PERSECUCIÓN IMPLACABLE
El gobierno nacional se ha
quitado todas las caretas que le permitían cierto barniz democrático. Todas sus
caretas han rodado por el suelo. No hay una sola acción gubernamental que le de alguna apariencia de legalidad y legitimidad. El gobierno, como bien dice la canción, es un “barbarazo”, ha acabado con todo, inclusive, hasta con su
base de apoyo, pues, no lo quieren ni en su casa. Al Presidente de la República
lo repudia y rechaza todo el mundo, pienso, que él mismo se rechaza, se
mantiene en pie, y, hace esfuerzos sobrehumanos e, inclusive, sobrenaturales,
para conservar la silla presidencial por obligación y por las muletas que le brindan los hermanos Castro y, pensamos, con cierta
suspicacia, hasta por el gobierno de
los Estados Unidos de América, aunque
resulte extraño para algunos, pues, resulta difícil entender tanta discurso
contrario al imperio, acompañado de tanta amistad, generosidad, receptividad,
reciprocidad y aceptación considerada de delincuentes que invierten y hacen
vida fácil en el país del Norte. Un país que se caracteriza por ser estricto en
materia migratoria y por la independencia y rigidez de su aparato de
administración de justicia.
El gobierno nacional, está
“tirando el resto” como se apuesta en el juego de naipes. Y, su “resto” no es
otro que la persecución implacable, y, para lograr tal propósito ha armado a un buen sector de la población al que ha lanzado a la calle, previa
creación de un cuadro de condiciones objetivas: decretos de emergencia
económica después de 17 años de destrucción del aparato productivo y decreto de
excepción para tener carta blanca que facilite el impedir que la gente tome la calle y canalice por esa
vía su enorme malestar.
En Venezuela se están cerrando
todos los caminos de la convivencia pacífica. La población está asfixiada ante
una situación irresistible. No hay ingreso alguno que permita hacer frente a la
hiperinflación instaurada. La bomba de tiempo que se venía instalando desde
hace tiempo está a punto de estallar. El gobierno lo sabe perfectamente. Y, en
conocimiento de ello, está tomando todas las medidas que obstaculicen una
canalización de la inconformidad por la vía de la protesta pacífica. El
gobierno propicia la violencia porque ella le legitima, le favorece y le permite arremeter contra la población inerme
y desarmada. El cuento de una “revolución” pacífica; pero armada, ha terminado
estrepitosamente. Tenemos, contrariamente,
una dictadura militar, armada hasta los dientes, para arremeter contra
quien tenga la osadía de mostrar pública o privadamente su desacuerdo.
La persecución se ha desatado con
furia, con toda su fuerza. Ciudades, pueblos, autopistas, avenidas, calles y
caminos están minados de cuerpos de seguridad y de organizaciones
para-militares creadas por el gobierno nacional con el único fin de amedrentar
al colectivo y poner contención a su rabia.
La composición de las Fuerzas Armadas es muy distinta a la que establece
el Texto Constitucional en el que todo el gobierno ha dejado de creer y la
oposición, ingenuamente, piensa, todavía, que, tal “hoja de papel”, existe y es factible que regule la vida
política, social y económica del país. Nada que ver. La Constitución, en tanto
pacto político-social ha perdido toda su credibilidad. Entramos de lleno a una
situación anómica, ausencia absoluta de normas, de reglas, pues, la dictadura
militar, como toda dictadura, no cree en
formalidades absurdas, en respeto a los derechos humanos, en juridicidad, en
derechos subjetivos, en libertades, etc. Toda dictadura que se precie de serlo impone sus propias reglas a su conveniencia y
la venezolana ha hecho lo propio.
La careta democrática del
gobierno rodó por el piso el 6D con las elecciones legislativas. Una dictadura
no puede tener a su lado una rama del Poder Público que sea la encarnación del
Soberano, es decir, del auténtico y único Poder Popular. Por eso, la dictadura
se ha dejado de malos ruidos y ha cortado todas las fuentes que suministran
oxígeno al Poder Legislativo. Lo ha minimizado en su totalidad. Diariamente, el Poder Ejecutivo dictatorial dicta medidas,
ahora, no sólo asfixiantes, para el Legislativo, sino abiertamente contrarias a
la Carta Fundamental de la República, para que la población no cuente ni
siquiera con la excusa de una base de legalidad que le ampare, es decir, ha
abierto las compuertas de la persecución lo que le permite arremeter sin piedad
contra todo aquello que le desagrade.
La mentira es la primera fuerza
de la nueva estrategia, seguida del atropello y de la represión inmisericorde e
impune. Se persigue a un sector del empresariado, justamente, en un momento en
el que una parte de éste, dio vítores porque uno de sus miembros había sido
nombrado ministro de economía. La mentira es el discurso para el regocijo
interno y externo. Se orquestan campañas
publicitarias para hacer creer internamente que no tenemos problemas de
escasez, de desabastecimiento, de falta de producción nacional, que la gente
hace cola porque le gusta reunirse en grupo para conversar. La culpa de la
carestía y de las dificultades es de la maldad empresarial que ha optado
por la simplificación de la producción
nacional. En el plano internacional, tenemos al frente de la cancillería a una
dama que derrama mentiras e ignorancia hasta
por los poros. Ella dice, sin ruborizarse, que Venezuela
tiene alimentos para surtir a tres países de su tamaño poblacional. La
verdad es que esta señora es una vergüenza nacional. Cosas de familia, al
parecer, porque su hermano, con su cara y actuar de desequilibrado mental, hace
lo mismo y, además, es tramposo y
transgresor abierto e impune de la ley.
El atropello gubernamental no se
hace esperar. Se persigue todo tipo de disidencia. Los venezolanos no podemos
protestar pacíficamente ni transitar libremente por el territorio nacional. Se
persigue a periodistas, medios de
comunicación, empresarios, profesionales, campesinos, productores agropecuarios,
empleados públicos, trabajadores, amas
de casa, estudiantes, profesores,
universidades, en fin, al país entero. No podemos activar ningún
mecanismo democrático ni jurídico. Y, para lograr tal contención y atropello,
nada más idóneo que apelar al para-
militarismo, armar a la población civil servil para que arremeta contra los
ciudadanos y, de esa manera, se cierra el círculo de la persecución implacable.
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