la pérdida del empleo.

 

En 1952, La Oficina Internacional del Trabajo, (OIT), en la conferencia de ese año, aprueba el Convenio 102, mejor conocido como “Norma Mínima de Seguridad Social”, en la que se establecen las contingencias mínimas que deben cubrir los seguros sociales en los países que suscriban y ratifiquen el Convenio y los sectores de población amparados.

 

El sesgo profesionalizante o laborista que se da a los seguros sociales desde su inicio resultará, a la postre, en una de sus mayores debilidades, por cuanto, los seguros sociales se mantienen con una cobertura poblacional muy baja- fuerza de trabajo ocupada en el sector formal de la economía-, lo que sirve de argumentación para que cobre ímpetu la tendencia universalista; pero, bajo un esquema de responsabilidad individual, con lo que pierde fuerza la solidaridad intergeneracional y la dignidad humana, como principios filosóficos, doctrinarios e ideológicos que sustentan la seguridad social como derecho humano fundamental.

 

El argumento reformador es el  de la ampliación de la cobertura, básicamente, en pensiones y salud; pero, el resultado ha sido contrario a lo esperado, sí, es que en verdad, se pensó que un cambio de actores (público-privado) y  una modalidad de aseguramiento (colectivo-individual), podía ofrecer resultados distintos a los obtenidos.

 

Los seguros sociales se mantienen en relación directa con los mercados laborales y la formalidad laboral. Su campo de aplicación personal, como se ha dicho, por lo general, es el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), ocupada en el sector formal de la economía, salarizada  y localizada en centros urbanos y polos de desarrollo industrial, cifra que hasta el inicio de la reforma no superaba, en promedio,  el 30% de la PEA. Y, luego, del freno puesto al proceso reformista, se incrementa a un promedio regional de 40%, incluyendo en este promedio la cobertura de la seguridad social en Chile y Costa Rica,  las de más alta cobertura poblacional regional. Con la reforma de la seguridad social, desde la perspectiva pensional,  elemento central de la reforma y definitorio en un sistema de seguridad social, al inicio, como se ha indicado, la cobertura tiende a ampliarse; pero, tan pronto aparecen los desequilibrios en la producción y en los mercados laborales, la tendencia expansiva se frena y comienza a retroceder, cualitativa y cuantitativamente.

 

La reforma, al menos, la reforma pensional, no cumplió, en su inicio e, igual,  posteriormente, el objetivo de ampliar la cobertura pensional en América Latina y el Caribe, lo que facilita la aparición de una corriente favorable  a la contra-reforma. En materia de cobertura de la seguridad social conviene distinguir entre cobertura legal, cobertura estadística y cobertura real. La primera, es posible que tienda a la universalidad, “todas las personas tienen derecho a la seguridad social”; la segunda, es más restrictiva y refiere a quienes tienen la posibilidad de afiliarse, por ejemplo, “los trabajadores sometidos a relaciones laborales  de subordinación o dependencia, cualquiera sea el salario y medio de desenvolvimiento: urbano o rural”.  Y, la tercera,  los trabajadores, que, en definitiva, se afilian y cotizan regularmente. Estas tres formas de medir la cobertura de la seguridad social, por lo general, no coinciden. La cifra más baja, es, siempre, la de la cobertura real. Y, esta cobertura es, la que según medición hecha por la CEPAL, no supera el 40% en toda América Latina y el Caribe

 

4.      Los Desafíos de la Seguridad Social en América Latina y el Caribe

 

América Latina y el Caribe comparten los retos y desafíos que tiene planteados la seguridad social en el mundo entero.

 

 La AISS, bajo la vocería de Kiefer Sutherland, destaca las bondades de la seguridad social e, igualmente, los  grandes desafíos a los que se enfrenta en la actualidad. Veamos:

 

a)   Cada día y todos los días, la seguridad social mejora la calidad de vida de las personas

b)   La seguridad social hace más que otorgar un seguro en tiempos de necesidad

c)   La seguridad social asegura la dignidad

d)   La seguridad social contribuye a la estabilidad social

e)   La seguridad social es un motor del desarrollo económico sostenible

f)    La seguridad social es un derecho universal fundamental

 

Estas bondades se opacan y oscurecen cuando Sutherland aborda los desafíos actuales de la seguridad social, a saber:

 

a)   Abordar el envejecimiento de la población

b)   Enfrentar la crisis financiera y económica

c)   Reducir la brecha de la cobertura

d)   Lograr una gobernanza sólida

e)   La voluntad política y el rol del Estado en alcanzar la meta.

