LEY DE SATURACIÓN CRIMINAL

DECLARATORIA DE GUERRA AL PUEBLO VENEZOLANO

Absalón Méndez Cegarra

En Venezuela están sucediendo acontecimientos en extremo delicados que inciden en la estabilidad y tranquilidad nacional y en la de sus instituciones republicanas. Desde hace cierto tiempo se habla de Venezuela como un país sin Estado de Derecho y de la falta de independencia de las distintas ramas del Poder Público Nacional. La ausencia de Estado de Derecho no es más que la violación del Pacto Social establecido por los venezolanos en su Carta Política, ruptura del principio de la legalidad que rige las actuaciones del Estado y ampara a los ciudadanos ante los posibles abusos de poder, usurpación de funciones y violación de derechos humanos fundamentales. La separación orgánica de poderes es, desde su origen, una forma de equilibrar el poder absoluto, de auto control institucional y de garantizar la convivencia ciudadana, la paz y la justicia social.

El artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece, que:” El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables” Y, seguidamente, el artículo 7, señala:” La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”

Por su parte, el Código Penal de Venezuela dedica el Libro Segundo, al desarrollo de las diversas especies de delitos, el Título I, a los delitos contra la Independencia y la Seguridad de la Nación, el Capítulo I, a los delitos de Traición a la Patria y otros delitos contra ésta y, el Capítulo II, a los delitos contra los Poderes Nacionales y de los Estados., Interesa destacar de los delitos de Traición a la Patria, el contemplado en el artículo 132, a saber: “Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años (…)”Y, de los delitos contra los Poderes Nacionales y de los Estados, el establecido en el artículo 143: “Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años (…) 3. Los que promuevan la guerra civil entre la República y los Estados o entre éstos”

El Estado venezolano, concretamente el gobierno nacional, mantiene privados de libertad, sometidos a juicio e inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos, un sinnúmero de ciudadanos venezolanos acusados de haber cometido los delitos de Traición a la Patria, concertación para delinquir, incitación al odio y muchos delitos más, lo que hace pensar que el gobierno es muy celoso en la defensa de las Instituciones Republicana; sin embargo, en fecha reciente, un alto personero del gobierno, parlamentario de primera línea y vicepresidente de la organización política en funciones de gobierno, por consiguiente, vocero gubernamental, se pronunció, públicamente, utilizando los medios de comunicación del Estado venezolano, que la oposición venezolana, es decir, los venezolanos no afectos al gobierno y partido de gobierno, no volverían al poder “ni por las malas, ni por las buenas”.

Este pronunciamiento, carente de sentido e inoportuno, debemos interpretarlo como una declaración de guerra al pueblo venezolano, más aún, en momentos que el gobierno se pronuncia a favor del diálogo, de las negociaciones, de la suspensión de sanciones, de la cooperación internacional y de la convocatoria a un proceso electoral para el año 2024, año en el cual culmina

el ejercicio del poder conferido por el pueblo venezolano a los actuales gobernantes, mediante votaciones libres, celebradas en el año 2018.

La negativa a entregar el poder, “por las buenas”, no es ninguna concesión graciosa del gobierno, es, simplemente, el cumplimiento del artículo 6 de la CRBV, el cual, como hemos visto, establece que el gobierno de Venezuela es alternativo, electivo, pluralista y de mandatos revocables. Y, la forma de lograrlo es mediante el ejercicio democrático, el voto popular y la participación ciudadana. Negar este camino, cerrar esta opción, es atentar contra la forma política Republicana que el pueblo de Venezuela se ha dado, es, incurrir en el delito de Traición a la Patria, lo que amerita la sanción penal correspondiente, máxime, cuando quien profiere semejante violación a la CRBV y las leyes, es, digamos, la segunda figura visible del gobierno nacional.

Y, la negativa a entregar el poder “por las malas”, cosa que no está planteada en Venezuela, ni estimulada por el pueblo venezolano, es una declaratoria de guerra, una incitación a la rebelión popular, al desconocimiento de la institucionalidad, a la guerra civil, fratricida, entre los venezolanos, en defensa de no se sabe qué cosa, por cuanto el afecto o desafecto con el gobierno actual, no altera para nada la forma política Republicana de la cual el pueblo venezolano es amante y firme defensor. La persona investida de autoridad o no, que incitare al odio y a la guerra civil es, igualmente, punible, por cuanto se trata de delitos contra la Independencia y Seguridad de la Nación.

En cualquier país medianamente serio y decente, proclamas declarativas de guerra a muerte, como la anunciada por uno de los más poderosos gobernantes de la nación, encendería las alarmas de los órganos del Poder Público, principalmente, de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, se abrirían las investigaciones correspondientes y se abriría la puerta de entrada para un juicio político. Igualmente, debería suscitar una reacción de la Comunidad Internacional y, fundamentalmente, de la opinión pública nacional; sin embargo, entre nosotros, no pasa nada, reina el silencio cómplice de unos y otros.

Venezuela debería mirarse en el espejo de la hermana República de Colombia, tanto para la bueno como para lo malo. El Jefe del Estado de Colombia, luce acorralado debido a su imprudencia y al afán de seguir las lecciones de la izquierda latinoamericana en el poder y de personajes como los dos últimos presidentes venezolanos; pero, en Colombia, impera, todavía, la institucionalidad republicana y la separación orgánica de los poderes públicos, razón, por la que las Cortes y el Tribunal Constitucional Colombiano y el Fiscal General de la República, han puesto coto al desenfreno presidencial, quien, al igual que los gobernantes venezolanos, ha llamado a la calle a sus huestes para que actúen en su defensa, sin importar cuánta sangre hermana puede derramarse.