MAYOR SALARIO MÍNIMO
Absalón Méndez Cegarra
El artículo 91 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece el derecho que tiene todo trabajador a
recibir un “salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para
sí y su familia las necesidades básicas, sociales e intelectuales (…)El estado
garantizará(…) un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como
una de las referencias el costo de la canasta básica(…)”. Por su parte, la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en sus artículos 129
y 130, desarrolla este derecho del trabajador e indica el
procedimiento a seguir, anualmente, pada decretar el monto del salario mínimo.
El año pasado, 2012, a propósito del aumento salarial que suele decretarse en
los primero días del mes de mayo, se incrementó el salario mínimo en un 25%,
fraccionado en dos partes. El Ejecutivo Nacional para adoptar tal decisión
prescinde por completo del procedimiento establecido legalmente y de la base de
referencia que estipula la Constitución; por consiguiente, es un acto
absolutamente inconsulto del Ejecutivo que desestima, entre otras variables, el
fenómeno inflacionario y, por tanto, la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda nacional, así, como también, la paridad cambiaria respecto al dólar de
los Estados Unidos de América. Sin embargo, el gobierno alardeó y alardea que
Venezuela tiene el mayor salario mínimo de América Latina, lo cual podía ser
cierto ayer, sólo si estima su valor nominal, no su valor real, es decir, su
poder de compra o poder adquisitivo.
El año 2013, comienza a deparar grandes acontecimientos en Venezuela. La
situación de ilegitimidad e inestabilidad política es harto conocida, al igual
que el uso de la mentira y de la falsedad como modelo de gestión gubernamental,
con lo que se retoma del pasado punto fijista la práctica de decir una cosa y
hacer todo lo contrario, por lo que el discurso oficial, para entenderlo y
seguirlo, es menester leerlo al revés.
En febrero del presente año la Asamblea Nacional, la supuesta representación
popular, incrementó el valor de la Unidad Tributaria (UT) en 19%, pasando de Bs
90,00 a Bs 107,00. La UT, en Venezuela, es una unidad de medida, un
valor determinado, con el que se fija el costo arancelario de una serie de
servicios (notariales, registrales, tránsito, tasas aeroportuarias, impuesto
sobre la renta, impuestos municipales, matrículas estudiantiles, multas, entre
otros conceptos). Para fijar el monto de la UT, la Asamblea Nacional toma como
referencia el porcentaje de inflación del año anterior, algunas veces, se
ajusta por debajo de este porcentaje, como en este caso, y, en otras ocasiones,
el ajuste es acotado a la inflación. En el presente año, la Asamblea Nacional,
al ajustar el valor de la UT, reconoce expresamente que en Venezuela existe
inflación, que la misma causa impacto en el poder adquisitivo del signo
monetario nacional. La mente lúcida de algunos funcionarios dirá que tal
situación no causa efecto alguno porque son pocas las personas que
se verán afectadas por el ajuste.
La población venezolana, el viernes 8 de febrero, recibió otro duro golpe para
el presupuesto familiar. La unidad monetaria fue devaluada. La paridad
cambiaria pasó de Bs 4,30 por dólar norteamericano a 6,30,lo que producirá una
mayor inflación, un mayor deterioro de los ingresos familiares que tienen su
origen en salarios y una mayor pérdida del poder adquisitivo del bolívar.
En una economía como la venezolana, más allá del pobre discurso de los
personeros gubernamentales, toda la población, unos más, otros menos, resulta
impactada por la medida. El salario mínimo, el que el gobierno califica como el
más alto de América Latina, de la noche a la mañana, ha pasado de
476$ a 324$, al cambio oficial, porque si se utiliza el valor de la moneda
norteamericana en el mercado subterráneo, el salario mínimo es
ínfimo. Este salario mínimo que, ha dejado de ser tal, para
convertirse en salario promedio, el que obtiene más del 50% de la fuerza de
trabajo ocupada en el sector formal de la economía y el que recibe, como
pensión por vejez, 2.446.676 pensionado del IVSS, ha perdido por completo su
capacidad de compra. Para evidenciar el deterioro de nuestra moneda y de la
economía que la respalda, basta acercarse al hermano país, a Colombia. La
paridad cambiaria bolívar peso produce vértigo. Para obtener un peso
colombiano, hoy, 14-02-2013, se requiere desembolsar 12,34 bolívares; 0.081 es
el valor del bolívar respecto al peso. ¡Es posible, mayor indignación!
Ante esta calamitosa situación tenemos, todavía, voces oficiales que pontifican
señalando que las medidas no tendrán ningún efecto inflacionario, que no ha
pasado nada, se trata, simplemente, de un pequeño ajuste.
El mes de mayo se aproxima, fecha acostumbrada para revisar legalmente el
salario mínimo y, ahora, toda la cadena salarial, por cuanto no es posible que
toda la fuerza de trabajo ocupada, independientemente de su calificación
laboral, tenga como contraprestación por el servicio laboral que presta, un
mísero salario. ¿Qué excusa utilizará el gobierno que tenemos para ajustar el
salario de los venezolanos y recuperar su poder adquisitivo, digamos, al
31-12-2012. Con sólo dos medidas, ajuste de la UT (19%) y devaluación de la
moneda (46,5%), el salario mínimo se ha pulverizado, ha perdido un 65%
de su valor real, por lo que una revisión de dicho salario y de toda la escala
salarial debe partir de un 65.5%, en el entendido que queda sin consideración
el costo de la cesta básica, el cual multiplica por 3, el salario mínimo
vigente y la erosión que siga produciendo la inflación.
El gobierno nacional se burla inmisericordemente de la población venezolana,
especialmente, de los sectores que constituyen su base de apoyo, por cuanto
este sector es el más perjudicado con la actuación gubernamental. Los mendrugos
de pan que se ofrecen para alimentar una clientela electoral no serán
suficientes para detener el conflicto social. Un sabio refrán popular advierte,
que, “tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe”. Basta de engaños
y mentiras.
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