LEY DE SATURACIÓN CRIMINAL

EL GOBIERNO CAUSA DAÑO PATRIMONIAL A SUS TRABAJADORES

Absalón Méndez Cegarra

El gobierno nacional no se da por satisfecho con todo el daño que ha causado a los trabajadores venezolanos y a la población en su totalidad. Mediante un conjunto de políticas monetarias totalmente erráticas ha llevado a situación de pobreza y de pobreza extrema a más del 90% de la población asentada en el territorio nacional. Esta es la proeza gubernamental que permite al presidente de la República revelar al mundo que Venezuela está muy bien, que en el país se produce casi el 100 % de los alimentos que requieren los venezolanos. Se ve que el presidente y sus acólitos no salen a comprar alimentos en los expendios venezolanos, razón por la cual tampoco saben de precios, de la dolarización de bienes y servicios, de la inflación y de la enorme cantidad de bienes importados, comprados, inclusive, por el Estado, para llenar ese engaño-fraude conocido como “caja clap”.

El año que recién se inicia ha comenzado con grandes nubarrones. Los trabajadores, en particular, los del sector público, más los jubilados y pensionados, han tomado las calles de toda Venezuela para protestar por la insuficiencia de los salarios, de las pensiones y el deterioro general de las condiciones de vida. A los trabajadores activos y a los jubilados y pensionados no los detiene nadie. No están dispuestos a comprar más engaños y las decisiones gubernamentales orientadas a amedrentarlos los tienen sin cuidado.

En algún momento, los trabajadores tenían que reaccionar de tal forma, por cuanto resulta inadmisible que un trabajador gaste en uno o dos días, solo en transporte para acudir al centro de trabajo, lo que percibe como salario en un mes de actividad laboral.

El gobierno nacional se burla y engaña a este sector laboral. Suscribe, aparentemente con dicho sector, mediado por sindicatos adeptos, convenciones colectivas que no cumple y, por añadidura, las leyes que regulan la relación laboral son letra muerta. Y, en tales condiciones de precarización laboral pretende que los trabajadores se queden callados, que no protesten, atemorizándolos con despidos y con la defensa de los derechos del niño, niña y adolescentes, cuando es bien sabido que el único negador de esos derechos es el Estado venezolano.

Hay dos hechos fundamentales, entre muchos, que dan cuenta del atropello gubernamental en contra de la masa trabajadora, especialmente, de los funcionarios o empleados públicos, maestros, profesores, trabajadores del sector salud y de otros servicios públicos. Nos referimos a la pulverización, por llamarla de alguna manera decente, de la institución laboral de vieja data en Venezuela conocida como “prestaciones sociales”; y, la apropiación indebida que hace el gobierno del salario integral de sus trabajadores, al retener recursos que no le pertenecen por cuanto constituyen retenciones y aportes a cajas de ahorro, gremios, sindicatos y programas de previsión social.

La institución laboral denominada en la LOTTT vigente, 2012, “prestaciones sociales”, la encontramos en la Ley del Trabajo del año 1936, como prestación de antigüedad, sometida a

algunas condiciones restrictivas. En el año 1947, se agrega a este pago que reconoce la antigüedad en el empleo, el “auxilio de cesantía” para proteger al trabajador en caso de pérdida involuntaria del empleo (indemnización por daños). Y, en los años 1974-75, antigüedad y auxilio de cesantía unificadas, se transforman en un derecho adquirido del trabajador con independencia de la causal que pone fin a la relación laboral, desaparece, así, las condiciones restrictivas en el ejercicio de este derecho laboral.

Para algunos tratadistas laborales, esta institución conocida ahora como “prestaciones sociales” es en extremo compleja y se explica mediante el desarrollo de distintas teorías. El sector patronal privado ha sido siempre enemigo de esta institución laboral que favorece a los trabajadores. Ha hecho lo imposible para su eliminación. Lo logró parcialmente en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, rescatada, también, en parte, en la LOTTT, de 2012, para honrar la frase demagógica del presidente Hugo Chávez, que los trabajadores habían sido víctimas, en 1997, de un “robo de sus prestaciones sociales”. Este “robo” se mantiene, perpetúa y se consolida, ahora, por intervención del gobierno nacional, al negarse a cumplir con las normas jurídicas que regulan la institución, no pagar oportuna y de manera completa lo que corresponde por este concepto al trabajador, tomando en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del signo monetario nacional, lo que requiere, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, realizar el pago considerando capital acumulado, intereses correspondientes, intereses de mora por retardo en el pago (castigo al empleador maula) y la indexación o corrección monetaria, de forma que el trabajador no resulte perjudicado por la inflación. Las prestaciones sociales, hoy, son basura, tienen valor cero, los trabajadores del sector público, ya, ni se molestan en exigir su pago, lo que puede ocurrir, en el mejor de los casos, después de 10 o 12 años de terminada la relación laboral, momento en el que, por ejemplo, un monto acumulado de prestaciones sociales de un millón de bolívares, ayer, equivale, hoy, a un (1) bolívar, cifra totalmente despreciable.

El otro hecho que causa alarma entre los trabajadore públicos es el relacionado con la apropiación indebida, robo, también, que hace el gobierno de parte del salario integral. Ya, no se trata de la precariedad del salario, lo cual es ofensiva a la dignidad de la persona del trabajador, sino de un dinero que es del trabajador por derecho propio y el empleador público se queda con él, al retenerlo y no enterarlo oportunamente, tal es el caso de aportes, como hemos indicado, a cajas de ahorro, gremios, sindicato e instituciones de previsión social, medida con la cual el gobierno causa un doble daño a los trabajadores.