PENSIONES ELECTORALES

 

                               PENSIONES ELECTORALES

                                                                                                           

    Absalón Méndez Cegarra

El gobierno nacional en su frenesí por alcanzar el triunfo, “como sea”,  en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, está lanzando a la calle, demagógica e irresponsablemente, cualquier cantidad de dinero, bien y mal habido, para comprar cuanto voto sea necesario, no importa cómo,   a qué precio y sus implicaciones para la economía nacional y el erario público. Lo importante es ganar. Lo demás no interesa. Al fin y al cabo esa economía y el país ya han sido destruidos.

El tema pensional, en cualquier país del mundo, menos en el nuestro, es tratado con seriedad, objetividad, tecnicismo y responsabilidad, pues, se trata de  asumir   compromisos a corto, mediano y largo plazo que requieren ingentes recursos, los cuales deben estar disponibles para el momento que la obligación se haga exigible.

En el diseño de un sistema o régimen pensional, bien sea por vejez,  jubilación, discapacidad (invalidez) o sobrevivencia, cualquiera sea el modelo de financiamiento, contributivo directo (cotizaciones) o no contributivo directo (impuestos)  debe imperar el conocimiento técnico: actuarial, económico-financiero, lo que explica la existencia de fondos especiales y la acumulación de reservas y su inversión en instrumentos seguros, confiables y rentables.

En Venezuela, con la sola excepción, de los seguros sociales, en el momento que se incorporó en su ley especial las prestaciones dinerarias de largo plazo, 1966 (pensiones), no se ha pensado con sensatez lo que significa establecer un régimen o regímenes de pensiones y jubilaciones. Decimos con la sola excepción de los seguros sociales, porque el régimen de pensiones segurista  (vejez, discapacidad y sobrevivencia) se estableció sobre la base de un modelo actuarial lo suficientemente blindado para que no existiese ningún desequilibrio actuarial y financiero; pero, como bien nos lo informó, en su momento, su creador, el doctor Víctor Masjuan Teruel, los venezolanos somos tan fieros que dimos al traste con el blindaje y desaparecimos el Fondo de Pensiones. Hoy,  este Fondo es una ficción. Todas las pensiones que paga el IVSS son de financiamiento fiscal y corren a cargo del erario público, aun cuando los afiliados cotizaron y siguen cotizando para contribuir al financiamiento del IVSS. Es decir, los trabajadores asegurados, financian, por diversas vías, las pensiones que reciben al cumplir los requisitos de ley.

El régimen de pensiones del IVSS es de carácter contributivo directo, es decir, las personas afiliadas al  seguro social, mediante cotizaciones de los afiliados (trabajadores dependientes) y aportes patronales, en teoría, pre pagan sus prestaciones. Este régimen está regulado por la Ley del Seguro Social y su Reglamento, instrumentos jurídicos en los que se establecen, entre otros requisitos, la edad para tener derecho a la pensión y el número de cotizaciones semanales, además, de la base salarial imponible, el porcentaje de cotización del trabajador  y aporte patronal y la fórmula de cálculo de la pensión y el ajuste periódico de la misma.

El gobierno nacional, acostumbrado como está a violentar el ordenamiento jurídico y a menospreciar  la ley, ha fusionado en el IVSS, irresponsablemente, y, sin que esa malformación llamada Superintendencia de la Seguridad Social, pronuncie palabra alguna,  un régimen de carácter contributivo directo con un régimen no contributivo directo, asistencial, regulado por una ley distinta a la del seguro social, la Ley de Servicios Sociales, con lo cual condenó a muerte el régimen contributivo del IVSS.

En la actualidad, las pensiones que otorga el seguro social a las personas, afiliadas y no afiliadas, son de igual monto, en abierta violación a la Ley del Seguro Social y su Reglamento. Tal situación ocurre porque el gobierno nacional, Chávez y su hijo político, en un acto, no de justicia social, sino de descarada demagogia y populismo barato, estableció que las asignaciones económicas que concedía el INAGER, hoy, INASS, pasasen al seguro social y se constituyesen en prestaciones dinerarias bajo el concepto de pensiones, por lo que resulta igual cotizar o no cotizar al seguro social (invitación a cometer fraude a la ley)  y de igual manera es indiferente la base imponible que oscila entre uno y cinco salarios mínimos., con lo cual un acto de justicia social con los adultos mayores no afiliados al IVSS, se convirtió en un acto de injusticia social con los trabajadores afiliados y cotizantes al IVSS, sin que nadie haya reparado en ello,  en la dinámica socio-demográfica del país y, mucho menos, en las posibilidades financieras, provisión de recursos, para hacerle frente en el tiempo (mediano y largo plazo) a la sostenibilidad y durabilidad de ese pasivo social.

 Lo anterior tiene una explicación eminentemente electoral. En cada oportunidad electoral, el gobierno se inventa una para engañar incautos. Hugo Chávez, próximo a la muerte, se inventó la Gran Misión en Amor Mayor, con total desapego de la Ley de Servicios Sociales; luego, Nicolás Maduro, se invento la Ley de Micro-Misiones y Grandes-Misiones, para institucionalizar programas sociales que en todas partes del mundo son programas  coyunturales y transitorios. Y, el PSUV, en este momento, cual dueño y señor,  se inventó  el reparto directo  de pensiones electorales. Las  leyes en referencia  carecen de lo que todo proyecto de ley debe contener, es decir, las implicaciones económicas para el Estado. En consecuencia, para responder por estas obligaciones no existe provisión de recursos ni a corto, mediano y largo plazo; y, como quiera que el Fondo de Pensiones fuera disipado, hemos quedado, en pensiones, a merced del maná petrolero. Nada de  estudios actuariales y el equilibrio actuarial. Aquí, reina la improvisación. Lo que importa es repartir pensiones a granel. Cambiar pensiones por votos. Hacer  demagogia y populismo tanto con las pensiones contributivas como con las asistenciales; pero,  la verdad, hay que decirla. Toda persona que cumpla los requisitos que la Ley del Seguro Social establece para ser beneficiario de una pensión, tiene derecho a que se le otorgue. Esto no es dádiva gubernamental, limosna, es, simplemente, el ejercicio de un derecho, la percepción de una prestación pre-pagada. Jugar con pensiones es jugar con  dinamita y, ésta,  explota si se manipula mal.