 

¿Cuál es la meta de la seguridad social en nuestros días?. Lograr que el alcance de la seguridad social se extienda a todas las personas del mundo sin exclusión alguna.

 

Ciertamente, temas como el envejecimiento de la población, los cambios en los mercados laborales, la inflación y la inseguridad en los mercados financieros, conspiran contra la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social, tanto contributivos directos como indirectos o fiscales.

 

La población mundial tiende a envejecer y las tasas de reemplazo poblacional  se debilitan de manera considerable. El envejecimiento de la población ligado con la imposibilidad de los aparatos productivos nacionales para absorber la fuerza de trabajo que anualmente se incorpora al mercado de trabajo, son factores que inciden negativamente en la seguridad social. La seguridad de ingresos en la vejez es uno de los objetivos prioritarios de la seguridad social; pero, este objetivo se estableció en un mundo joven, con elevadas tasas de reemplazo poblacional,  índices de mortalidad infantil y general altos, que acortaban la esperanza de vida al nacer, y, mercados laborales mediados por relaciones típicas laborales, bajo esquemas salariales y  de subordinación o dependencia de un empleador o patrono. Estos factores determinaron que se fijaran edades muy tempranas para la desincorporación laboral y, en algunos casos, requisitos flexibles en cuanto a  edad cronológica, número de cotizaciones y monto de los beneficios pensionales, con modalidades de ajuste periódico. La situación en la actualidad es diametralmente opuesta.

 

La inflación, fenómeno altamente perturbador de la economía y tranquilidad de la población, es devastadora de las economías individuales y familiares. El costo de mantener la salud es sumamente elevado e, igualmente, mantener, el poder adquisitivo del monto de las pensiones, lo que da lugar a los desequilibrios económicos y financieros de los sistemas de seguridad social y, eventualmente, a  la reducción de beneficios prestacionales, característica esencial de los sistemas de seguridad social de la actualidad, inclusive, los regímenes seguristas totalmente privados.

 

La inestabilidad de los mercados financieros es otro factor que incide desfavorablemente en la seguridad social. Los fondos de pensiones ameritan realizar inversiones rentables y seguras para preservar  las reservas técnicas que permiten financiar a corto, mediano y largo plazo las pensiones causadas, lo que ofrece, sin duda, la seguridad de ingresos prometida por los sistemas de seguridad social. Los mercados financieros se muestran inestables, con crisis recurrentes, que ponen en peligro la rentabilidad de las inversiones y la seguridad de ingresos para los pensionados.

 

Mejorar la estabilidad y sustentabilidad de la seguridad social, pasa por atender los desafíos señalados, caso contrario, la seguridad social  perderá sus atributos y bondades, generando gran conflictividad social.

 

5.      La revitalización de la asistencia social

 

En América Latina y el Caribe se alcanzó  durante las primeras cuatro décadas alguno  remedos del “Estado de Bienestar”, que,  el capitalismo avanzado e, igual, los países socialistas, habían conquistado después de la Primera Guerra Mundial. A partir de la década de los años 40, se incorpora en los Pactos Políticos Latinoamericanos, la noción del constitucionalismo social, que había nacido en México, con la Constitución de Querétaro, en 1917.

 

Muchos países latinoamericanos logran desarrollar un marco institucional de bienestar social, de tipo asistencial, conjuntamente, con la instauración de lo seguros sociales. Esta tendencia se mantiene con sus bajas y altas  hasta la década de  los años 80, cuando el pensamiento neoliberal en boga obliga  una reducción  de la participación del Estado y, consecuencialmente, del gasto público en lo social, para dejar espacio al libre actuar de las fuerzas del mercado. Este libre actuar alcanza a la seguridad social  (seguros sociales) contributiva y pública, y abre las compuertas para la concepción de una seguridad social menos solidaria, más mercantilizada e individualizada, contraria al principio de la universalidad de la seguridad social.

