LEY DE SATURACIÓN CRIMINAL

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA

Absalón Méndez Cegarra

Nos hemos venido acostumbrando a que lo que ocurre, por más grave que sea, nos resulta indiferente.  No causa preocupación alguna. Hemos perdido la fe en nosotros mismos como pueblo, en nuestro carácter nacional, elevado musicalmente, en la canción nacional de “bravo pueblo”,  e,  inclusive, en la comunidad internacional.

Cuando miramos los acontecimientos políticos, sociales y económicos que se dan en  otros pueblos, cercanos o lejanos al nuestro, nos preguntamos: ¿ Qué nos ha pasado?. ¿Por qué ante tanto atropello y vejamen no reaccionamos? Tal pareciera que se nos ha inoculado un extraño virus de quietud, pasividad,  tolerancia y resignación.

Ha desaparecido por completo la inconformidad que siguió a la guerra de independencia, la no tolerancia a los gobiernos dictatoriales, el espíritu levantisco de la juventud, del movimiento estudiantil,  obrero y gremial y del sector empresarial. Las universidades nacionales parecen conventos de monjas. Reina el silencio. Las organizaciones políticas con proyectos nacionales ya no existen. Tenemos solo franquicias con capacidad negociadora para  buscar acomodación y adaptación.

En fecha reciente ha sido publicado el tercer “Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos  sobre la República Bolivariana de Venezuela”.  El Informe de la “Misión” fue presentado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de conformidad con su resolución 45/20, de 6 de octubre de 2020.  El Informe es desgarrador. Da cuenta de la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela. De las tropelías del Estado y sus cuerpos de seguridad que llegan a constituir crímenes de lesa humanidad.

Este tercer Informe, a diferencia del primero y segundo,  no deja duda alguna sobre los delitos que cometen en el país los cuerpos de seguridad del Estado y abandona,  por completo,  la aceptación de la farisaica posición del Estado y el compromiso de portarse bien en adelante.

El Informe “se centra en dos temas prioritarios en las investigaciones de la Misión: a) los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al gobierno; y b) la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar. Con este Informe, la Misión pretende seguir llamando más la atención sobre la crisis continuada de derechos humanos en el país, impulsada por el hundimiento de las instituciones estatales, al tiempo que pone de manifiesto situaciones y grupos habitualmente desatendidos, incluidos los pueblos indígenas”.

El Informe es un retrato de cuerpo entero de la realidad nacional.  Es una denuncia descarnada de la actuación de unos organismos de seguridad del Estado que actúan con la mayor impunidad cometiendo todo tipo de delitos violatorios de derechos humanos, entre los que destacan los siguientes: “ actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género, por parte de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia del Estado”; “asesinatos consistentes con patrones previamente documentados de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones en el contexto de operaciones de seguridad en barrios urbanos de bajos ingresos en varias partes del país”;”las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el trabajo forzado y la explotación sexual, incluida la esclavitud sexual y la trata de personas en zonas fronterizas y remotas”; y, “la persecución, intimidación y las detenciones arbitrarias constantes contra quienes trabajan en los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos y las personas que ejercen la abogacía”.

Todo un catálogo delictivo que haría explotar la conflictividad política en cualquier lugar del mundo. Lo descrito en el Informe, está probado y documentado, a pesar de las limitaciones y obstáculos que ha tenido la Misión para llevar a cabo su investigación; pero,  cualquier venezolano, puede dar fe de la certeza de la información elevada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, especialmente, quienes han sido víctimas de los delitos señalados o sus familiares y allegados.

La gravedad de la situación que se vive en el país en materia de violación de derechos humanos es lo que ha permitido que Venezuela haya perdido su escaño en el Consejo de Derechos Humanos y que la ONU haya prorrogado por un período más la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre  la República Bolivariana de Venezuela.

Lo sorprendente es la frialdad con la que   gobierno y pueblo han  recibido el Informe. No ha movido ninguna fibra nacional, excepción hecha de algunas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Por lo demás, el Informe, ha pasado desapercibido, sin pena ni gloria. El virus de la pasividad- complicidad ha ganado la partida.