ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

                                           ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
                                                                                                              Absalón Méndez Cegarra

     En la edición del pasado 31 de marzo del Semanario La Razón fue publicado el artículo sobre la cobertura universal en salud; y, el artículo de hoy, está dedicado a la otra cara de la cobertura universal, a la realidad, es decir, al acceso de la población a los servicios de salud. La cobertura universal es una declaración solemne, una manifestación de un querer, de algo deseado, que puede ser; en cambio, el acceso a los servicios de salud es otra cosa, es el verdadero, práctico y operativo desarrollo de una política de salud en la realidad.

    El acceso a los servicios de salud y, concretamente, a los servicios médico-odontológicos, ambulatorios u hospitalarios, lo entendemos como la posibilidad cierta que tiene la población, en cualquier lugar en la que se encuentre ubicada, de lograr llegar a un centro de salud, en caso que lo requiera, sí, es que existe dicho centro, y de ser atendido con prontitud, oportunamente y con calidad.

En consecuencia, el acceso a los servicios de salud supone varios aspectos. Primero, que los servicios existan, que hayan sido creados, dotados de los insumos médicos necesarios y del personal profesional, técnico, administrativo y de servicio necesario, según los estándares internacionales. Segundo, que se encuentren ubicados en sitios accesibles a la población por cualquier medio de transporte. Y, tercero, que funcionen, según el tipo de servicio, en horarios adecuados, las 24 horas del día y los 365 días del año.

     La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 83 y 84 que toda persona tiene derecho a la salud, el cual es un derecho fundamental, como parte del derecho a la vida, lo que significa universalidad; y, el Estado es el garante de la efectividad de este derecho. Pero, este derecho, es negado continua y permanentemente por el Estado venezolano y, también, aunque el garante, siempre es el Estado, por los particulares o, el llamado, sub- sector privado de la salud que el incluye el sector asegurador privado (seguros de hospitalización, cirugía y maternidad), el cual actúa como complementario a la actuación pública, colectiva.

     El Estado venezolano, desde el año 1936 en adelante, logró construir una importante red de servicios dispensadores de atención médica que cubría buena parte del territorio nacional, mediante dispensarios y medicaturas rurales, unidades sanitarias, ambulatorios, hospitales de distintos niveles, hospitales periféricos o de emergencia, hospitales especializados, hospitales universitarios, servicios de higiene escolar ambulatorios y de higiene del adulto que comprendía programas de educación sanitaria. Esta situación sanitaria fue lo que permitió a la población venezolana alcanzar indicadores de salud comparables a los existentes en países desarrollados. Pero, todo ello, por acción u omisión gubernamental, fue debilitándose, languideciendo, hasta prácticamente reducirse a ruinas, lo que sirvió de antesala para que en 1999-2004, hiciera su entrada triunfal al país, la Misión Médica Cubana, con su estrategia de atención primaria y la construcción de los Módulos de Barrio Adentro, punto de partida para que los gobiernos de Chávez y Maduro, se inventaran la ficción de Sistema Público Nacional de Salud, con Barrio Adentro I (Módulos), Barrio Adentro II (Clínicas Populares, Centros de Atención Integral), Barrio Adentro III (Hospitales del Pueblo) y Barrio Adentro IV (Hospitales Especializados), que, en algunos momentos, mejoraron la precaria prestación de servicios médicos odontológicos en Venezuela y permitieron a la población tener acceso a dichos servicios por la estrategia de ubicación utilizada.

     La corrupción administrativa, el latrocinio, el paralelismo institucional, la ausencia de rectoría en materia de salud y la perversión institucional, dieron al traste con esta política de salud y, en la actualidad, el país entero, su población total, está en la más completa indefensión en materia de asistencia médica, pues, nada de lo existente sirve, ni siquiera el subsector privado de la salud y el sistema de aseguramiento privado, por cuanto no existe en el mercado asegurador privado una póliza que soporte la inflación en los servicios médico-odontológicos, además, de las exclusiones, que, a decir verdad, es una práctica discriminatoria, violatoria de la Constitución, que debe cesar prontamente en el mercado asegurador. Por otra parte, este subsector, negocio al fin, establece múltiples trabas, que ya ha dejado de ser alternativa y complemento de la salud en el país. Negando, así, un derecho fundamental.