 

El evidente fracaso de esta tendencia, al menos, en el propósito, si, ciertamente, lo hubo, de ampliar la cobertura de la seguridad social, hace que en América Latina y el Caribe reflote el populismo como acción gubernamental y, junto con él, el asistencialismo social como política pública orientada a ampliar la cobertura de la protección social a las masas de población históricamente excluidas y a los nuevos pobres.

 

Armando Barrientos,  describe apropiadamente esta situación. Al respecto, afirma:

 

“La protección social,  y especialmente la lucha contra la pobreza, han pasado a encabezar la agenda política en América Latina.(…) No es sorprendente que los gobiernos emergentes de centroizquierda en América Latina presten cierta atención a la pobreza y la desigualdad dadas sus bases de apoyo naturales y su ideología. En cambio, sí es inusual que gobiernos de centro derecha (…) hayan identificado la protección social como un área prioritaria y se hayan comprometido a ampliar los programas existentes de transferencias para combatir la pobreza (…) Lo que caracteriza el reciente interés por la protección social es la proliferación de programas de transferencias de ingresos a hogares en situación de pobreza. Mientras que las políticas de los 90 se centraron principalmente en reformas a la seguridad social, la década de 2000 ha estado dominada por la expansión de la asistencia social. Durante el siglo XX, los sistemas de protección social de la región estuvieron dominados por la seguridad social y el principio de contribución. El crecimiento de los programas de transferencias para combatir la pobreza desde comienzos del siglo XXI, en cambio, hizo hincapié en la asistencia social y el principio de ciudadanía (…)”.(Barrientos, 2012)

 

La seguridad social es un derecho social, fundamental, de toda persona, así lo ha reconocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, buena parte, de las Constituciones Políticas latinoamericanas y caribeñas; por consiguiente, a nuestro juicio, el tema del enfrentamiento de la pobreza no es cuestión de la prioridad que se le conceda a lo contributivo o a lo asistencial. En la actualidad, la seguridad social, concebida como derecho, comprende toda forma de protección social: segurista o asistencial. La seguridad social, desde la perspectiva contributiva, supone que las personas tienen las posibilidades y oportunidades para obtener los medios de vida, satisfacer sus necesidades y asegurar su protección social en todo momento o etapas de la vida humana.  El resplandecer del asistencialismo, no se debe al carácter contributivo de una cierta concepción limitada de la seguridad social, es, a decir verdad, el reconocimiento político de la incapacidad para colocar a las personas en condiciones para procurarse sus medios de vida mediante el trabajo productivo. El asistencialismo no es condenable; pero, la simple transferencia de ingresos económicos a las personas y familias consideradas pobres, lo que ha sido probado a lo largo de la historia humana, no ha sido, ni será, la vía para garantizar calidad de vida y bienestar.

 

6.      Hacia una redefinición  de la política social y la seguridad social.

 

Cuatro documentos, de fecha reciente, emanados de la OIT, OMS y de la AISS, marcan la pauta para una redefinición de la política social y de la seguridad social.

 

A  finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la OIT, preocupada por el rumbo que adquirieron  los procesos de reforma de la seguridad social; la tendencia al envejecimiento de la población;  los cambios en los mercados laborales; las crisis financieras;  y,  el impacto de estos  fenómenos en el equilibrio financiero de los sistemas de seguridad social, elaboró tres  documentos con contenidos de gran importancia y significación para la seguridad social.

 

El primero de estos documentos, se denomina “Seguridad Social: Un nuevo consenso”. En este documento, la OIT hace una revisión profunda de la situación mundial de la seguridad social y su vinculación con las políticas de desarrollo social y económico. Parte, la OIT, de un supuesto básico, el logro alcanzado por la seguridad social en el pasado es producto del consenso de empleadores privados, trabajadores y el Estado. Este consenso se fracturó con las políticas neoliberales que se impusieron en gran parte de los países del mundo, en las dos  últimas décadas del siglo XX,  con resultados lamentables para la seguridad social y, en general, para todos los programas públicos de protección social; por consiguiente, hoy día, se requiere de un nuevo consenso para fortalecer la seguridad social como principal instrumento de protección social.

