DEMAGOGIA Y VIOLENCIA SINDICAL
UNIVERSITARIA
Absalón Méndez Cegarra
Una de las tantas pérdidas que ha
tenido Venezuela en los últimos tiempos ha sido la de su dirigencia sindical y
la organización del movimiento de los trabajadores. Venezuela, desde las
primeras décadas del siglo pasado, logró estructurar y consolidar una organización
sindical de primera línea con una dirigencia formada en el fragor de la lucha
por la defensa y protección de los derechos de la clase trabajadora. Cuatro grandes confederaciones reunieron todo
el espectro político, ideológico y de lucha
del movimiento de los trabajadores,
conformado en sindicatos de distinta entidad y naturaleza. Al frente de estas
organizaciones sindicales descollaron dirigentes sindicales a carta cabal,
fervientes defensores de los trabajadores, sin entreguismos de ninguna
naturaleza. Desafortunadamente, el neoliberalismo, primero; y, luego, la llegada de Hugo Chávez al poder,
dieron al traste con este sindicalismo que enalteció a la clase
trabajadora venezolana y contribuyó enormemente a la modernización del país. En
sustitución, ha nacido un sindicalismo subordinado, dependiente del Poder
Público, alimentado con los recursos del Estado, el cual se ha convertido en
enemigo de los trabajadores y su causa reivindicativa, que castra y secuestra
cualquier iniciativa distinta, como ocurre con las fuerzas sindicales que
procuran recuperar un cierto espacio y con el gremialismo profesional,
representado, por ejemplo, en FEDES y en
la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
(FAPUV)
La Asamblea Nacional, mediante acuerdo, pésimamente redactado, invita al
resto de los Poderes Públicos a intervenir la Universidad Autónoma, culpándola
de hechos imputables al gobierno y a su militancia partidista. La Universidad
venezolana no lleva tres años cerrada. Lleva años sufriendo la incompetencia y
mediocridad de gobiernos que no entienden ni comprenden el significado que
tiene la educación para el desarrollo y prosperidad de los pueblos. El actual
“conflicto universitario” tiene su razón
de ser en tres hechos gubernamentales,
al cual más irracionales, a saber:
asignación de una cuota presupuestaria para el año 2016 insuficiente para
atender las necesidades institucionales; asignación unilateral de cupos que
abulta considerablemente la matrícula, sin considerar su incidencia en los recursos
físicos y de capital humano, académicos,
de las Universidades; y, aprobación de unas tablas salariales de los
miembros del personal docente y de investigación que los condena a la muerte
por hambre y obliga a huir del país en búsqueda de mejores oportunidades
laborales y de vida. En estos tres
hechos, básicamente, se encuentra el
epicentro del malestar universitario actual.
La II CCU, llegó a un acuerdo sobre tablas salariales que la FAPUV
rechazó por su precariedad; pero, interesada en el diálogo, ha mantenido firme
su disposición a conversar con el
gobierno para llegar a un entendimiento mínimo, razón por la que el
profesorado, a decir, verdad, se ha reincorporado, funciona el cogobierno
universitario y se cumple con actividades académicas y administrativas ordinarias y especiales. En
consecuencia, sólo está suspendido el reinicio del nuevo período académico;
pero, este reinicio de clases de pregrado es una decisión que corresponde
adoptar a las autoridades universitarias
y decanales y, llegado el momento, el profesorado evaluará sí están
dadas las condiciones mínimas de trabajo para llevar a cabo la docencia en
aula. No es facultad del profesorado llamar al inicio o reinicio de actividades
académicas. En este momento, importa clarificar las aguas. Nos inclinamos por un Universidad abierta,
aunque, con problemas; y, no, cerrada, con problemas.
Ahora bien, la Universidad, efectivamente, no ha
reiniciado las clases de pregrado; pero, tal situación no es imputable exclusivamente
al profesorado como equívoca y
malintencionadamente lo hace ver la Asamblea Nacional. La serie de paros por
24, 48 y 72 horas los ha declarado el sindicalismo oficial universitario, el
mismo que suscribió la II CCU, ignoró a su empleador directo y engañó a las
bases de los trabajadores diciéndoles que la II CCU era la mejor contratación
lograda en toda la historia universitaria nacional. Sin embargo, la Asamblea
Nacional no hace referencia alguna a estos hechos, lo que evidencia su
complicidad militante, pues, le
resulta más fácil agredir a la Institución y al profesorado, al
parecer, el débil jurídico de la relación laboral universitaria. Empleados y obreros, convocado por sus
sindicatos oficialistas, han parado y cerrado la Universidad por
incumplimientos gubernamentales que tienen su origen en la II CCU; pero, la reclamación no la ejercen con violencia contra el autor
del incumplimiento, es decir, el gobierno nacional, sino contra la Universidad
indefensa y desguarnecida, curiosamente, patrono ignorado en las discusiones contractuales.
La II CCU, al igual que la I CCC,
ha maltratado al profesorado universitario, y, todo ha sido obra de un
sindicalismo rastrero, que, inclusive, ha presionado a la representación
gubernamental, como contraparte, para que suscriba cuanto perjudique al
profesorado. Posición mucho más digna ha sido la sostenida por los voceros
gubernamentales quienes han mostrado mayor y mejor disposición para atender los
reclamos del profesorado, de hecho, la presencia de la FAPUV en la mesa de
negociaciones de la II CCU fue por invitación expresa del Ministro y del Vice-
Ministro de Educación Universitaria, en contra de la posición férrea del
sindicalismo oficial, el que, ahora, cierra la Universidad y, demagógicamente,
para crearle más problemas a la Universidad, y, también, al gobierno, aunque no
lo crean, instiga a un numeroso grupo de
hombres y mujeres, nobles y honestos, trabajadores
de empresas de limpieza y mantenimiento, contratadas por la Universidad
para prestar este servicio, para, que, bajo la excusa de la tercerización, violencia de por medio, exijan a la
Universidad su incorporación como trabajadores universitarios, todo con el fin
de pescar en río revuelto y obtener dividendos políticos-electorales. El resultado
ha sido el despido de los trabajadores por parte de las empresas de
mantenimiento. ¿Quién asume la responsabilidad por este hecho laboral? La Asamblea Nacional, en la que hacen vida otrora universitarios
defensores de la autonomía, lejos de condenar
y censurar esta conducta
contraria a la moral sindical, la
auspicia y elogia, bajo la falsa
creencia que con ello hacen daño a la
Universidad y a los profesores universitarios. Lo que se está destruyendo es el
presente-futuro de la sociedad nacional.
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