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MADURO, NO ES VENEZUELA

MADURO, NO ES VENEZUELA 

Absalón Méndez Cegarra 

Los venezolanos amantes de la paz y buena vecindad debemos decirle al mundo y, muy especialmente, al pueblo hermano de Colombia, que, la conducta asumida por el Jefe de Gobierno en Venezuela contra los nacionales colombianos, habitantes en nuestro país, en la zona fronteriza del Norte de Santander, o, en otros lugares del territorio nacional, no representa, en lo más mínimo, el sentir de la gran mayoría de los venezolanos, quienes, históricamente, hemos recibido con los brazos abiertos a toda persona, que, por diversas razones, haya decidido hacer de la patria de Bolívar su patria, su tierra adoptiva.
El Presidente Nicolás Maduro, cuya legalidad y legitimidad como Jefe del Estado venezolano es dudosa, no clarificada, todavía, y, lo más importante, su propia nacionalidad es cuestionable, dado los requisitos que la Constitución de la República de Venezuela establece para ser Presidente de la República, situación en la que el gobierno de Colombia, ayer, cómplice, hoy, podría revelar, para el bien de ambas naciones. El Diputado por el Estado Táchira, Walter Márquez, producto de sus indagaciones, ha demostrado, fehacientemente, que el actual Presidente de Venezuela, es nacional de Colombia y, en el mejor de los casos, es sujeto de doble nacionalidad, hecho, que, ha debido impedir, primero su encargaduría de la Presidencia, y, segundo, su postulación como candidato a la Presidencia de la República. Si tal denuncia es infundada, es falsa, como lo afirman algunos conocedores del asunto, deben los organismos venezolanos competentes: Poder Electoral y Poder Judicial, clarificarlo debida y oportunamente, para la buena marcha de las Instituciones; demostrar, por ejemplo, que el Presidente Chávez, en el momento que Nicolás Maduro se encargó de la Presidencia, estaba en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, con voluntad para designar a persona alguna como su sustituto; caso contrario, debe, igualmente, hacerse transparente, revelar la verdad verdadera, por cuanto estaríamos en presencia, ante la deportación masiva de colombianos y la agresión emprendida por el gobierno nacional contra el pueblo y gobierno colombiano, que, ha llegado, inclusive al irrespeto personal y el uso de calificativos no propios de las relaciones internacionales y la atribución a personas de delitos sin prueba alguna, como es costumbre de los gobernantes en nuestra sociedad, lo que tipifica como delitos de Estado, delitos políticos de gran significación. Para Colombia y los colombianos, la agresión y declaratoria de guerra, o, simplemente, el consentimiento o acompañamiento de la misma, por parte de sus nacionales, según su Constitución Política, ver artículo 97 de la Constitución Política de Colombia, es, un acto de traición a la patria. El colombiano, al igual que los venezolanos, no pierde su nacionalidad, por el hecho de optar a otra nacionalidad, lo que ha quedado establecido en el artículo 96 de la Constitución de Colombia y en el artículo 34 de la Constitución de Venezuela. Estos preceptos constitucionales no son de poca monta; pues, si llegare en algún momento a certificarse legalmente la forma como llegó al poder y la nacionalidad auténtica del Presidente de la República de Venezuela, estaríamos en presencia de un doble delito, en lo que corresponde a
Colombia, traición a la patria; y, en lo que corresponde a Venezuela, la ocupación de un cargo sin cumplir con los requisitos formales para su ejercicio y titularidad.
Las anteriores consideraciones vienen al caso porque el Presidente Nicolás Maduro hace ver a las naciones del mundo, para justificar su torpeza, que la ofensiva contra los colombianos está plenamente justificada y es un acto que representa la voluntad de los venezolanos. Maduro, no es Venezuela. Lo sucedido en la frontera colombo-venezolana y la declaratoria del “estado de excepción” es un manto para lograr fines electorales mediante el despertar de un nacionalismo ridículo y para encubrir la comisión de los delitos que se atribuyen a terceros cuando son propios. Dos, son las acciones, supuestamente, cometidas por los colombianos en la frontera, que justifican la acción bárbara gubernamental: el contrabando y el paramilitarismo.
El contrabando, es, un delito de fraude fiscal, en consecuencia, se trata de tráfico de mercaderías sin cumplir con las formalidades de ley, por tanto, tiene doble autoría, quien lo ejecuta y quien lo permite, como ocurre con los actos de corrupción en el manejo de la Hacienda Pública. La frontera colombo-venezolana cuenta con una aduana y dispone de decenas de puntos de control. Si la mercancía que va de un lugar a otro, sin cumplir las formalidades legales, es posible, el delito fiscal lo realiza quien lo permite, en este caso, la Guardia Nacional Bolivariana y demás autoridades aduanales de Venezuela. Pero, en caso del contrabando de extracción que se realiza en la frontera con el combustible y productos subsidiados, el principal y más importante contrabandista, probado de mil maneras, es el personal de la Guardia Nacional. ¿Quién puede pasar por la frontera una gandola cargada de combustible o un camión cargado de arroz sin ser advertido por la Guardia Nacional? ¿Quién vende, en Venezuela, esa gran cantidad de producto? La Guardia Nacional, al parecer, cuenta con licencia para todo. “La culpa no es del ciego, sino de quien le da el garrote”, dice el refrán popular.
El paramilitarismo. El gobierno cuestiona el paramilitarismo colombiano y sus acciones; pero, no cuestiona las acciones de la FARC, ejército irregular con actuación en Venezuela. El gobierno venezolano no es sincero en esta lucha, por cuanto tan irregular es la formación del paramilitarismo como del ejército guerrillero. Ahora bien, al gobierno venezolano le resulta de un ridículo y cinismo subido de tono este cuestionar el paramilitarismo colombiano. El gobierno de Venezuela es un gobierno paramilitar. En la sociedad nacional se ha instaurado prácticas irregulares permitidas y fortalecidas por el gobierno: territorios de paz, colectivos armados, milicias populares, comunas, patriotas cooperantes, etc, que actúan a plena luz del día, como fuerzas de apoyo al gobierno nacional, amedrentando a la población, asesinando efectivos policiales y militares, sembrando el terror, sin que haya condena alguna por parte del gobierno. La acción de Maduro contra los colombianos, es, propia, exclusiva, no representa el sentir venezolano. Aunque la utilitaria OEA, diga otra cosa.

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