 

El segundo documento de la OIT, de indudable trascendencia, es el que contiene  “la estrategia de trabajo decente para luchar contra la pobreza”. Con esta estrategia,  la OIT busca, efectivamente, adecentar el trabajo de los seres humanos, procurando mayor estabilidad en el empleo, mejores remuneraciones, mayor protección social de los trabajadores, acceso a las redes de servicios sociales y un regreso al diálogo social. Posteriormente, en el año 2012, la OIT, conjuntamente, con la OMS, dan a conocer  el Informe elaborado por una Comisión presidida por Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, bajo el título: “Piso de Protección Social”. En este documento, la Comisión, llama la atención mundial, sobre la necesidad de definir una política social que supere la situación de pobreza en la  que se encuentra un alto porcentaje de la población  del planeta. Con la política, “Piso de Protección Social” se busca garantizar seguridad de ingresos en la vejez; acceso a los servicios  de salud, atención médica integral y de calidad, ante el riesgo de pérdida de la salud por enfermedad o accidente por cualquier causa; y, acceso a la red de servicios sociales. Esta política combina programas seguristas y asistenciales y el propósito es ampliar la cobertura de la protección social. Finalmente, un cuarto documento, emanado de la AISS, bajo el título: “Una Seguridad Social Dinámica: Asegurar la estabilidad social y el crecimiento económico”, nos presenta un nuevo panorama de la seguridad social y su importancia como factor fundamental del desarrollo económico de los pueblos.

 

Los cuatro documentos, brevemente reseñados, ofrecen a los gobiernos del mundo orientaciones precisas y válidas para redefinir la política social, orientándola a la conquista de la meta de ofrecer seguridad social para todas las personas sin exclusión alguna.

 

Para el caso particular de América Latina y el Caribe, conviene, destacar, también, por su importancia, la Carta Andina de Seguridad Social y los Acuerdos Bilaterales y Multilaterales en materia de Seguridad Social, suscritos por los gobiernos de los países miembros de la  comunidad andina. De igual importancia, es el “Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR”.

 

7.      El desafío de la extensión de la cobertura de la seguridad social en América Latina y el Caribe.

 

América Latina y el Caribe, constituye un sub-continente en el que la seguridad social, desde su instauración en estas latitudes, asumió el sesgo característico de los seguros sociales, es decir, el sesgo laboralista o profesional, lo que dio como resultado una baja cobertura poblacional derivada de la importancia del  sector  primario de la economía y un escaso  desarrollo industrial; por consiguiente, poca población asalariada susceptible de cotizar o contribuir con el financiamiento de los seguros sociales.

 

Oscar Hernández Álvarez, analiza acertadamente esta situación de la cobertura poblacional de los seguros sociales en Latinoamérica, coincidente con el diagnóstico realizado por Carmelo Mesa-Lago. 

 

“(…) En realidad el gran déficit de las sociedades latinoamericanas en relación con sus trabajadores no se encuentra en relación a la existencia de una adecuada legislación laboral sino en la seguridad social.(…) la gran dificultad que experimentan muchos trabajadores que, en general, disfrutan de la tutela legislativa laboral, aparece cuando deben afrontar contingencias que no pueden atender adecuadamente con su salario y demás beneficios legales o contractuales. Cuando el trabajador enferma, muere o entra en una desocupación crónica, cuando se hace viejo y pierde sus facultades productivas, el Derecho Laboral deja de ser un instrumento adecuado de ayuda. Es entonces cuando la seguridad social debería prestar al trabajador el auxilio que ya no le da el Derecho del Trabajo y es entonces cuando desgraciadamente, la seguridad social en muchos países de la región latinoamericana aparece como bastante inadecuada para llevar a cabo esta importante misión”. (Hernández Alvarez (2009)

 

Este mismo autor, fundado en cifras provenientes de la CEPAl, en informe sobre “La Protección Social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad”, señala, que: “(…) Para el año 2006 el porcentaje de trabajadores de la región que cotizaba a la seguridad social era apenas del 38,7%. Esta cifra (…) supone un promedio que comprende desde los países con cobertura más amplia (Costa Rica, con el 65,3% y Chile con el 64,9%) hasta los de cobertura más baja ( Paraguay 13,5% y Perú 13%). Esta baja cobertura de la seguridad social se corresponde con la existencia de un alto porcentaje de la población (42%) que se encuentra debajo de la línea de pobreza y sin protección social básica” (Hernández Álvarez, 2009)

 

