MISIONES ELECTORALES

                                                                MISIONES ELECTORALES

 

                                                                                                                                    Absalón Méndez Cegarra

 

Hoy, domingo, 8 de diciembre, los venezolanos tenemos un deber cívico que cumplir: asistir, masivamente, a los centros electorales a ejercer nuestro derecho al voto para elegir Alcaldes y Concejales Municipales; pero, no cualquier Alcalde o Concejal, sino aquellos comprometidos con la vigencia, importancia y significación del Poder Público Municipal, como base de la organización política nacional, tal como lo establecen los artículos 16, 18 y 168  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta es una gran oportunidad para rechazar el engaño, el fariseísmo y la mentira de las personas que  se han postulado o las han postulado como candidatos con el compromiso previo, que,  de resultar electas, deben sepultar el Poder Municipal y la descentralización territorial, sin importar que con ello se violan expresas disposiciones constitucionales y legales,  como ocurrió en las anteriores elecciones municipales con la Alcaldía Mayor o Metropolitana, pues, al quedar en manos  distintas al oficialismo, éste se encargó de castigar al pueblo de Caracas,  montando, inconstitucional e ilegalmente,  un aparataje paralelo y restar recursos y atribuciones a la Alcaldía, hasta reducirla a la más mínima expresión. Nadie entiende, cómo, ahora, se propone una cosa distinta, inclusive, hacer de la Alcaldía un verdadero gobierno Metropolitano.  Igualmente, ha sucedido con todas las Alcaldías que han estado en manos del partido político oficial, al permitir que formas de organización como las comunas, bajo la argumentación de la participación protagónica del pueblo, usurpen atribuciones y funciones que la Constitución y la Ley confieren al Poder Municipal. Quienes han actuado, por acción u omisión, de esta manera, no tienen derecho alguno a  solicitar la confianza de la voluntad popular. Tampoco, deberían tener ese derecho,  quienes a diario irrespetan a la población con ofrecimientos que constituyen promesas anteriores incumplidas, disponiendo de todos los recursos y el poder para haberlas cumplido,  o, como sucedió el miércoles 4 de diciembre, durante todo el día, al cerrar, totalmente, la Redoma de Petare, para celebrar un acto de proselitismo político, causando una tranca descomunal, que afectó considerablemente a la población residente de las zona adyacentes. Un verdadero acto de atropello al ciudadano y de violación de derechos humanos, repudiable en toda su dimensión.

La política social de un Estado cualquiera cumple varios propósitos. Uno de ellos, sin duda, es el de la legitimación del poder, mediante programas sociales  orientados a la redistribución de la renta, que se traducen en transferencias de recursos económicos a determinados sectores de población bajo el argumento de actuar contra el fenómeno de la pobreza.

En Venezuela, se ha potenciado de manera considerable el asistencialismo social.  No es nada nuevo, por cuanto programas sociales han existido siempre. Lo novedoso de la actualidad es que los programas sociales de corte asistencialista, como hemos dicho, fundados en un enfrentamiento a la pobreza, terminan siendo programas para captar una clientela electoral.

Los viejos programas sociales típicos de la IV República, tienen, en la V República,  nuevo ropaje;  ahora, se les conoce con el nombre de  “misiones sociales” y “grandes misiones sociales”. Estos programas, ciertamente, son importantes, y, cuando son pensados para atacar de raíz males sociales, cumplen una importante función social, no sólo como legitimadores del poder, sino como mecanismos de reproducción de la fuerza de trabajo e, inclusive, de acumulación de capital; pero, cuando se tergiversan y, con ellos sólo se busca crear una clientela electoral se pervierten por completo, generando mayores males sociales, como está sucediendo en la Venezuela actual, al crear una mendicidad clientelar del poder.

Corre información por todo el territorio nacional que, el  PSUV, en su afán de mantener el poder, en esta caso, obtener el triunfo electoral en las municipales, ha estado cruzando la data del padrón o registro electoral del CNE con la data o registro de las distintas dependencias públicas a cargo de las “misiones Sociales”, con la única intención de chantajear a  los beneficiarios de ayudas sociales, canjeando las mismas por el compromiso de votar de determinada manera. Esto  resulta, sencillamente, humillante. La ayuda social, bajo el principio de la solidaridad y el derecho humano de toda persona  a ser protegida socialmente, no debe ir en contra de la dignidad humana. La ayuda social no puede ser denigrante para quien la recibe, de la misma manera, que no es enaltecedora para quien la otorga, mucho menos si la ayuda proviene del Estado, que, es, tanto como decir, de la sociedad entera. Por ejemplo, si, PDVSA, es decir, la riqueza petrolera del país, es de todos los venezolanos, no hay razón que justifique, que, un determinado partido político, por estar en el poder, capitalice una acción que es realizada por todos. El refranero popular tiene una máxima que dice, “lo que la mano derecha da, no debe saberlo la izquierda”. Y, el mensaje bíblico, nos dice, que, “hay que hacer el bien, sin mirar a quien”.

Si el partido oficial está realizando la práctica señalada, lo que no ponemos en duda, por cuanto son los propios beneficiarios de las “misiones sociales” quienes lo afirman o, más grave aún, las personas incorporadas en listas de espera, sólo con la promesa que algún día serán beneficiarias, dicha práctica  es francamente rechazable y condenable. Se trata de una burla y de un irrespeto inadmisible a la dignidad de los seres humanos, que, como hecho dicho, desnaturaliza por completo el significado de la protección social como derecho humano social, fundamental. Y pone al descubierto un acto demagógico y chantajista, contrario, al humanismo que suele pontificarse., como base de sustentación de una revolución que no es tal.

Las “misiones sociales”, cambian, de inmediato de denominación, y, pasan a denominarse, como corresponde, como debe ser, sin subterfugios de ningún tipo, “misiones electorales”. Tal acción, puede tener,  en el corto plazo, un resultado favorable; pero, en el largo,  un costo político alto, cuando la esperanza resulte frustrada.