CINCO MILLONES Y MEDIO
Absalón Méndez Cegarra
El gobierno nacional inculpa a
pobladores de la frontera colombo-venezolana, para justificar el mal trato y la deportación de colombianos, como es su costumbre, de delitos que
ellos no han cometido, pues, se trata
de hechos de vieja data, prácticas
inveteradas de frontera, necesarias de
diferenciar, pues, no es igual, el tráfico de productos de primera necesidad
para satisfacer necesidades básicas, que,
hoy, realizan, los colombianos en Venezuela, y, ayer, lo hicimos todos los
habitantes venezolanos próximos a la
frontera, pues, en un pasado no muy
lejano, tachirenses y merideños viajábamos a Cúcuta a hacer mercado y comprar
zapatos y vestidos, inclusive, a parrandear, con los delitos de contrabando de
extracción de grandes cantidades de combustible, productos subsidiados, tráfico
de drogas, guerrillas armadas y paramilitares, todos cometidos por y bajo el
amparo de las autoridades militares y aduanales de Venezuela, por lo tanto,
imposibles, de ser imputados a humildes residentes del vecino y hermano país.
Conveniente conversar con un guardia
nacional de la frontera para conocer cómo y quiénes cometen los delitos señalados, así, como el costo de la
“mordida” para permitirlo; por tanto, sí, a ver vamos, no se trata de
ilicitudes, sino de actos permitidos, legitimados por las autoridades, mediante
el pago de una comisión. Esto lo sabe y conoce el gobierno de sobra. Lo demás,
como, bien reza el refrán popular, son “patadas de ahogado”, para ver que
pescan en un río revuelto, sobre todo, en una campaña electoral que tiene, de
entrada, irremediablemente perdida, por tanto, el querer despertar un
nacionalismo absurdo, fuera de contexto, no le ha salido ni saldrá bien, como
acertadamente lo ha entendido el gobierno colombiano. Al contrario, la comunidad internacional
entera y la nacional, ha tomado partido por la víctima, es decir, Colombia,
país, que, con su magistral diplomacia, ha derrumbado las mentiras del gobierno
nacional y lo ha obligado a sentarse en la mesa de conversaciones para llegar a
un acuerdo, en la ciudad de Quito, Ecuador, que no hace referencia, para nada,
a lo que ha suscitado la alharaca del gobierno, mejor, desgobierno, de Venezuela. El acuerdo se traduce en siete
puntos que constituyen una suerte de cumplido, de propósito de enmienda, de no
volver a pecar. Algo, así, como, sigamos haciendo lo que estamos haciendo;
pero, con orden, en común acuerdo entre los dos países. Un acuerdo insulso.
Nada transcendente. Que reaviva la frase bethancuriana, de “disparen primero, y
averigüen después”. Es decir, primero, se maltrata a la gente, expulsa y derriba sus viviendas, luego, se procede
a la investigación de lo sucedido.
Algo absurdo.
La cifra de colombianos que habitan en nuestro
país es muy importante para todos los fines; pero, lo, es, sobremanera, electoralmente. Los cinco
millones y medio de colombianos que comparten el territorio de Venezuela, con toda seguridad, es una
cifra que la integran, en su gran mayoría, colombianos naturalizados e hijos de colombianos nacidos en Venezuela,
por consiguiente, según la Carta Magna, artículo 33, venezolanos, con todos los
deberes y derechos, salvo algunas limitaciones,
de los venezolanos por nacimiento. Estos venezolanos por naturalización,
mayores de 18 años, sí, han cumplido con
el requisito del registro electoral, están facultados para votar en las
próximas elecciones programadas para el 6 de diciembre. El gobierno nacional,
ayer, ceduló, sin mayor requerimiento, a
miles de colombianos y los trajo a votar, por supuesto, por los candidatos
oficiales. Para muestra un botón. En un Centro Electoral de un municipio
rural merideño, sufragó un total de 150 colombianos traídos
directamente del Norte de Santander.
Ha llegado la hora de Colombia.
Este país hermano debe colaborar con
Venezuela para salir de la pesadilla que tenemos desde hace dieciséis
años. La población colombiana, honesta y
trabajadora, con arraigo y tradición en nuestro suelo, debe pasar factura al
gobierno por la agresión cometida contra sus nacionales. La población de origen
colombiano radicada en el país, tiene la
fuerza suficiente para inclinar la balanza electoral. Así, lo esperamos. Son
cinco millones y medio. Un 50%, al menos, de ese total, tiene la facultad
y el deber de votar en las próximas
elecciones, para bien de ambos países, por una alternativa distinta a la
oficialista. Ese hecho electoral, y, no otro, será el primer paso para el
restablecimiento de la paz en la frontera.
Comentarios
Publicar un comentario