Este drama social de América Latina, que existe, que es real, trata de ser abordado por los gobiernos de distinto tipos  mediante medidas y programas de corte asistencial, transfiriendo recursos económicos a las personas y familias privadas de dichos recursos. Consideramos, que, el asistencialismo, por sí solo, no es la vía correcta para extender la cobertura de la seguridad social y la protección social. El asistencialismo, puede constituir un piso de protección social, como lo recomienda la OIT; pero, para construir sobre él, otros pisos de protección, garantes de una mejor y mayor calidad de vida y un mayor bienestar social de la población en su conjunto. Hacer de las medidas asistenciales un fin en sí mismo, es dilapidar recursos por cuanto la situación de pobreza, concebida integralmente, no se supera con limosnas, sino con un enfrentamiento pleno que tenga por norte el desarrollo de la actividad económica sustentable,  la educación  de la población y la generación de   empleo de calidad para la fuerza de trabajo. Sí, tales condiciones se dan, las personas están en capacidad de generar sus medios de vida y contribuir al financiamiento de su seguridad social, bajo un marco de solidaridad y justicia social.

 

 

8.      Asistencialismo vs Seguridad Social en Venezuela

 

Venezuela, es el país anfitrión de esta Conferencia de CLACSO, por tanto, merece una consideración especial respecto al tema abordado. A partir  de la tercera década del siglo XX, Venezuela, dio inicio a lo que se conoce como proyecto modernizador, en cuya ejecución cumplió papel importante el Estado, alimentado por una renta petrolera creciente que permitió, entre otras acciones, establecer un marco institucional importante de carácter asistencial, el cual pierde intensidad a finales de siglo, para dar lugar a una restricción significativa de la participación del Estado en lo social, típica acción de los programas de ajuste recomendadas por los organismos financieros internacionales.

 

En Venezuela, el siglo XXI, ha significado el retorno del populismo, bajo un modelo de desarrollo económico, social y político, bautizado  con el nombre de “socialismo del siglo XXI”. Este socialismo, tiene, por característica, la acentuación del asistencialismo como política social del Estado, mediante la creación y puesta en marcha de una serie de programas (misiones sociales) estructurales, unos; y, coyunturales otros. Se trata de una política de transferencia neta de recursos monetarios y otras prestaciones hacia sectores de población de bajos recursos económicos. La seguridad social, o, mejor dicho, los programas sociales contributivos, han quedado al margen,  ahogados por el asistencialismo social, con el cual se ha distribuido parte de la renta petrolera en los sectores de población con privación económica. El régimen contributivo de los seguros sociales se ha fundido  o fusionado con el régimen no contributivo o asistencial, si demarcación alguna que los separa e identifique. En Venezuela, desde este punto de vista, muestra tendencia a la extensión de la cobertura de la protección social, sin tener para ello una base sólida de sustentación financiera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía

 

·       Almansa Pastor, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. Editorial. Tecnos. Madrid, 1973.

·       Asociación Internacional de la Seguridad Social. Una Seguridad Social Dinámica: Asegurar la Estabilidad Social y el Crecimiento Económico. Evolución y Tendencias. Informe Global 2010. Ginebra.

·       Barrientos, Armando.  “Dilemas de las Políticas Sociales Latinoamericanas”. “Revista Nueva Sociedad No. 239. mayo-junio, 2012.

·       Hernández Álvarez, Oscar. “Tendencia de los Regímenes de Pensiones en América Latina”. En: Sobre Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social Fernando Parra Aranguren, Editorial Tribunal Supremo de Justicia. Colección Estudios Jurídicos No. 23…  Caracas, Venezuela. 2009.

·       Mesa – Lago, Carmelo. Progreso Económico y Social en América Latina. Informe 1991. Tema Especial: Seguridad social. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, DC. Octubre de 1991.

·       Mesa – Lago, Carmelo. “Aspectos Económico – Financieros de la Seguridad Social en América Latina y el Caribe; Tendencias, Problemas y Alternativas para el año 2000”. Memoria del II Congreso Interamericano Jurídico de la Seguridad Social. Montevideo, Uruguay, Octubre 1990.

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·       Organización Internacional del Trabajo. Comisión Mundial sobre la dimensión social de la globalización: Por una globalización justa crear oportunidades para todos. Ginebra, 2004.

·       Organización Internacional del Trabajo . “Piso de Protección Social para una Globalización equitativa e inclusiva”. Informe del Grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet, convocado por la OIT con la colaboración de la OMS. Ginebra, 2011.