CINCO MILLONES Y MEDIO

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, recientemente,  con  su acostumbrada euforia,  puesta en evidencia cada vez que, según sus adulantes,  realiza una de sus  hazañas extraordinarias, en este caso, el cierre de la frontera colombo-venezolana y la declaratoria, por retazos, del “estado de excepción”, en casi todo el occidente del territorio nacional, expulsión, vejamen, atropello  y humillación de nacionales del país vecino, todo incluido, informó al mundo entero, que, en nuestro territorio, habitan más de cinco millones y medio de colombianos, sin discriminar, sí se trata de colombianos nacionalizados venezolanos, por consiguiente, venezolanos por naturalización; residentes legales; en tránsito; o,  con residencia ilegal en el país.  Esta cifra, se entiende, es oficial, ha debido ser  suministrada  por   el Instituto Nacional de Estadística. La cifra revela, sorpresivamente, que, un 18,3%, de la población total del país, es de nacionalidad colombiana. Sí,  a esta suma, se agrega el resto de habitantes del país proveniente de otras latitudes, tenemos, que, un 25% o más, de pobladores del territorio nacional tiene su lugar de nacimiento más allá de nuestras fronteras. Este porcentaje, en modo alguno, es despreciable, para ningún efecto, menos, aún, para fines electorales;  por consiguiente, no resulta de buen agrado el ataque agresivo que el gobierno nacional ha desarrollado, desconsideradamente, contra los nacionales de Colombia, sin diferenciación alguna de su situación y, sin tomar en cuenta, que,  se trata de seres humanos que merecen respeto y, como todo ser humano, es digno de respeto  y está protegido por los diversos instrumentos tanto nacionales como internacionales de defensa y protección de los Derechos Humanos. Al parecer, el gobierno nacional ignora lo que es   trato humanitario,  respeto a la dignidad humana y  normas de reciprocidad internacional.

                                                             CINCO MILLONES Y MEDIO

                                                                                                                       Absalón Méndez Cegarra

El gobierno nacional inculpa a pobladores de la frontera colombo-venezolana, para justificar el  mal trato y la deportación de colombianos,  como es su costumbre, de delitos que ellos  no han cometido, pues, se trata de  hechos de vieja data, prácticas inveteradas de frontera,   necesarias de diferenciar, pues, no es igual, el tráfico de productos de primera necesidad para satisfacer necesidades básicas,  que, hoy, realizan, los colombianos en Venezuela, y, ayer, lo hicimos todos los habitantes venezolanos  próximos a la frontera,  pues, en un pasado no muy lejano,  tachirenses y merideños  viajábamos a Cúcuta a hacer mercado y comprar zapatos y vestidos, inclusive, a parrandear, con los delitos de contrabando de extracción de grandes cantidades de combustible, productos subsidiados, tráfico de drogas, guerrillas armadas y paramilitares, todos cometidos por y bajo el amparo de las autoridades militares y aduanales de Venezuela, por lo tanto, imposibles, de ser imputados a humildes residentes del vecino y hermano país. Conveniente  conversar con un guardia nacional de la frontera para conocer cómo y quiénes cometen  los delitos señalados, así, como el costo de la “mordida” para permitirlo; por tanto, sí, a ver vamos, no se trata de ilicitudes, sino de actos permitidos, legitimados por las autoridades, mediante el pago de una comisión. Esto lo sabe y conoce el gobierno de sobra. Lo demás, como, bien reza el refrán popular, son “patadas de ahogado”, para ver que pescan en un río revuelto, sobre todo, en una campaña electoral que tiene, de entrada, irremediablemente perdida, por tanto, el querer despertar un nacionalismo absurdo, fuera de contexto, no le ha salido ni saldrá bien, como acertadamente lo ha entendido el gobierno colombiano.  Al contrario, la comunidad internacional entera y la nacional, ha tomado partido por la víctima, es decir, Colombia, país, que, con su magistral diplomacia, ha derrumbado las mentiras del gobierno nacional y lo ha obligado a sentarse en la mesa de conversaciones para llegar a un acuerdo, en la ciudad de Quito, Ecuador, que no hace referencia, para nada, a lo que ha suscitado la alharaca del gobierno,  mejor, desgobierno,  de Venezuela. El acuerdo se traduce en siete puntos que constituyen una suerte de cumplido, de propósito de enmienda, de no volver a pecar. Algo, así, como, sigamos haciendo lo que estamos haciendo; pero, con orden, en común acuerdo entre los dos países. Un acuerdo insulso. Nada transcendente. Que reaviva la frase bethancuriana, de “disparen primero, y averigüen después”. Es decir, primero, se maltrata a la gente, expulsa y  derriba sus viviendas, luego, se  procede  a la investigación de lo sucedido.  Algo absurdo.

La  cifra de colombianos que habitan en nuestro país es muy importante para todos los fines; pero, lo,  es, sobremanera, electoralmente. Los cinco millones y medio de colombianos que comparten el territorio  de Venezuela, con toda seguridad, es una cifra que la integran, en su gran mayoría, colombianos naturalizados  e hijos de colombianos nacidos en Venezuela, por consiguiente, según la Carta Magna, artículo 33, venezolanos, con todos los deberes y derechos, salvo algunas limitaciones,  de los venezolanos por nacimiento. Estos venezolanos por naturalización, mayores de 18 años,  sí, han cumplido con el requisito del registro electoral, están facultados para votar en las próximas elecciones programadas para el 6 de diciembre. El gobierno nacional, ayer, ceduló, sin mayor requerimiento,  a miles de colombianos y los trajo a votar, por supuesto, por los candidatos oficiales. Para muestra un botón. En un Centro Electoral de un municipio rural  merideño,  sufragó un total de 150 colombianos traídos directamente del Norte de Santander.

Ha llegado la hora de Colombia. Este país hermano debe colaborar con  Venezuela para salir de la pesadilla que tenemos desde hace dieciséis años.  La población colombiana, honesta y trabajadora, con arraigo y tradición en nuestro suelo, debe pasar factura al gobierno por la agresión cometida contra sus nacionales. La población de origen colombiano radicada en el país,  tiene la fuerza suficiente para inclinar la balanza electoral. Así, lo esperamos. Son cinco millones y medio. Un 50%, al menos, de ese total, tiene la facultad y  el deber de votar en las próximas elecciones, para bien de ambos países, por una alternativa distinta a la oficialista. Ese hecho electoral, y, no otro, será el primer paso para el restablecimiento de la paz en la frontera.