DECLARACIÓN 06-08-2013
Absalón Méndez Cegarra
El receso vacacional colectivo, acostumbrado en
el sector universitario y en el sistema educativo nacional en general, está
próximo a culminar. Este receso se inició, en parte importante de las
Universidades Públicas Nacionales, en el marco de un conflicto gremial y
académico que mantiene suspendidas las actividades, fundamentalmente, docentes,
desde hace más de tres meses. La
suspensión de actividades se produjo por mandato de las bases profesorales,
reunidas en asambleas, con participación abierta y plural de todas las corrientes
de pensamiento; por consiguiente, con opiniones a favor y en contra, como tiene
que ser en un ambiente académico plural y democrático; inclusive, en algunas asociaciones de
profesores, fue necesario someter a consulta, mediante referendos, la materia
en cuestión, lo que alentó a sectores
adversos a la decisión mayoritaria de suspender actividades académicas, a utilizar la vía jurisdiccional en búsqueda
de amparo ante una supuesta violación del derecho constitucional a la
educación, en clara demostración de querer criminalizar la protesta. Los motivos que han propiciado el conflicto
universitario actual son ampliamente conocidos por la opinión pública y, ésta,
mediante múltiples manifestaciones, ha brindado su apoyo solidario, entre otras
razones, porque, comparte la motivación y la hace propia, por cuanto se trata
de la lucha por superar las precarias
condiciones generales de trabajo a las que ha sido sometido, inexplicable e injustificadamente, el profesorado universitario en Venezuela,
así, como buena parte de los trabajadores venezolanos.
Nadie pone en duda los avances
cuantitativos en materia de educación universitaria logrados en el país en los
últimos quince años, así como el esfuerzo inicial para recuperar espacios que
le habían sido arrebatados a las Universidades; igualmente, el establecimiento,
como garantía constitucional, de la autonomía universitaria y el cumplimiento de algunas obligaciones
laborales, como es el caso del pago parcial y progresivo de las
prestaciones sociales de los trabajadores universitarios; pero, estos
logros indiscutibles, se nublan con la aplicación de una política de
desconocimiento, condena y rechazo de históricas organizaciones gremiales, tal es el
caso de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela (FAPUV), de
las Normas de Homologación y demás acuerdos federativos, alcanzados en el pasado
reciente, constitutivos de la defensa del salario profesoral, de su
preservación ante la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, por efectos de
la inflación, y de otros beneficios de carácter socio-económicos que,
permitían, mantener ciertas condiciones
de vida, más o menos decentes, en la academia venezolana.
El conflicto universitario no ha
cesado y, podría decirse, que recién comienza, aun cuando, en opinión muy
personal, nos encontramos con hechos
objetivos que permiten que las bases profesorales acuerden reiniciar las
actividades suspendidas justificadamente. Estas condiciones objetivas, para
utilizar un lenguaje muy de moda en los momentos de esplendor del pensamiento
socialista, son, entre otras, el
reconocimiento de la FAPUV y la creación de un ambiente favorable a la
participación y el diálogo. Ciertamente, que estas condiciones objetivas se
producen ligadas a una suerte de camisa de fuerza: la Convención Colectiva
Única (CCU), suscrita entre el gobierno nacional y un importante sector de organizaciones
sindicales representativas de gran número de trabajadores universitarios, en la
que la FAPUV no participó, por lo tanto,
no es suscribiente de la CCU, tampoco, adherente. Las circunstancias
conflictivas y la disposición de aminorar el conflicto social que se potencia
en el país, han determinado que factores
de la cúpula civil y militar que gobierna la nación, entiendan la justificación
del reclamo profesoral y ordenen a los
entes ministeriales con competencia en
la materia, escuchar y atender dicho
reclamo. Así, las cosas, luego de una reunión muy importante, celebrada entre
las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria y los miembros de la
Asociación Venezolana de Rectores (AVERU), se acordó abrir espacios para la
participación y el diálogo, como se ha dicho supra, razón por la que la FAPUV es convocada a la
mesa de conversaciones, en un clima de franco respeto y consideración.
Luego de varias reuniones en las
que la FAPUV y la AVERU expusieron sus razones ante las autoridades
ministeriales, con el Vice- Ministro de Planificación, Profesor Humberto
González, a la cabeza, se creó el clima propicio para el entendimiento, luego
que los Rectores, hicieran saber, que, si bien es cierto, no fueron tomados en cuenta en la discusión de
la CCU, en definitiva, ellos, van a ser los administradores, junto con los
trabajadores, del contenido convencional.
Con este telón de fondo, el día 6
de agosto del año en curso, se llega a unos acuerdos básicos, expresados
mediante una Declaración, la cual es suscrita, formalmente, por la
representación del MPPEU-OPSU, AVERU y la FAPUV; es más, la misma, la suscribe
una de las partes de la representación
sindical firmante de la CCU, lo que da a la Declaración una gran fuerza
obligacional.
El ambiente universitario no es
nada fácil. Es sumamente polémico, crítico y cuestionador. Podemos afirmar, que,
en la Universidad venezolana, resulta
difícil que sus miembros acuerden algo, por importante que se
considere. Siempre hay un sector que se opone, con o sin razones para ello. La
Declaración en referencia no ha sido ni será la excepción. Hay sectores que
discuten por qué no se firmó un Acta;
por qué no es un Acuerdo; la
Declaración no establece ninguna
cláusula que garantice su cumplimiento; y, mil cosas más, por el
estilo. Todo lo dicho es cierto. Hay que
estar en el centro del huracán para saber la fuerza que tiene el viento. La
Declaración, en nuestra opinión, repito, estrictamente personal, no involucra a
nadie más, es de extraordinaria importancia, en ella se establecen acuerdos y
reconocimientos fundamentales que dan un curso distinto a las conversaciones y
a la manera de conducir, en adelante, las relaciones entre los trabajadores y
sus empleadores directos: las Universidades. Su cumplimiento, no depende del
gobierno, sino de la firme voluntad de los trabajadores universitarios. El contenido de la Declaración será tratado en
próximo artículo.
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